La alarmante urgencia para tramitar la Ley de Cupo

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on su contundente oposición a Mariano Rajoy ganó Pedro Sánchez las primarias del PSOE en primavera. Y para mostrarse incluso más opuesto, Pablo Iglesias presentó una moción de censura un poco más tarde. Pues bien, para sorpresa de muchos, ambos líderes de la izquierda están apuntalando el mandato de Rajoy en la Moncloa a lo largo de este mes de noviembre ¿Cómo? Trato de explicarlo a continuación.

El viernes 3 de noviembre el Consejo de Ministros ordinario remitió a las Cortes Generales dos proyectos de ley, el de metodología del Cupo para el quinquenio 2017-2021 y el que modifica el Concierto Económico con el País Vasco. Ambos proyectos se pactaron en mayo pasado para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y son condición sine qua non para que el PNV apoye el presupuesto de 2018. Si no se aprobase la mejora del Cupo, no habría presupuestos generales para el próximo año y el presidente Rajoy se vería en serias dificultades, quizá incluso abocado a convocar elecciones generales en primavera.

El pasado 6 de noviembre la Mesa del Congreso de los Diputados acordó la tramitación urgente de los proyectos de ley con el voto favorable del Partido Popular, del Partido Socialista y de Unidos Podemos (UP) y la oposición de Ciudadanos. En caso de que en el Pleno correspondiente las posiciones políticas sean idénticas a las manifestadas en la Mesa, Mariano Rajoy lograría la estabilidad del Gobierno hasta 2019 al menos. Por eso es difícil entender la posición política de PSOE y UP, cuando tienen una oportunidad clara de que PP y Ciudadanos voten en diferente sentido, lo que haría caer a Rajoy, o como mínimo, le pondría en un apuro considerable. Uno se pregunta dónde quedó el famoso “No es No” de Pedro Sánchez hace un año. Y qué ha sido de los motivos para la moción de censura de Pablo Iglesias en junio. Las razones pueden ser que ni a uno ni a otro convenga un adelanto electoral, o que respondan a claves de política interna de sus partidos.

Pero más allá de una táctica política incomprensible, estamos ante un grave error estratégico para el futuro de la democracia española. Este acuerdo entre el Gobierno y el PNV, en caso de ser apoyado por el PSOE y UP, lanza un mensaje claro y contundente a los líderes políticos de las demás autonomías, y en particular a los que emerjan de las próximas elecciones en Cataluña. Les están diciendo lo mismo que le contestó Rajoy a Artur Mas en septiembre de 2012: el Pacto Fiscal, o cualquier trato similar al que tienen los territorios forales, es imposible. Es así porque los privilegios que ahora se renuevan y amplían no son extensibles a otras comunidades autónomas ricas. No hay ningún motivo para la urgencia, la anterior Ley del Cupo se prorroga desde 2012 y podría prorrogarse un año más sin ningún problema. Por tanto, las prisas pretenden que el nuevo Gobierno de la Generalitat, si pide algo similar al País Vasco, se encuentre con una realidad consumada: no es posible sin provocar la quiebra del Gobierno Central.

Encajar a Cataluña y al resto de las autonomías en un sistema de financiación que no sea tan gravemente desigual como el actual pasa por reducir el privilegio financiero de que gozan País Vasco y Navarra hasta el momento. En este sentido, la comisión de expertos designada para proponer un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común ofreció una solución viable el pasado mes de julio: “las comunidades forales deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial mediante una aportación al nuevo sistema de financiación autonómica” (pág. 81 del citado informe). Bastaría con una enmienda a la metodología de señalamiento del Cupo para hacerlo factible. Como es natural, las diputaciones forales vascas no lo aceptarían, pero en ese caso convendría a los intereses generales de España que el Congreso de los Diputados, representante de la soberanía nacional, lo impusiese por Ley. Ello permitiría plantear la ineludible negociación con las demás comunidades autónomas desde bases mucho más sólidas, sea cual sea el gobierno que elija la ciudadanía de Cataluña para la Generalitat.

El Concierto es un buen instrumento para dotar de autonomía y responsabilidad a un territorio concreto, pero hay que protegerlo también de quienes lo utilizan abusivamente. Para no obstruir una salida viable al malestar que existe en Cataluña, lo adecuado sería acordar primero un nuevo sistema de financiación con las comunidades autónomas de régimen común, respaldado por un amplio pacto político. Solo después, procedería revisar el Cupo, con la calma necesaria para ver en qué cuantía y con qué calendario las diputaciones forales contribuyen a la solidaridad con el resto de la comunidades autónomas, y no al revés.