Lunes, 19.11.2018 - 13:20 h
Profesor Titular de Derecho Administrativo

Defendamos el sistema, critiquemos las resoluciones, aseguremos las instituciones

Los episodios de estas últimas semanas en relación con la tramitación y resoluciones de los recursos de casación del impuesto sobre actos jurídicos documentados no son fáciles de analizar ni de digerir. Esto es cierto como lo es la percepción negativa que puede haberse instalado en la opinión pública sobre el funcionamiento del sistema especialmente cuando el legislador de urgencia se ha precipitado a modificar el criterio judicial en aras, según se ha dicho, de la igualdad de los españoles. Rectificar en pocas horas el criterio del Pleno no contribuye al sosiego interpretativo sino que proyecta la imagen de que la actuación del Pleno fue errónea y ha habido que cambiar la norma para asegurar que la decisión correcta que no supo ver el Pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo.

El sistema opera mediante personas y es claro que las personas cometen errores, se equivocan o, simplemente, no aciertan. Este es el plano de la responsabilidad personal ,una vez constatado el error o la equivocación es el elemento de cierre del conjunto del Sistema. Sin embargo, este plano no puede extrapolarse y "elevarse" al íntegro. El Tribunal Supremo está servido por gente que acierta o hierra pero que lo hace en conciencia y dentro de la libertad e independencia que la CE les atribuye.

Este Tribunal dicta miles de sentencias anuales y lo hace según su leal saber y entender en un momento difícil en el que las leyes se cambian todos los viernes sin gran reflexión ni mesura y, en la mayor parte de los casos, sin que sea la corrección técnica el elemento más valorado, en un clima en el que el Juez no es la profesión más valorada por la sociedad y en el que las condiciones de entorno no son, precisamente, las más tranquilas ni idóneas.

Lo que más me ha preocupado en estos días es que un asunto no tramitado con la suficiente sutilidad y que ha causado un evidente conflicto social se trate de llevar a un esquema de deslegitimación social del conjunto del Tribunal y, por ende, del sistema judicial. De pronto todo se vuelve en contra y nada del Sistema Judicial tiene sentido. Las declaraciones sobre la proyección de este problema sobre la actuación de la Sala Segunda son, en este punto, una evidencia de que lo que se trata es de tambalear el Sistema en su conjunto.

Este planteamiento nos empobrece como sociedad y como país democrático y nos retrocede muchos puntos en el ranking de las libertades. Las instituciones están por encima de las personas, de sus errores o de sus aciertos. El funcionamiento institucional en nuestro país debe ser reforzado porque en la medida que las instituciones son fuertes el país entero es más estable, más sólido, más cohesionado.

Esto no implica, claro está, que el conjunto de las instituciones no tengan que realizar y organizar sus propios sistemas en orden a revisar su funcionamiento y, finalmente, a asumir las responsabilidades en los supuestos que sean procedentes. Esto también es normalidad institucional y contribuye a la consolidación de las mismas. Es cierto, también, que en este terreno nos queda mucho por hacer como muestra de normalidad institucional y de consolidación.

Criticar las resoluciones del Poder Judicial es una opción y, en muchos casos, una necesidad. Solo desde la crítica se avanza y se progresa en la búsqueda de la interpretación correcta y actualizada de la norma. La crítica es esencial al razonamiento jurídico y debe producirse en la sociedad, en la academia, en la doctrina y, en el funcionamiento del sistema judicial. La uniformidad nos empequeñece y nos sitúa en un uniformismo que no es consustancial al funcionamiento de las instituciones jurídicas.

En estos días hemos visto magistrados que piensan diferentes. Normal, saludable y esperanzador. La posición final es la que se compone con la mayoría del órgano. Razonable, también, esto. ¿Qué ha fallado, por tanto, en este caso?. Pues aunque es difícil de saber con seguridad es fácil decir que no resulta digerible un cambio de una línea jurisprudencial en quince días ni un Pleno sobre el mismo tema que ha fallado una sección unos días antes. Pero esto es criticable y sus responsables deben asumir la crítica de su falta de acierto y de no haber trasladado a la sociedad una motivación razonable, suficiente y entendible de su comportamiento.

Que esto no se haya producido en condiciones de normalidad y de entendimiento no habilita sin embargo a cuestionar el sistema ni el funcionamiento del mismo. La institución judicial – no sus personas ni sus resoluciones- deben ser preservadas de la descalificación. La crítica solo debe servir para consolidar un sistema estructuralmente más sostenible y no para destruir el sistema ni contagiar con la descalificación al sistema en su conjunto. Las cosas tienen su dimensión y por grave que sea lo que ha pasado es claro que no habilita a elevar la cuestión a términos que no se corresponden con un Estado democrático. El sistema necesita atención, cuidado, medios, responsabilidad y, sobre todo, dejar claro que cuando falla o funciona mal es cuando más comprensión necesita.

Es preciso recuperar la confianza en el sistema institucional y reforzarlo porque esta es una de las grandes carencias de nuestro sistema público actual. Todo se ha vuelto prescindible, incluso ahora , el sistema judicial. El sistema judicial tiene que asumir su responsabilidad pero al resto de los ciudadanos lo que nos corresponde es pensar que el sistema funciona y que como cualquier institución terrenal tiene momentos y situaciones de incorrección. Cuando esto ocurre lo que debe hacerse es apoyar y respaldar el sistema y no destruirlo. En este contexto un poco de mesura y reflexión no vendrían mal para que las decisiones no sean precipitadas e incorrectas.

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