Cifuentes y la CAM: continúa la irresponsabilidad fiscal

Esta semana ha saltado la sorpresa: Cifuentes bajará los impuestos en 2019. Me dirán: no es una sorpresa, estaba en el programa electoral y el PP siempre lo hace antes de las elecciones. Cierto, pero lo chocante es que lo anuncie tan pronto. Lo normal sería hacerlo en otoño, cuando se tramita la ley de medidas fiscales y tiene mayor impacto por la cercanía de las elecciones autonómicas en la primavera siguiente ¿Por qué tanta premura? No lo sabemos, pero les sugiero una hipótesis: para adelantarse a su socio parlamentario, Ciudadanos, que pretende ser el campeón de las bajadas de impuestos. Como el gobierno de la Comunidad de Madrid solo puede aprobar presupuestos con el apoyo del partido naranja, me temo que, de aquí al otoño, asistiremos a una escalada de rebajas sobre rebajas, a ver cuál de los dos partidos es, fiscalmente, menos responsable.

Cualquiera que sea la motivación, el anuncio merece un somero análisis porque es muy revelador de las intenciones políticas. La Presidenta dice que los contribuyentes de Madrid van a ahorrar 125 millones de euros. La comunidad autónoma dejará de ingresarlos y, en consecuencia, deberá reducir el gasto en la misma cuantía. Sin embargo, Cifuentes no ha hablado de reducir el gasto, como sería propio de una liberal, sino todo lo contrario, nuevas inversiones, de modo que iremos a mayor deuda. En su presupuesto para este año, el gobierno autonómico prevé un déficit de 427 millones de euros. Estamos hablando pues de un 30% adicional, nada menos. Debemos concluir que la estabilidad presupuestaria y el futuro de los servicios públicos preocupan poco al PP de Madrid.

Se anuncian dos tipos de medidas. Por un lado, las que consisten beneficios fiscales muy acotados, limitados a rentas bajas, que pretenden tener muchos beneficiarios en cantidades reducidas cada uno. Ejemplo de esta capilaridad fiscal es la rebaja anunciada en el IRPF: más de 3 millones de personas se ahorrarán unos 18 euros cada una. Aunque sea muy poco, llueve sobre mojado porque esto sucede en la comunidad autónoma en la que todos pagamos menos IRPF.

La otra línea política es, cómo no, favorecer discretamente a las rentas altas. Esto se consigue bonificando el impuesto de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos, una novedad que ahonda en el combate ideológico contra la tributación de las herencias. Según los datos ofrecidos el martes, se perderán 32,5 millones de euros en favor de unos 10.900 contribuyentes. Esto es, en media, 2.980 euros por beneficiario. Un cuantioso regalo fiscal que no llegará a esa cantidad para la mayoría, y para muy pocos será de decenas de miles de euros o incluso más. Es lo que esconden las medias aritméticas.

Otro ejemplo en favor de las rentas altas es la deducción por gastos de escolaridad, con una nueva modalidad para niños y niñas de 0 a 3 años. Se puede llegar a ahorrar hasta 1.000 euros anuales por descendiente si se gastan 6.600 euros en dicha escolarización, dado que la deducción es del 15% de lo gastado. Se intuye que esta clase de ventaja no se dirige a contribuyentes de pocos recursos: pueden acogerse familias que ganen hasta 90.000 euros al año si son tres, 120.000 euros si son cuatro, 150.000 euros si son cinco.

Una medida que merece un juicio positivo es la exención para el comercio entre particulares a través plataformas digitales como Wallapop, eBay u otras. Hace unos meses, el ministro Montoro recordó que esa clase de transacciones debía tributar al 4% por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, aunque muy pocas personas cumplen con esa obligación. Asunto arreglado en la Comunidad de Madrid: por valores inferiores a 500 euros, las compraventas estarán exentas y la recaudación que se pierde es nula o casi.

Una derivada de este anuncio tan temprano –disculpen que sea mal pensado- quizá sea adelantarse a la reforma del sistema de financiación autonómica. Cifuentes sabe que si hay reforma, habrá más recursos para todas las comunidades, incluida Madrid. Si antes del verano el gobierno central aportase más dinero al sistema, quedaría poco elegante anunciar después que se bajan los impuestos. Ante esa duda, ya está hecho.

Además, usando la potestad tributaria de forma irresponsable se está lanzando un misil contra la línea de flotación de la autonomía política. Aquellos que sueñan con una recentralización del poder, que no son pocos, encuentran en esta clase de comportamientos argumentos fáciles. Quizá la Presidenta Cifuentes no es una irresponsable fiscal como parece, sino que ha emprendido una larga carrera electoral que en vez de llevar a la Puerta del Sol de Madrid, va encaminada al palacio de La Moncloa.