Martes, 25.06.2019 - 04:19 h
El Bejorro
Profesor de la Universidad de Alcalá

Crisis política en Cataluña: desinflamar y dialogar

Sabemos lo que pasó en Cataluña porque lo hemos vivido. Pero todavía nos preguntamos qué intenciones tenían los protagonistas, qué pensaban, qué cartas escondían. En el libro de Sandrine Morel 'El huracán catalán' (Ed. Planeta) se relata la crisis política desencadenada en el otoño de 2012 por los dirigentes de la Generalitat, que culminó con la ruptura de la legalidad el 6 y 7 de septiembre de 2017. Como es sabido, la ley y la democracia volvieron a prevalecer a partir del 27 de octubre con la destitución del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución. El intento de crear una república catalana había fracasado, dejando una sociedad hondamente fracturada y desorientada.

De la lectura del texto de la corresponsal de Le Monde en España destacaría dos conclusiones. La primera es que los líderes independentistas, a pesar de su derrota en las elecciones “plebiscitarias” el 27 de septiembre de 2015, decidieron seguir adelante plenamente conscientes de los riesgos legales. Para ellos, la prisión (o la huida) no ha sido una sorpresa, lo reconocen a la periodista en varias ocasiones a lo largo del “procés”. La segunda, como intuíamos, es que el gobierno Rajoy nunca tuvo un plan político ni de comunicación para enfrentar el desafío de Artur Mas y Puigdemont.

En este mes de junio la situación ha cambiado sustancialmente. La Generalitat tiene un gobierno legal, con lo que ha concluido la aplicación del artículo 155 y se ha recuperado cierta normalidad. Además, Sánchez ha sustituido a Rajoy tras la moción de censura. De las primeras declaraciones de sus ministras y ministros, se deduce que hay un plan: desinflamar y dialogar. Lógicamente, surgen voces que se oponen a cualquier diálogo mientras los independentistas no reconozcan la derrota, pero su fracaso ha sido tan claro que resulta innecesario.

Ahora sabemos que la pretendida república catalana no existirá porque las instituciones constitucionales han demostrado su vigor y su eficacia y nadie en el mundo la reconocería. Por otra parte, la propia moción de censura ha sido la primera señal de que la larga y difícil batalla entre aquellos que, como Puigdemont, Torra y la CUP buscan el “cuanto peor mejor” y los que, dentro de la actual mayoría en el parlamento de Cataluña, pretenden distender y negociar, puede ser ganada por estos últimos.

La propia sustitución de un gobierno del PP por otro del PSOE arruina en gran medida el discurso que busca ampliar base social del independentismo. España no es Turquía, es un país en el que se aplican leyes democráticas, incluidas las que afectan a los dirigentes políticos que jugaron al póker de farol y perdieron, como ha reconocido Clara Ponsatí. Por eso se puede y se debe iniciar el diálogo desde la fortaleza de quien ha ganado la partida. Reconocer que hay un problema político subyacente no significa aceptar las exigencias de los derrotados, bien al contrario. Sin embargo, no creo que nadie sepa hoy cuál es la solución. Para encontrarla, el diálogo es un medio, no será el fin en sí mismo, aunque su propia existencia alivia muchos dolores. A mi juicio hay tres ámbitos para la búsqueda de un entendimiento.

En primer lugar, aquellos temas que solo pueden resolver los catalanes negociando entre sí. La fractura social causada por el 'procés' se ha producido en la sociedad catalana, y en su seno han de curarse las heridas. Por ejemplo, la lengua y su enseñanza requieren un nuevo acuerdo político y social que la Generalitat y la principal fuerza de la oposición encabezada por Inés Arrimadas deberían abordar. Intuyo que el PSC de Miquel Iceta jugará un papel determinante en todos los asuntos que los catalanes han de encauzar entre ellos.

Sin embargo, el presidente Torra no parece dispuesto a negociar con la oposición. En cambio reclama un diálogo bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de Sánchez. Es cierto que hay un espacio para abordar cuestiones como las inversiones en el corredor mediterráneo, las cercanías, los peajes u otras, dado que son propias de las competencias de ambos ejecutivos. Pero todo esto será solo una parte de la solución.

La crisis institucional que ha creado la Generalitat de Cataluña nace también de las disfunciones de la organización territorial del Estado. Estas pueden corregirse con reforma de la Constitución o incluso sin ella, al menos en alguna medida. Pero esta faceta de la cuestión catalana requiere un diálogo político multilateral, en el que participen todas las CCAA y todos los partidos. En ese sentido, hay que aplaudir la invitación que el PSOE ha hecho a sumarse (o retornar) a la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico en el Congreso.

El problema de Cataluña no es por tanto una cuestión bilateral entre el soberanismo y el gobierno de la nación. Afecta a toda la ciudadanía y en primer término a quienes viven en Cataluña. El gobierno Sánchez y su ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tienen ante sí una difícil tarea que requiere habilidad política, prudencia en los calendarios y mucha finura en las formas. En lo que queda de legislatura puede abrirse la senda de una solución para otros 40 años de convivencia. Lo necesitamos.

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