Martes, 26.03.2019 - 20:07 h
El Bejorro
Profesor de la Universidad de Alcalá

Pedro Sánchez tenía razón: revalorizar las pensiones con el IPC y un nuevo impuesto

Los Reyes Magos no son los padres, es el PNV. Han traído un regalo para millones de pensionistas que verán como su ingreso mensual se revaloriza según el IPC previsto, o sea 1,6%. La buena nueva viene del norte, pero beneficiará a todos los jubilados, incluso los que cobran 36.121,40 euros al año, la pensión máxima. El incremento de gasto público será de 1.522 millones de euros en 2018. Y esto se hará a pesar que la que Seguridad Social cerró el ejercicio 2017 con un déficit de 17.209 millones (1,5% del PIB).

Como saben ustedes, la decisión política se tomó la semana pasada para que los diputados del PNV pudieran sumarse a la mayoría parlamentaria y permitir así que la legislatura continúe, sin que sea necesario anticipar las elecciones. Forma parte del juego político, nuestros representantes elegidos en las urnas hace casi dos años tienen absoluta legitimidad para hacerlo. La mayoría de analistas políticos ha valorado que con la decisión de anular su propia reforma de las pensiones, Mariano Rajoy reconoce que no puede gobernar, pero gana tiempo en espera de mejores expectativas electorales para su partido. Que el contenido de lo acordado sea una catástrofe en términos económicos no es más que una cuestión de expertos escrupulosos, que se hacen preguntas.

Pedro Sánchez atiende a los medios
   

La primera es ¿quién paga? De momento, dado que no llega con las cotizaciones sociales, el Estado asume el déficit de la Seguridad Social. Pero como tampoco se ingresa lo suficiente en impuestos, habrá que recurrir al endeudamiento. En 2018, el Tesoro prevé emitir deuda por 220.145 millones de euros, para financiar el déficit previsto y los vencimientos de años anteriores. Éste es un dato fundamental: para sostener nuestros servicios públicos necesitamos que los mercados sigan confiando. Y la decisión de revertir la reforma de las pensiones de 2013 merma la confianza internacional de los acreedores. No será grave mientras no se desate una nueva tormenta financiera.

¿Qué dirán en Bruselas y en Frankfurt? La tutela a la que estamos sometidos en el marco del procedimiento de déficit excesivo y el oxígeno que todavía recibimos de las políticas monetarias del Banco Central Europeo deberían preocuparnos. Quizá ya sonaron los teléfonos y por eso el ministro de Hacienda anunció, después del debate presupuestario, que se disponía a introducir un nuevo impuesto, la llamada 'tasa Google', para financiar la revalorización de las pensiones. En el programa de estabilidad remitido a Bruselas el lunes, el gobierno prevé recaudar 600 millones este mismo año, y 1.500 adicionales el año que viene. Muchos dudan que sea factible en tan poco tiempo, pero habrá que creerlo. En todo caso, hay que reconocer que la propuesta de Pedro Sánchez ha triunfado: revalorización de todas las pensiones siguiendo el IPC, financiada con un nuevo impuesto. El único matiz es que el impuesto socialista era a la banca, y el del gobierno será a las tecnológicas.

La tercera pregunta es ¿podremos seguir así por mucho tiempo? Técnicamente, bastaría con elevar la presión fiscal desde el actual 38% al 42% del PIB. Es un nivel de presión fiscal que tienen otros países de la Unión Europea. Pero la cuestión es si la sociedad española está dispuesta a un mayor esfuerzo de quienes trabajan para dedicarlo en su totalidad a mejorar la renta de las personas que por razones de edad ya se retiraron. Las tendencias demográficas son inexorables y salvo que se produzcan incrementos espectaculares de la productividad o flujos migratorios relevantes, vamos a una sociedad dual.

Miguel Sebastián explicó aquí hace dos semanas que “la ratio entre la población en edad de retiro (más de 67 años) y la población en edad de trabajar (16-67 años) es de un 31% en la actualidad y alcanzará un máximo del 56% en 2050”. Ignorar la necesaria reforma de las pensiones nos encamina hacia una España en la que jóvenes y talludos trabajan, se esfuerzan, luchan cada día para que la población de más edad viva mejor que ellos. Me parece que no será política ni socialmente factible sin poner en riesgo la cohesión social.

La reforma de 2013 impulsada por el gobierno Rajoy concretó aspectos difíciles de la de 2011, que el gobierno Zapatero había acordado con los agentes sociales. Para ello convocó una comisión de expertos que hicieron dos recomendaciones: calcular la revalorización anual dependiendo de los ingresos de la Seguridad Social; y suavizar el crecimiento de las nuevas pensiones introduciendo un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida. El Gobierno las aplicó con alguna variante de carácter político: para el primer índice añadió una revalorización mínima (0,25%), y para el segundo factor, aplazó la entrada en vigor hasta 2019. Ambas reformas, que fueron bien valoradas por la Unión Europea y por los mercados, han quedado derogadas con el apoyo o la aquiescencia de todos los partidos políticos.

Mi última pregunta es para que la respondan ustedes: ¿Qué será de las políticas públicas si quedan exclusivamente en manos de políticos que ignoran a los expertos?

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