España necesita presupuestos o elecciones

Hace dos semanas, el ministro Montoro dijo que podría gobernar hasta 2020 con los presupuestos prorrogados, utilizando decretos-ley. Fue un exceso verbal, sabe que es imposible y por eso la semana pasada vino la rectificación:

anunció que los presupuestos generales del Estado se presentarán a finales de este mes en el Congreso. Es buena noticia, porque permitirá saber si el gobierno cuenta con respaldo parlamentario suficiente para seguir en el poder o el Presidente Rajoy se verá abocado a anticipar las elecciones.

La hipótesis de gobernar sobre la base de decretos-ley es legalmente factible, aunque no exenta de dificultades formales. La primera es el incumplimiento anual del artículo 134 de la Constitución, que obliga al gobierno a presentar el proyecto de ley de presupuestos antes del 1 de octubre. Otra es que, si durante una etapa tan larga se necesitara modificar algún impuesto, no sería viable mediante decreto-ley, tal como confirmó la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal. Aunque se ha hecho lo uno y lo otro sin consecuencias jurídicas.

El gobierno ha anunciado que si fuera necesario usaría dicho instrumento

normativo para subir los sueldos de los funcionarios, para actualizar las entregas a cuenta de la financiación autonómica, o para cumplir el compromiso de equiparar los sueldos de las policías. Todas estas medidas requerirían la convalidación del Congreso, lo que sería fácil, puesto que nadie se opondría a tal reparto de favores clientelares. ¿Habrá ingresos suficientes para tantas alegrías? El gobierno confía en que continúe el crecimiento económico, lo que elevará los ingresos de forma automática. A falta de conocer los datos definitivos de 2017, las previsiones apuntan a un déficit público del 3%, que será celebrado como un éxito al cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea. Sin embargo, dado que las administraciones territoriales se compensan entre sí, todo el déficit de España se deberá a la administración central, esto es, al Estado propiamente dicho y a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que ese resultado se habrá producido con un crecimiento económico del 3,1% del PIB, la necesidad de que el gobierno de España adopte medidas estructurales para sanear su sector público central resulta evidente. Por eso, como primera herramienta, necesitamos presupuestos generales del Estado.

Si no se aprobasen los presupuestos, la extrema debilidad del gobierno

quedaría patente. El Presidente Rajoy no podría sostenerse porque, si bien las prórrogas presupuestarias permiten que la administración y los servicios públicos sigan funcionando, la ausencia de capacidad política para gobernar agravaría los problemas. Por ejemplo, hace unos días el presidente de la Conferencia de Rectores declaró: “La universidad no puede aguantar un día más”. Más ejemplos: los pensionistas se manifiestan en toda España, pidiendo que se revaloricen las pensiones con la inflación; los funcionarios de prisiones piden, también ellos, la equiparación salarial; las CCAA de régimen común exigen la reforma de su sistema de financiación; los alcaldes se reúnen para exigir que se les deje gastar el superávit y un sinfín de cuestiones que se acumulan en la agenda, con una oposición al acecho de cada error u omisión del gobierno. El desgaste del PP continuaría y sería aún más grave del que ya

observamos en las encuestas.

La debilidad política es además un grave riesgo ante acontecimientos

imprevistos que requieran decisiones firmes. El golpe que urdieron los rebeldes que dirigían la Generalitat de Cataluña el pasado otoño solo se pudo parar merced al apoyo sin fisuras de PSOE y Ciudadanos, pero ese apoyo no se tendría con crisis de otra naturaleza que podrían acaecer. Los de mi edad recordarán cómo en mayo de 1981 se creó una situación muy grave con un problema sanitario de difícil gestión, el “síndrome tóxico” que resultó ser consecuencia del consumo de aceite fraudulentamente adulterado. El gobierno era muy débil y ese problema agravó su caída. Más recientemente, un gobierno fuerte perdió mucho crédito en 2003 con la mala gestión del “Prestige”, o con la crisis del Ébola en 2014.

Ojalá no suceda nada grave de aquí a 2020, pero ¿quién puede asegurarlo? Si se producen acontecimientos extraordinarios, se necesita un gobierno que les haga frente y traslade a la ciudadanía que tiene resortes para afrontarlos. Y gobernando sin apoyo parlamentario no se dispone ni de las herramientas legales, ni del crédito político necesario. Si el Parlamento rechazara los presupuestos para 2018, el Presidente debería convocar elecciones antes del verano y dar paso a un nuevo liderazgo. Si no lo hiciera, podría llevar a su partido al suicidio político y a España, quién sabe dónde.