Jueves, 21.03.2019 - 22:04 h
El Bejorro
Profesor de la Universidad de Alcalá

Reducir la fiscalidad del juego online: una medida muy discutible

juego online / EFE
Una de las páginas web de juego online  que se beneficiará de la reducción de la fiscalidad. / EFE

Mis estudiantes saben que una forma de reducir el consumo de alcohol y de tabaco es gravarlos con un impuesto específico, además del IVA, porque al elevar el precio se beberá y se fumará menos. Los profesores justificamos la existencia de estas figuras tributarias por razones extrafiscales. Esto es, no se pretende solo recaudar, sino corregir un comportamiento que se considera inadecuado desde el punto de vista social. El Sr. Montoro es catedrático de Hacienda Pública, de modo que conoce muy bien estos temas. También debe saber, presumo, que la ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo siente una incontrolable necesidad de jugar en juegos de azar.

Por todo ello causa enorme sorpresa que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 reduzca de forma sustancial el impuesto sobre el juego a través de internet. La motivación de esta medida, según leemos en la Preámbulo de la Ley, es que “logrará una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector”. En lenguaje más llano: para combatir el fraude, reducimos la tributación.

Ciertamente, al bajar el impuesto, lo que deja de pagar una empresa por defraudar es menor y la ganancia del fraude disminuye. Al menguar el incentivo, será menos rentable actuar fuera de la ley. Sin embargo, un impuesto es un pago coactivo que se impone al interés individual en beneficio del bienestar social. Lo adecuado sería reforzar los controles y actuaciones inspectoras y proteger así tanto los ingresos públicos, como a los usuarios. Lo que hace el Gobierno, en cambio, es bajar los impuestos para que los defraudadores encuentren menos ganancia en hacer trampa. Por fortuna, el ministerio de Hacienda no aplica la misma estrategia para luchar contra el fraude en el IRPF o en el IVA.

Más allá de la filosofía, veamos qué nos dicen las cifras. Según los datos que publica la dirección general de Ordenación del Juego del propio ministerio de Hacienda y Función Pública, las cantidades jugadas en línea están creciendo más del 20% cada año, un dinamismo que permite intuir que el negocio es boyante, incluso con el impuesto vigente. Si el volumen jugado crece tan alegremente, miremos qué sucede con los ingresos fiscales. Se recaudaron 101 millones de euros en 2012, 74 en 2013, 76 en 2014, 52 en 2015, 71 en 2016 y 52 millones de euros en 2017. Hay problemas de imputación temporal en la variabilidad anual, pero a la vista de estos datos podemos afirmar que la recaudación no crece como lo hacen las cantidades jugadas. De esto debemos deducir que, o bien los márgenes empresariales están menguando, o bien el fraude está creciendo. Lo primero sería lo normal en un mercado competitivo en rápida expansión. Sin embargo, la justificación dada a la medida anunciada invita a pensar en lo segundo.

¿Qué efectos tendrá una fiscalidad más favorable para el juego en internet? Bajarán las tarifas a los usuarios y aumentarán los premios y, en consecuencia, se jugará más. Es muy inquietante que el gobierno incentive el juego y se desentienda del riesgo de que nuevos o antiguos jugadores se conviertan en adictos, en particular los más jóvenes. Por ello, la medida es muy discutible. Por poner un punto de comparación, ¿la sociedad española aceptaría una reducción de los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol, fomentando así su consumo?

Hay otro motivo para cuestionar la bajada del impuesto sobre el juego en internet. Su recaudación se distribuye entre las comunidades autónomas de modo que, nuevamente, el ministerio de Hacienda adopta medidas favorables a los contribuyentes –en este caso las empresas del juego- a costa de los ingresos públicos que financian la sanidad, la educación y los servicios sociales. Me dirán que es muy poco dinero. Cierto, son unos millones de menos que se añaden a otros cientos de millones que perderán las autonomías por la reducción del IRPF, tal como explicamos aquí cuando se presentó el proyecto de presupuestos. Así pues, quitándoles un poco de aquí, un poco de allá, se va erosionando la capacidad de las comunidades de régimen común de hacer políticas públicas. Quizá sea éste el fin último que se persigue.

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