Presupuesto con patatas y otros tragos difíciles

Keynes dejó dicho que los políticos que se dedican a la acción suelen ser deudores de algún economista muerto. Hoy se reúnen en la Universidad de Alcalá cerca de 200 economistas, la mitad mujeres, procedentes de  universidades de más de una decena de países de Europa y de EE.UU. Estos prestigiosos académicos vienen al XXI Encuentro de Economía Aplicada para debatir en torno a los principales retos de la economía nacional e internacional. El nuevo Gobierno que ha constituido Pedro Sánchez hará bien en tomar nota de las conclusiones y recomendaciones en materias como la sostenibilidad de las pensiones, el mercado de trabajo, la estabilidad del sistema financiero, la reforma de los órganos reguladores de la competencia y de los mercados, el cambio climático, la energía, el futuro de la Unión Europea, entre otros muchos. 

Mis colegas que hoy inician sus trabajos en mi facultad están muy vivos –les deseo lo mejor- pero debemos reconocer que las recomendaciones de los académicos tardan tiempo en penetrar las políticas públicas. Las nuevas ministras Calviño, Montero, Ribera, Maroto o Valerio tienen ante sí retos más inmediatos y urgentes. Me fijaré en los que corresponden a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asume una cartera repleta de dificultades.

Pronto se sabrá si el Partido Popular aprovecha el plazo de enmiendas en el Senado para añadirle guindillas al presupuesto que ellos mismos cocinaron y trata así de entorpecer los primeros pasos de Pedro Sánchez. Si el Congreso de los Diputados tuviera dificultades para alcanzar una mayoría simple que rechace las enmiendas de la Cámara Alta, el PP se arriesga a que el gobierno retire el proyecto de ley. Se aplicaría en ese caso el presupuesto vigente, que es prórroga del de 2017. Esto obligaría a aprobar por Decreto Ley la subida de salarios de los funcionarios, el incremento de las pensiones y las entregas a cuenta de la financiación autonómica y local. El resto de los gastos quedarían congelados, no habría rebajas de impuestos y se alcanzaría el déficit pactado con Bruselas. Si el Partido Popular lo piensa un poco, no enmendará el Presupuesto en el Senado y así, como dijo Rajoy, “se lo comerán con patatas”, con sus aspectos positivos, pero también negativos: el riesgo de incumplir el objetivo de déficit, tal como ha alertado la AIReF.

Digeridos los tubérculos, le quedarán a la ministra de hacienda otros tragos, que no van a ser sencillos. El más inmediato será fijar el techo de gasto del Estado para 2019 y con ello los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda de cada una de las administraciones territoriales. Tanto la AIReF como muchos estudiosos han criticado el sesgo favorable al gobierno central en la práctica seguida durante la crisis. Tendrá que buscar la nueva ministra un difícil equilibrio cuando se encuentre con sus hasta ahora colegas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para asignar el déficit entre Estado y comunidades autónomas. No es un tecnicismo, es política. Se trata de decidir quién tiene mayor margen para el gasto social el año próximo: el gobierno central con su frágil mayoría parlamentaria o las CCAA, que se presentan a las elecciones en 2019 (salvo Galicia, País Vasco y Cataluña).

Fijado el techo de gasto, que sin duda cumplirá los requisitos de Bruselas, habrá que elaborar los presupuestos generales del Estado para 2019. Es una tarea harto complicada, especialmente en la fase de su tramitación parlamentaria. Sería un gran éxito tanto si se aprueban con los mismos apoyos que dieron la investidura a Pedro Sánchez como si se logran mediante alguna tolerancia por parte de los partidos de la oposición. La mejor baza que para ello tiene el presidente Sánchez es la fecha de las elecciones. Quienes no deseen un anticipo electoral se verán comprometidos a evitarlo por la vía de permitir la aprobación de los Presupuestos. La mayor dificultad que anticipo es la ausencia de una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos, tan necesaria como indeseada por los partidos nacionalistas y conservadores.

Y, entre lo más urgente, tendrá que decidir si aborda o no la reforma de la financiación autonómica. Expliqué en mi columna del 17 de mayo el estrecho margen que tenía el gobierno anterior. Veremos si se logra un acuerdo que incluya al Partido Popular y a la Generalitat de Cataluña, aunque es muy difícil. Si no fuera posible, la ministra puede optar, como ya anunciara Montoro, por aliviar la deuda de las comunidades autónomas y facilitar su retorno a los mercados financieros. En suma, el nuevo gobierno de España arranca con una composición muy solvente en el área económica, pero con grandes retos a corto plazo. Confiemos, por el bien de todos, que los supere con éxito.