El asturiano Raimundo Santamarta llegó a Venezuela en los años '70, allí inició un fructuoso negocio farmacéutico que a día de hoy ha quedado "confiscado" por el Gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, el empresario español reclama una indemnización multimillonaria al Estado venezolano y se ha embarcado en una batalla legal, bajo el marco de un "arbitraje internacional", que podría dilatarse durante años, tal y como han indicado fuentes del despacho de abogados Cremades, que defiende los intereses del demandante.
La planta de producción de SM Pharma en Maracaibo llamó la atención de diversos entes y autoridades gubernamentales venezolanos que "han venido desplegando medidas para obstaculizar las actividades de la familia Santamarta, todas ellas discriminatorias y arbitrarias", según el relato del empresario. Así, la confiscación no llegó de la noche a la mañana, sino que el Gobierno de Maduro ha ido actuando en pos de este proceso progresivamente durante el último lustro. "Desde 2015, ", según la defensa, las acciones del Ejecutivo han ido conduciendo "a la toma del control operativo de SM Pharma y, finalmente, la confiscación ilegítima de los bienes de las sociedades del grupo, despojándolo por completo de su inversión".
En nuestra visita al estado Zulia, supervisamos la Planta de Medicamentos SM PHARMA C.A., que posee la capacidad para producir y satisfacer el 50 % de la demanda nacional, de gran parte de los medicamentos necesarios para nuestro pueblo. ¡Una empresa recuperada en Revolución! pic.twitter.com/b9HK1W9zTk
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 7, 2019
El empresario pide el amparo del Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y la República de Venezuela (en vigor desde 1997). En esta línea, Santamarta envió el pasado 17 de abril de 2019 una carta de "notificación de disputa" a las autoridades venezolanas para manifestar su "consentimiento" para iniciar un "arbitraje internacional" y trató de llegar a "un arreglo amistoso", pero "no fue posible", según el comunicado citado.
Ahora, Santamarta ha interpuesto una "reclamación de arbitraje" en su condición de inversionista español, que se ha iniciado bajo los auspicios del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y será decidido por un "tribunal arbitral". La solicitud de arbitraje se envió el 17 de enero pasado y fue recibida por la República de Venezuela este martes, aseguraron a EFE las fuentes de Cremades y Asociados, que representa a Santamarta junto al despacho venezolano WDA Legal.
Un arbitraje, a la espera de mediadores
El procedimiento, tras la notificación presentada a Venezuela, seguirá con la elección de los árbitros por las partes. Venezuela tiene 30 días para esto y, después, los árbitros nombrados por cada una de las partes tienen un mes para nombrar un presidente. La agencia 'Efe' preguntó también sobre este asunto a la Embajada de Venezuela en España, pero no obtuvo respuesta.
El proceso de intervención de la empresa farmacéutica comenzó en el segundo semestre de 2018. El 9 de febrero de 2019, el Gobierno español deploró la confiscación "sin justificación y sin respetar las leyes venezolanas". Unos días antes, el gobernador del estado de Zulia, el oficialista Omar Prieto, indicó que los propietarios de SM Pharma recibieron 140 millones de dólares por medio del mecanismo estatal de asignación de divisas, que controla el flujo de las monedas extranjeras en el país caribeño.
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