Adiós 'procés': llega la calma para pensiones o financiación

En casa hemos recuperado cierto sosiego tras el final trepidante del procés. La serenidad regresa poco a poco a nuestras conversaciones y podemos incluso hablar de planes para las vacaciones invernales, después del discurso del Rey en nochebuena, que ojalá sea más tranquilo que el último. Imagino que algo similar sucede en muchos hogares de toda España y sobre todo en Cataluña. Hemos vivido una tensión social que, de haber proseguido, no podía traer nada bueno. El alivio nace a mi juicio de la pronta convocatoria electoral, que ha obligado a todos los actores a buscar rápidamente una nueva ubicación política, excepto el expresidente Puigdemont, que al parecer sigue sin entender lo que ocurre en la sociedad catalana.

¿Habrá regresado el sosiego también a La Moncloa? Esperemos que sí, aunque el Gobierno de la Nación va a encontrar serias dificultades para seguir gobernando, la aplicación del artículo 155 ha demostrado, entre otras cosas, una propiedad muy positiva para España: cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo, generan una muy sólida credibilidad política, tanto en el conjunto de España, como en el ámbito internacional. Sin embargo, no parece que la colaboración entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez vaya a extenderse a los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Es una lástima, porque eso forzará al gobierno a buscar apoyo en el PNV, lo que va a resultar muy difícil tras lo sucedido con Cataluña. Y será muy costoso en términos presupuestarios para el resto de los españoles.

Más allá de los presupuestos del Estado, el Presidente Rajoy, en su discurso de investidura hace ahora un año, estableció como prioridades la reforma de las pensiones, un pacto educativo y un nuevo sistema de financiación autonómica. Este último asunto se puso en marcha con la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero y con un informe de la comisión de expertos designada al efecto, que fue entregado a finales de julio. Ahora corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera tratar de alcanzar un acuerdo, y al Parlamento de la Nación, tramitar la ley correspondiente. Nuevamente, se necesitará la colaboración del PSOE, no solo porque gobierna en ocho comunidades de régimen común, sino porque la modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) requiere la mayoría absoluta del Congreso. Pero el decisivo PNV no suele participar de estos acuerdos, porque no le afectan.

No sería una buena idea acordar un nuevo sistema de financiación para las quince comunidades (todas menos País vasco y Navarra) sin que antes Cataluña retorne a la normalidad y se siente a la mesa de negociación multilateral. Hacerlo sin Cataluña nos llevaría a un nuevo sistema que la dejaría fuera y solo sería aplicable a las catorce restantes. O, en caso de aplicarse a también a Cataluña, se haría por primera vez en contra de la voluntad de su gobierno, lo que para nada es recomendable.

Habrá que esperar por tanto a las elecciones del 21 de diciembre, tras las que se conformará un nuevo Govern. Según cuál sea su color político podría, como en el pasado, liderar la negociación multilateral, o bien pretender un acuerdo bilateral de financiación. Se trataría, caso de aceptarse esto último, de una concesión de muy hondo calado que exigiría un amplio consenso político. A mi entender, solo si PP y PSOE lo respaldasen, sería viable un pacto de esta naturaleza. Sin embargo, no será posible replicar el cupo vasco, mediante el cual se recaudan allí el cien por cien de todos los impuestos, dando lugar a un resultado financieramente insostenible si se extendiese a una comunidad del tamaño de Cataluña.

De modo que el Gobierno va a seguir necesitando el apoyo de la oposición para culminar la solución de la crisis catalana y para llevar adelante cualquier reforma de calado, sea de la financiación autonómica, de las pensiones o de la educación. Y no parece que eso sea factible, más allá de la situación extrema que ha llevado a la aplicación del artículo 155. Una vez restablecida la legalidad en Cataluña, el PSOE tiene muchas razones para no apoyar a Mariano Rajoy, se compartan o no. Por tanto, en ausencia de estabilidad para gobernar España, la única solución al problema va a ser, de nuevo, una pronta convocatoria de elecciones generales.