Álava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya… ¿Y ahora Cataluña?

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, está protagonizando la campaña electoral con su discurso conciliador y sus propuestas innovadoras. Una de ellas es la de un Consorcio Tributario para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos ¿Sería

una buena idea para Cataluña y para el conjunto de España?

La propuesta del candidato se apoya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente, donde se previó la posibilidad de crear el citado Consorcio entre la Agencia Tributaria del Estado y la de Cataluña para la aplicación de los tributos compartidos (art. 204). Dicha disposición nunca llegó a desarrollarse, lo que invita a pensar que puede presentar serios inconvenientes. Veamos.

La vía del Consorcio se ha criticado porque se interpreta como un primer paso hacia un Concierto catalán al estilo del País Vasco. De hecho, el lehendakari ha sugerido hace unos días, para defenderse de las críticas recibidas por la favorable tramitación de la Ley de Cupo, que el Concierto Económico debería servir de base para reformar el sistema de financiación de régimen común. Se trata de un modelo que, teóricamente, podría extenderse a todas las comunidades autónomas. Su principal virtud es que otorga la máxima responsabilidad fiscal: no permite que se eleve el gasto si no se recaudan los impuestos necesarios. Se logra así enfrentar a los gobiernos regionales al dilema democrático de elegir una combinación de gastos públicos e impuestos que sea preferida por los votantes.

Para que la extensión del Concierto fuera viable sería necesario calcular el importe a pagar (o a recibir) de forma correcta y con la misma metodología para todas las comunidades autónomas, incluidas País Vasco y Navarra. Dicho cálculo contemplaría la solidaridad y pondría de manifiesto, una vez más, que el actual cálculo del Cupo vasco y de la Aportación Navarra no son justos, ni solidarios.

La anterior no es la única dificultad. Se plantearía un problema aún más grave: añadir una más a las cinco administraciones tributarias que actualmente existen en España: las de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y la estatal. La pregunta que podría hacernos Miquel Iceta sería: ¿Si ya hay cinco, cuál es el problema de tener una sexta administración independiente, la catalana? La respuesta es que se agravarían los actuales costes de administración y cumplimiento para las empresas, así como las dificultades para compartir la información en la lucha contra el fraude fiscal. Esto ya sucede en Alemania en un grado preocupante. No debemos replicarlo.

Pero, además de los anteriores, en España tenemos un problema añadido que no tienen los alemanes: la falta de lealtad institucional. La experiencia muestra que cuando las administraciones forales de nuestro país discrepan en la interpretación de la Ley, dejan de pagar cuanto les parece oportuno. Esto no ha sucedido jamás en Alemania, por más diferencias que los lander tengan sobre su sistema de financiación. Y en el caso de Cataluña, tras los acontecimientos de los dos últimos años, tendrá que pasar un tiempo largo hasta que se restablezca la confianza suficiente para imaginar algo similar a un Concierto Económico con su agencia tributaria independiente.

La dirección correcta es la contraria: construir una administración tributaria integrada, tal como recomendaba el informe de los expertos para la reforma autonómica el pasado verano. Textualmente se proponía: “La articulación institucional de un marco de gobernanza de la gestión tributaria en el que participen el Estado y las CCAA. El propósito es hacer corresponsables de la aplicación del sistema fiscal a ambos niveles de gobierno, con el objetivo común de alcanzar el mejor cumplimiento tributario, uniformemente a lo largo de todo el territorio nacional. Para su instrumentación es deseable que todos los gobiernos implicados participen de forma regular en los órganos de decisión donde se conforma y dirige la política de gestión del sistema tributario” (p. 62).

Todo ello requeriría incorporar a las administraciones tributarias vascas y a la navarra, lo que podría hacerse en forma de Consorcio compuesto por el Estado y las 17 CCAA. En definitiva, se trataría de avanzar en la línea de transformar la actual Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y todas las autonómicas existentes en un solo órgano independiente cuya gestión sea compartida entre todos.

La propuesta que acabo de esbozar –no exenta de complejidades- constituye una ilustración más de que cualquier negociación con la Generalitat de Cataluña, si pretende mejorar su encaje dentro del orden constitucional vigente, requiere reformar y modernizar el conjunto de las administraciones públicas españolas, incluidas las forales.