Ante una quita de la deuda autonómica: ¿Conviene a España?

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n estos días de campaña en Cataluña la propuesta del candidato Miquel Iceta de negociar una condonación de la deuda de su comunidad autónoma ha sido muy criticada, especialmente en el resto de España, aunque ese rechazo pueda entenderse en el marco de la contienda electoral. Cuando se constituya el futuro Gobierno catalán y se negocie una nueva financiación para las quince comunidades de régimen común esta cuestión se abordará, esperemos, con más sosiego.

No era ninguna novedad. La idea había sido formulada antes desde otras comunidades autónomas y fue debatida por la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica hace unos meses. Debemos ser conscientes de que sin el recurso a la deuda (o a la venta de activos), no hubiéramos podido financiar el rescate bancario, pero tampoco pagar las pensiones, ni los gastos sanitarios, educativos y sociales durante la crisis. Por eso la deuda de todas las Administraciones Públicas se ha casi triplicado desde 2007, situándose ahora en el 99,8% del PIB. En las comunidades autónomas el crecimiento ha sido aún más intenso, alcanzando una cuarta parte del total de la deuda pública. Como es sabido, todo ello fue posible porque el Banco Central Europeo y el propio gobierno de España se alejaron de la ortodoxia y evitaron una catástrofe de dimensiones inimaginables.

En el caso de España, el Gobierno Central creó en 2012 diversos instrumentos financieros -el principal es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- que superan ahora los 157.000 millones de euros, más de la mitad de la deuda de las CCAA. La cuestión es si tales instrumentos deben ser retirados para permitir que las comunidades vuelvan a endeudarse en los mercados en lugar de con el Tesoro. Nadie duda de que sea necesario, porque la disciplina del mercado contribuye a la sostenibilidad financiera y genera incentivos correctos para los responsables políticos. Mientras continúe el FLA, todos los agentes saben que ‘papá Estado’ acudirá en ayuda de los malos gestores y será más difícil retomar la senda del equilibrio en las cuentas públicas.

Por tanto, conviene al Reino de España un cierre ordenado de los mecanismos de liquidez, pero la pregunta es ¿cómo y cuándo acabar con el FLA? La forma más eficaz y rápida de lograr este objetivo sería eximir a las comunidades del pago de una parte sustancial de sus pasivos, para que las más endeudadas puedan regresar a los mercados financieros sin pagar tipos de interés prohibitivos. El problema de esta medida, señalan sus detractores, es que generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusta con las CCAA que han sido más disciplinadas. En efecto, no todas las CCAA se encuentran en la misma situación y en parte se debe a que no han realizado los mismos esfuerzos por contener el déficit. Perdonar ahora la deuda sería premiar a las menos eficientes, con lo que de cara al futuro todas se verían impelidas a un comportamiento insostenible. Además, la reputación internacional de España podría quedar en entredicho si se percibiera que el Gobierno Central es blando con las autonomías y accede a asumir gran parte de su deuda.

Quienes se oponen a la condonación reconocen, sin embargo, que deben utilizarse otras vías de reestructuración: ampliación de los plazos de devolución de la deuda, nuevos períodos de carencia o tipos de interés más favorables. Así, se lograría poco a poco la normalización de las CCAA en peor situación financiera y podría cerrarse finalmente el FLA. La cuestión parece entonces de grado, de intensidad de la ayuda que haya de prestarse a algunas comunidades y del plazo para volver a los mercados. Si es con una quita, será más rápido y efectivo; si es con una reestructuración como la descrita, será un proceso dilatado en el tiempo. Además, supondría un ahorro instantáneo del pago de intereses para las CCAA, con lo que reducirían su reclamación de recursos adicionales en la reforma del sistema de financiación autonómica.

Existen otras soluciones intermedias. Por ejemplo, sustituir el FLA por otro mecanismo que no sea gestionado por el Gobierno Central, para evitar el riesgo de que el Ministerio de Hacienda sea juez y parte. O bien que se asuma aquella parte de la deuda que se considere justificada por la infrafinanciación pasada y por el impacto de la crisis fiscal, pero que se mantenga viva y se devuelva a la responsabilidad de cada comunidad autónoma si se incumplen los objetivos de déficit, regla de gasto o pago a proveedores.

La propuesta del candidato Iceta de negociar la deuda de la comunidad autónoma será una realidad en los próximos meses, no solo para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas no forales. Que el resultado acabe con una condonación, una reestructuración sin quita o alguna otra fórmula será la culminación de un proceso de negociación global entre los afectados. Pero no se trata de hacer un favor político a algunas comunidades, sino que estamos ante un problema que afecta al interés general de la ciudadanía y que debe resolverse desde esa perspectiva.