Financiación autonómica, sueldos públicos, educación… ¡y sin gobierno!

No hay gobierno: estamos sin presupuestos generales, con el PP y Ciudadanos a la greña, el PNV a lo suyo y, desde ayer, con el ministro de Economía camino de Frankfurt. Sin embargo, el ministro Montoro afirmó hace una semana en el Congreso de los Diputados que es el momento de reformar el sistema de financiación autonómica de régimen común. No ha formulado una propuesta que sirva de base para la necesaria negociación con las CCAA, pero en cambio avanzó su disposición a estudiar una reestructuración de la deuda que las comunidades mantienen con el Tesoro, lo que acaparó los titulares de la

prensa.

Los medios se lanzaron a hablar de quita de deuda y la polémica está servida, en particular en torno a la posibilidad de que se otorgue a las CCAA más endeudadas y no a las restantes. A mi juicio, el debate sobre las quitas es un tanto estéril. Fíjense: en 2017 las comunidades de régimen común gastaron unos 4.000 millones de euros en intereses, de modo que en el improbable caso de que el Tesoro asumiera toda su deuda, dispondrían de ese importe para los gastos prioritarios, a saber, mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. La comisión de expertos designada para proponer un nuevo modelo de financiación llegó a estimar, entre varios escenarios, que la insuficiencia financiera de las autonomías era de unos 16.000 millones de euros en 2015. De modo que una quita total -de la que nadie ha hablado, insisto- sería una solución solo parcial al problema que tienen ante sí las comunidades autónomas: atender a la creciente demanda de los servicios propios del Estado de Bienestar.

Aunque la reestructuración no es la solución al problema, podría ayudar

siempre que se hiciera bien. Por hacerlo bien entiendo que vaya asociada a la clausura de los mecanismos como el Fondo de liquidez autonómica (FLA), que incentiva un comportamiento irresponsable. Hacerlo bien significa, además, que todas las comunidades puedan volver a los mercados financieros y quede claro que no se las rescatará. Para ello podrían regularse las consecuencias de entrar en concurso de acreedores, y que éstos soporten una parte del coste cuando haya mala gestión. Finalmente, una última condición necesaria para que la posible reestructuración de deuda sea un éxito es que tenga un componente de equidad. Las CCAA que han gestionado mejor la crisis no deben tener la sensación de que son castigadas por ese motivo al salir de ella.

El ministro de Hacienda y Función Pública dijo algunas cosas más que pueden compartirse, entre las que destacaría que el nuevo sistema debe acordarse también con Cataluña, lo que requiere esperar a que se forme gobierno en esa comunidad, aunque parece que va para largo. Uno diría que el gobierno de la Nación no tiene prisa por reformar la financiación autonómica, sobre todo porque tendrá que aportar una cantidad significativa de recursos adicionales.

Sin embargo, mientras debatimos unos u otros aspectos, el ministro Montoro se reúne con los sindicatos de funcionarios y les ofrece una subida salarial que podría llegar hasta el 7,75% en tres años si la economía sigue creciendo. Cada punto porcentual de incremento de las remuneraciones de empleados de las administraciones representa unos 1.220 millones de gasto público. De éste, solo el 20,6% corresponde al gobierno central, mientras que el 61,2% tocará pagarlo a las CCAA (y el resto a las entidades locales). Así, se negocian unos 9.500 millones de euros más para los próximos tres años entre el gobierno central y los sindicatos estatales de función pública sin que, quien va a pagar casi dos tercios de la factura, sea invitado a sentarse en la mesa.

Sin aparente relación, en el Congreso de los Diputados, se negocia un Pacto por la educación, en el que se habla de un fondo específico de 1.500 millones de euros. Nuevamente, quien realiza el 91% del gasto educativo, las Comunidades autónomas, no están en la mesa de negociación, pero el

gobierno sí encuentra recursos para gastarlos generosamente, sin tener competencia para ello. O sea, sin respetar el reparto de poder político que

nuestro ordenamiento constitucional prevé. Todo ello sucede con un gobierno más débil que nunca ¿No será que, en vez de gobernar, se están repartiendo promesas de más dinero, preparando al electorado para llamarlo pronto a las urnas?