Presupuestos Generales del Estado: ¿Algún gesto para los catalanes?

El pacto del Partido Popular con Ciudadanos para recabar su apoyo a los Presupuestos generales del Estado tuvo una presentación rocambolesca la semana pasada. Las generosas medidas anticipadas por Albert Rivera la víspera del Consejo de Ministros se quedaron cortas tras el anuncio de Cristóbal Montoro que dejaba en un lugar un tanto incómodo al primero. Hoy conoceremos los detalles de los presupuestos generales del Estado, tiempo habrá de analizarlos. Tal como explicó aquí Miguel Sebastián, estamos ante un presupuesto expansivo, como si haber cerrado 2017 con el mayor déficit de la Unión Europea y contar con una deuda cercana al 100% del PIB no fuera un problema.

Lo que sucede no es sorprendente si nos atenemos a lo que cuentan A. Mas- Colell, A. Carreras e I. Planas en su reciente libro “Turbulències i tribulacions. Els anys de las retallades” (Edicions 62). En él acusan al ministro Montoro de trasladar todos los recortes de gastos a las comunidades autónomas, en espera de que la coyuntura económica mejorase lo suficiente para no tener que hacerlos en la administración central. Los datos confirman que los ajustes en el lado del gasto público se produjeron de forma más acusada en las administraciones regionales, obligadas por los límites desfavorables de los objetivos de déficit y por recortes explícitos en los servicios sanitarios, educativos y sociales que les competen. Que todo ello haya sido un deliberado ataque al Estado de las Autonomías, con la voluntad última de recentralizar el poder, es interpretable, pero del citado libro emergen muchos elementos que invitan a apoyar esa tesis.

Solo me atrevería a recomendar esta lectura a los friquis de la gestión presupuestaria (además, de momento, se ha editado únicamente en catalán). Si usted, amable lector o lectora lo es, disfrutará con las negociaciones para obligar a los departamentos de la Generalitat a reducir gastos, con los esfuerzos ímprobos para contener las inversiones o con los angustiosos apuros de tesorería. Según el relato de Mas-Colell y su equipo, el gobierno central utilizaba el FLA para someter a una tensión innecesaria a las CCAA, ocultando información, apurando hasta el último minuto las transferencias para atender pagos. Una vez que, tras los primeros seis meses de gobierno del PP, se rompió la confianza que Mas-Colell y Montoro habían creado en una discreta reunión previa a las elecciones generales de noviembre de 2011, mantuvieron un enfrentamiento constante. En palabras textuales: “El pulso informativo con Montoro no nos abandonaría nunca (…). Aunque accedía a mantener algunas conversaciones privadas, no podíamos saber qué se había pactado hasta que él no hacía públicos los términos de su decisión”. Bien haría Albert Rivera tomando nota de esta experiencia.

No me detendré sobre las muy discutibles consideraciones acerca del pacto fiscal, el sistema de financiación común, las balanzas fiscales u otros aspectos de los que discrepo. Tampoco en las divertidas anécdotas del trabajo cotidiano, que les dejo para su deleite, si leen el libro. Encontrarán en él una descripción cruda de las interioridades de la gestión pública de la crisis, de la que el actual gobierno del PP sale con un déficit del 3,1%. A pesar de ello, emprende una carrera electoral sobre la base de una política fiscal expansiva, que hay que calificar de irresponsable en el actual contexto.

Los múltiples guiños anunciados en favor de pensionistas, funcionarios, policías de ámbito nacional y otros colectivos, sumados a las rebajas fiscales en IRPF o IVA, contienen un mensaje claramente electoralista. Pero dado que el gobierno agota los márgenes presupuestarios, con este proyecto de presupuestos se está cerrando la puerta a una reforma del sistema de financiación autonómica de régimen común. O sea que no habrá en 2018 mejoras para la sanidad, la educación y los servicios sociales, y probablemente tampoco en 2019. Solo sería posible si se adoptaran medidas valientes para que la recaudación fiscal superase el objetivo del 38%, pero parece que una baja presión fiscal une sólidamente a PP y Ciudadanos en su proyecto para España. La pregunta que cabe hacerse entonces es si Rajoy y Rivera han pensado en ofrecer algún gesto favorable a la ciudadanía catalana. Por el sistema de financiación no va a ser. Quizá el anexo de inversiones de los presupuestos generales, que se conocerá hoy, aporte alguna iniciativa conciliadora.