Viernes, 15.12.2017 - 07:29 h
Profesor de la Universidad de Alcalá

Fuga de empresas: la verdad de las mentiras

E
stamos viviendo días de incertidumbre en torno a la crisis institucional provocada por los independentistas. Un hito importante de la última semana ha sido el traslado del domicilio de numerosas empresas desde Barcelona a otras ciudades españolas. La escenificación, con anuncios diarios escalonados, ha transmitido una suerte de pánico colectivo que ha contribuido a cambiar la percepción social sobre la posibilidad de la independencia de Cataluña.

Los responsables de la Generalitat se han apresurado a señalar que estos movimientos empresariales no afectan a la economía real, ni a los ingresos de la Generalitat. Tienen razón, los efectos económicos a corto plazo son inexistentes, y las consecuencias en términos de ingresos públicos, nulas. Véamoslo brevemente.

Trasladar la sede social de una empresa de un punto a otro de la geografía española no cambia la actividad económica real, ni mueve el empleo, de modo que el PIB de Cataluña no se ve mermado. Evidentemente, si al cabo de unos años se desplazara también la dirección efectiva de los bancos, o se deslocalizaran las plantas de producción y distribución de las empresas manufactureras, habría pérdidas de renta, empleo y riqueza, pero eso no ha sucedido todavía y tiene costes para las empresas, por lo que no es previsible, al menos por el momento.

En cuanto a las finanzas públicas, Cataluña cuenta con los impuestos que paga la ciudadanía. Por un lado, obtiene la mitad del IRPF según el domicilio fiscal de los contribuyentes, no el de sus empresas. La segunda fuente de ingresos proviene del IVA recaudado en toda España (excepto País Vasco, Navarra, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), que se distribuye entre las autonomías en función de índices de consumo. Nuevamente, es irrelevante el domicilio social o fiscal de las empresas. Lo mismo sucede con los impuestos especiales, que nutren a la Generalitat con el 58% de la recaudación distribuida, nuevamente, según índices de consumo.

Por lo que se refiere a los tributos cedidos al cien por cien a la comunidad autónoma, la Generalitat grava las sucesiones y donaciones, las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la tenencia de patrimonio, el juego y ha creado además algunos impuestos propios. Ninguno de estos tributos se recauda en función del domicilio social de las empresas. Por último, el Impuesto sobre Sociedades no está cedido a la Comunidad Autónoma de Cataluña y por ello, antes y después del cambio de domicilio, sigue financiando en su totalidad las arcas del Estado.

Por tanto, es verdad que la fuga de empresas a la que estamos asistiendo carece de efectos económicos y financieros relevantes. Y sin embargo está teniendo un impacto político muy notable. Al marcharse Caixabank, Banco Sabadell, Grupo Planeta y otras muchas se está poniendo en duda el discurso basado en la viabilidad económica de una Cataluña independiente. Los vídeos en los que Artur Mas aseguraba en campaña electoral que los bancos no se irían han circulado de forma viral. Los ciudadanos perciben de repente que la independencia no es jauja, implica costes económicos muy importantes. Como acabamos de ver, no se ha producido aún pérdida alguna, pero en política importa más lo que perciben los ciudadanos, que lo que sucede en realidad.

Lo saben bien los dirigentes rebeldes. El procés que han liderado ha sido una acumulación de engaños para construir la fantasía de una República poco menos que paradisíaca, en la que una ciudadanía emprendedora, solidaria y tolerante se libraría de su único lastre: el resto de España, que supuestamente les roba. Multitud de personas han creído de buena fe en estos cuentos. Y resulta ahora que muchas de estas mentiras han sido desenmascaradas en diez días por la creencia, también falsa, de que la fuga de empresas a la que asistimos arruina Cataluña.

“Podían haberlo dicho antes” clamó Josep Borrell en la gran manifestación del pasado domingo. Cierto, aunque el silencio de tantas personas es comprensible porque la presión social ha sido intensa durante los últimos años en Cataluña. Hemos estado cerca de lo que Gesto por la Paz definió como “violencia de persecución” en el País Vasco. Por su parte, Mario Vargas Llosa hubiera podido añadir, trastocando el título de uno de sus libros, que en política como en literatura siempre aflora la verdad de las mentiras.

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