La batalla de 16.000 millones de Cataluña

Sorpresa! Han resucitado los 16.000 millones de euros con los que se inició el “procés”. Sucedió el pasado 10 de octubre, cuando el Muy Honorable President de la Generalitat, antes de declarar y suspender la independencia argumentó ante el Parlament: “… y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social –una decisión, déjenme que lo diga, más de relato para los mercados que con efectos reales sobre nuestra economía; de hecho, lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía, y eso sí que tiene efectos reales, son los 16.000 millones de euros catalanes que se ven obligados a cambiar su sede social cada año”.

El déficit fiscal había desaparecido del discurso independentista desde que Josep Borrell le dio un repaso televisado sobre éste y otros argumentos habituales al vicepresidente Oriol Junqueras, a quien solo le quedó exclamar: “¿Nosotros tenemos o no tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro?” Aquel 20 de junio de 2016 en 8tv, Borrell desmontó otra mentira más apoyándose en sólidos trabajos académicos, fruto de una batalla que durante años se había librado en el terreno intelectual.

El debate universitario en torno a las balanzas fiscales viene de antiguo. Lo inició Trías Fargas en 1960 y desde entonces se han sucedido más de cincuenta estudios estadísticos con múltiples discrepancias metodológicas. No obstante, parece que los académicos confluyen hacia un diagnóstico común: los 16.000 millones que supuestamente salen de Cataluña cada año no existen (ni han existido). Por eso sorprende que Puigdemont apele ahora a ellos.

Uno de los protagonistas de esa batalla intelectual ha sido el profesor Ramón Barberán, que explicó magistralmente la esencia del asunto en su libro “Economía y política de las balanzas fiscales en España” (Thomson Reuters Aranzadi, 2014). La cuestión es que estamos ante un mal uso de los datos que se elaboran. Entre múltiples razones de todo orden, porque el saldo de la balanza fiscal puede calcularse incluyendo o no el déficit del gobierno central, lo que se denomina “neutralización del saldo”. Para entenderlo imaginemos que usted gasta todos los meses 100 euros más de los que ingresa, merced al uso de su tarjeta de crédito. Al final del año tendrá una deuda de 1.200 euros, que deberá pagar tarde o temprano. Lo que se hace para neutralizar el saldo es suponer que usted ingresa 100 euros más al mes.

Pues bien, si calculamos lo que se aporta desde Cataluña sumándole la cantidad necesaria para que hipotéticamente no hubiera déficit del gobierno central, estamos incluyendo una cantidad que no se paga (la pagan nuestros acreedores por deuda pública). El dato resultante se utiliza políticamente para cuantificar cuanto contribuye Cataluña al resto, ocultando que una parte de esa “aportación” no es tal, sino que es deuda pública del Estado. Por eso es necesario recordar que esos 16.000 millones no existen (en su momento álgido, en 2010, los 16.543 millones eran solo 5.835 millones según los datos de la propia Generalitat).

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Hacienda y Función Pública dio a conocer los datos de 2014 del sistema de cuentas públicas territorializadas, que ofrece la versión oficial de la llamada balanza fiscal. Esa estadística incluye ambos resultados, con y sin neutralización. Así, el saldo fiscal de Cataluña, de 9.892 millones, queda reducido a 4.046 millones si no se suma el déficit del Estado como si fuera una contribución de Cataluña. A mi juicio sería mejor, para evitar manipulaciones interesadas, calcular sólo el dato real, sin neutralizar. Ello no obsta para que la cuarta comunidad autónoma de mayor renta per cápita, en un país que financia con impuestos progresivos su Estado de Bienestar tenga, como debe ser, un saldo contributivo. Pero en ningún caso estamos ante un expolio.

Que el presidente Puigdemont haya tenido que recurrir a la manipulación de los ya famosos 16.000 millones para tapar la fuga de empresas, confirma que continúa su huida hacia adelante. Quienes lideran el “procés” se niegan a reconocer la realidad: la independencia de Cataluña sería una catástrofe económica para la población que en ella reside y para el resto de España. Ésta y otras mentiras nos conducen por un inquietante sendero hacia lo desconocido.