Miércoles, 19.09.2018 - 01:56 h
El Bejorro
Profesor de la Universidad de Alcalá

Una desigualdad silenciada: las pensiones de los funcionarios

Soy funcionario. Si no cambia antes la normativa podré jubilarme a los 60 años, habiendo cotizado al menos 35 de ellos, con la pensión máxima. Otra persona con la misma carrera profesional, pero en el sector privado, no podrá jubilarse hasta los 65 años y siempre que haya cotizado entonces 36 años y seis meses. O sea que tengo derecho a cobrar cinco años más de pensión, casi un 30% del total, dada la esperanza de vida de los hombres a los 65 años (17,5 años).

Esta flagrante desigualdad se debe a que no se aplican al colectivo de “clases pasivas” todas las medidas de las reformas de la Seguridad Social de 2011 y 2013. Me dirán que hay tiempo para equiparar ambos regímenes, porque la citada reforma no será plena hasta 2027. Pero lo cierto es que, a día de hoy, si usted ha cotizado al régimen general de la Seguridad Social, solo puede jubilarse con el 100% de la base reguladora si ha cumplido 65 años. Y si desea, voluntariamente, jubilarse antes, podrá hacerlo cumplidos los 63 años y perdiendo entre 8% y 6,5% por cada año que anticipe (dependiendo de los años cotizados). En cambio, una parte de los empleados públicos, funcionarios de la Administración Central, los cuerpos docentes, la Justicia y las Fuerzas Armadas, aproximadamente 1,2 millones de personas, pueden retirarse con la
pensión íntegra cinco años antes.

Hay otros aspectos en los que las condiciones de jubilación de clases pasivas difieren del régimen general. Para calcular la pensión de los primeros, se toma toda la vida laboral, ponderando las distintas etapas de la carrera administrativa. En cambio, para calcular la pensión inicial de la seguridad social se toman ahora los últimos 21 años. Considerar la totalidad de la vida laboral ya está sobre mesa, como ha anunciado el gobierno, de modo que ambos sistemas pronto convergerán. La segunda diferencia importante es que los funcionarios, una vez jubilados, siguen pagando el 30% del importe de las recetas farmacéuticas, al igual que en la vida activa. Por su parte, los jubilados de la seguridad social pagan solo el 10%. Es probable que aquí también haya convergencia futura entre ambos sistemas porque no hay ninguna justificación para este trato desigual.

Lo normal hubiera sido reformar la jubilación de clases pasivas en 2012,
cuando el gobierno se vio obligado a suprimir una paga extra, reducir a tres los días de asuntos propios, o elevar la jornada de 35 a 37,5 horas, entre otras duras medidas. Quizá los sindicatos de funcionarios pusieron en las pensiones el límite de su tolerancia. Otra explicación posible para que no se hiciera entonces es que fuera más caro prolongar el tiempo de empleo que jubilar a partir de los 60 años. Si un funcionario que se jubila no es reemplazado por otro, resultará más barato para las arcas públicas cuanto antes se retire. También cabe pensar que permitir una jubilación temprana es un modo de rejuvenecer las plantillas de forma paulatina, dado que se carece de otros instrumentos de regulación del empleo más eficaces.

Lo sorprendente es que algunas medidas favorables a los pensionistas que adoptó el gobierno del PP, sí se trasladaron a las clases pasivas. Fue el caso en 2015, cuando se acordó elevar la pensión de quienes prolonguen la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Y en 2016, cuando se concedió un complemento por maternidad a las mujeres jubiladas que hayan tenido dos o más hijos.

Ciertamente, el último gobierno de Zapatero puso fin al régimen de clases pasivas para los nuevos funcionarios a partir de 2011. O sea que cuando fallezcan quienes ingresaron hasta 2010, en torno a 2080, el privilegio habrá desaparecido por sí solo. Que Rajoy haya considerado que, sin hacer nada, este asunto estará arreglado en el último tercio del siglo XXI encaja perfectamente con la imagen que tenemos de nuestro Presidente.

La desigualdad entre españoles con un régimen como el de clases pasivas, al que ingresaron el año pasado 35.840 nuevos beneficiarios (un 6,3% del total), no debería prolongarse por más tiempo. Sería de justicia que cuanto antes se aplicaran las mismas reglas a las pensiones sostenidas con dinero de todos, sean de servidores públicos o de pensionistas de la Seguridad Social. Claro que esto solo sería posible si tuviéramos –como decíamos la semana pasada en esta misma columna- un gobierno que gobierne.

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