La medida más relevante aprobada hasta la fecha por Joe Biden para luchar contra la pandemia en el entorno laboral enfrenta a la Casa Blanca con la Justicia. Un tribunal de apelaciones de EEUU confirmó este viernes su decisión de bloquear una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Joe Biden, que dictamina que las empresas de cien o más trabajadores garanticen que sus empleados están vacunados contra la covid-19. De acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso Efe, la Administración de Biden "no podrá tomar ninguna medida para implementar o hacer cumplir el mandato hasta que haya una nueva orden judicial".
En esa decisión, el juez Kurt Engelhardt consideró que la orden emitida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, en sus siglas en inglés) es "demasiado amplia", es decir, que no diferencia entre negocios ni lugares de trabajo. "El interés público también se beneficia manteniendo nuestra estructura constitucional y manteniendo la libertad de los individuos para tomar decisiones personales de acuerdo con sus propias convicciones, incluso cuando esas decisiones frustran a los funcionarios del gobierno", escribió Engelhardt.
De esta manera, la corte de apelaciones confirmó este viernes la decisión que tomó el pasado sábado, cuando detuvo temporalmente la orden de vacunación obligatoria de Biden para empleados de compañías de cien o más trabajadores. Esa directriz también establecía que, en caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberían someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
Esa fue entonces la medida más significativa aplicada hasta el momento en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca. Cerca de un 70 % de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con la pauta completa, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el Gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el suero.
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