La reforma de la financiación autonómica será en 2020

Si hace dos meses lo dice Rajoy, le hubiera caído la del pulpo. Pero ha sido Sánchez, en su primera comparecencia parlamentaria, quien sorprendió a todos anunciando que la reforma de la financiación autonómica no se hará en esta legislatura. Y los presidentes de las Comunidades autónomas no le han tratado cual octópodo en la cocina porque adelantó que habrá negociaciones bilaterales con cada una de ellas. Además, saben que el actual sistema les irá bien porque da a las CCAA de régimen común el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol y otros indirectos. Como los ingresos autonómicos vienen de lo que pagan los contribuyentes, si la economía sigue creciendo a buen ritmo, todos los recursos públicos lo hacen.

No especularé sobre las razones del presidente para aplazar la reforma, caben muchas y variadas, pero sí debemos preguntarnos qué hará el gobierno para satisfacer las demandas autonómicas al margen de una reforma global del sistema. Una primera pista nos la dio Pedro Sánchez en la reciente entrevista concedida al diario El País, cuando señaló que la sanidad será el ámbito en el que pretende revertir los recortes de la crisis. Es la misma vía que hace ya muchos años eligió el gobierno Zapatero: se mejoró la financiación de las CCAA a partir de 2005 sin reformar el sistema, con la excusa de aportar más recursos a la sanidad. Tomando aquel ejemplo, ahora cabría elevar los impuestos que gravan los hidrocarburos, el tabaco y el alcohol, permitiendo que el 58% del incremento de recaudación afluya a las arcas autonómicas. Se requeriría una mínima modificación técnica de la ley que rige el sistema de régimen común (Ley 22/2009) para evitar que esos recursos nuevos sean descontados a las autonomías. En la misma línea se podría, con una leve modificación legal que concitaría el consenso parlamentario, elevar el 98% al 100% las entregas mensuales a cuenta del IRPF, el IVA y los impuestos especiales.

Otra pista de lo que podría hacerse la deduzco de la prioridad otorgada a la lucha contra la pobreza infantil. Apenas ha tenido tiempo de ponerse manos a la obra la Alta Comisionada, Luisa Carcedo, pero si el nuevo gobierno quiere hacer algo rápidamente en este campo, habrá de contar con lo que ya hacen las CCAA. Un posible modelo es la Ley de dependencia, mediante la que se cofinancian por el Estado prestaciones ya existentes y otras que se crearon nuevas en su momento. Imitando este modelo, se podría lograr que la voluntad política del gobierno central se coordinara con las acciones de las CCAA y Ayuntamientos para afrontar el reto de erradicar la pobreza de las familias con niños. Con ello se aportarían recursos condicionados a las CCAA, pero en la futura reforma podrían incorporarse a la financiación autonómica. Además, sería necesario recuperar el compromiso de pagar la mitad del coste de la dependencia, que se viene incumpliendo sistemáticamente.

Y una tercera actuación que muy probablemente se llevará a cabo es la que ya tenía previsto el gobierno anterior: aliviar en algún grado la deuda de las CCAA. Aquí se encontrará la ministra Montero con el problema de que perdonar deuda no es un buen incentivo para la disciplina. Sería mejor hacerlo en el marco de una reforma global a cambio de otros compromisos, pero si ésta se aplaza, se pueden contentar las demandas autonómicas a un coste reducido para el Estado. De hacerse, tendrán que cuidarse también los aspectos de equidad territorial. Una opción sería situar a todas las CCAA con el mismo nivel de deuda en porcentaje del PIB. Esto beneficiaría más a las de mayor deuda, pero todas lograrían una mejora. Se evitaría así la frustración de aquellas que se han comportado mejor durante la crisis.

Todas las medidas que acabo de describir tienen un coste para el erario público y habrán de financiarse con mayores ingresos o con la reducción de otros gastos. Pero si se adoptan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la espera de una reforma global del modelo de financiación, podrán integrarse en él sin coste adicional el día que se lleve a cabo.

Es probable que el presidente del gobierno tenga además otras ideas en mente, lo ignoro. Si me pidiera opinión, le aconsejaría que todo lo que se haga sea con carácter general y a cuenta de la futura reforma. Dicho de otro modo, evítense los acuerdos bilaterales, poco transparentes e imposibles de integrar a posteriori en el sistema. El clientelismo es una práctica que un gobierno moderno y transparente debe eliminar de su práctica cotidiana. Si no queda claro lo que quiero decir, puedo expresarlo con mayor nitidez: no haga, señor Presidente, con las Comunidades autónomas de régimen común, lo que el gobierno Rajoy ha venido haciendo con el gobierno vasco. Ya ve como se lo han pagado.