No vuelva mañana que tampoco hay cita

En la Obra de Mariano José de Larra, autor español del siglo XIX, se hizo famosa su crítica a la Administración Pública de la época en el trabajo titulado “vuelva VD. Mañana”. Hoy, parodiando la expresión de Larra, podríamos decir “no vuelva mañana que tampoco hay cita”. O, lo que es igual, no llame, no busque cita electrónica. En una palabra: no lo intente.

La cuestión es de una gravedad máxima porque la cita previa se ha alejado de sus orígenes – la capacidad de concertar una cita para la obtención de una atención más segura y menos gravosa, sin dilación ni espera- a un mecanismo de acceso a la Administración. No obtener cita previa es no acceder a la Administración.

La Administración ha pasado a no recibir si no es con cita previa. Es muy dudoso que este funcionamiento tenga amparo legal, pero, sobre todo, es muy dudoso que cumpla con el principio de servicio al ciudadano que predican enfáticamente nuestras leyes. Esta forma de actuar que, seguramente, no es consciente ni deliberada, sino fruto de la degradación paulatina de la Administración Pública, nos está situando en un entorno inédito para los ciudadanos españoles. Se está cuestionando el acceso al sistema administrativo, a los servicios públicos, a la Administración. Algo que nació para estar a nuestro servicio se ha convertido en algo inaccesible, problemático y desnaturalizado.

Las causas son varias y no de condición única. En primer término, la degradación paulatina de las plantillas de las Administraciones Públicas que no solo se ha envejecido sino, sobre todo, que durante mucho tiempo se han convertido en el flanco de críticas apriorísticas y, en muchos casos, sin fundamento que ponían énfasis desmedido en el gasto y no en la función como elemento de legitimación social. Esto nos llevó a recortar ofertas de empleo público, a la no provisión de las bajas vegetativas. Jugamos a ruleta rusa y estamos a punto de que la bala se dispare.

En segundo término, pensamos que la sustitución de los “humanos improductivos” por la inteligencia artificial lo arreglaba todo de forma inmediata y sin transición. Es muy probable que así sea, pero, claro está, cuando sean las próximas generaciones las que tengan que interactuar con la Administración. Mientras, la famosa “brecha digital” empieza a producir un daño irreparable para las personas y para la conciencia general de la sociedad que no acaba de entender la vocación de servicio de una Administración cuya demora en la atención no resulta admisible.

El problema de la gestión pública y de la Administración es uno de los más olvidados en la agenda política

En tercer lugar, y como síntesis de un conjunto de síntomas, cabe indicar que el problema de la gestión pública y de la Administración es uno de los más olvidados en la agenda política. No hay proyectos, debates, ideas claras, contundentes y pensadas en clave de atención, de servicio y de colaboración para la subvención de las necesidades sociales. La Administración es la garantía del ejercicio de los derechos, la que provisiona servicios esenciales para la sociedad y la que aglutina intereses colectivos que aproximan esquemas de ordenación social más igualitarios. Tanto recalcar su innecesariedad o su carácter superfluo ha acabado por calar hondo y por generar un clima de desprecio hacia lo público que, solo ahora, cuando vemos sus efectos, estamos empezando a repensar su verdadera dimensión.

Estas consideraciones nos llevan a diferenciar dos planos. El inmediato. Como su propia concepción, implica exige tomar medidas para restablecer el derecho al acceso de los ciudadanos a la Administración. Estas medidas no pasan únicamente por restablecer las plantillas (que desde luego debe ocurrir selectivamente y con cabeza y planificación) sino que exige medidas de carácter inmediato. Si los servicios públicos precisan de mayores efectivos (humanos, técnicos, o de cualquier orden) deben proveerse por los mecanismos contractuales que están en las leyes. Repuestos del problema, la cuestión subsiguiente es la de analizar la plantilla suficiente y los medios necesarios para un funcionamiento normal de lo público.

El de conciencia social. Los ciudadanos estamos en la obligación de exigir el derecho a la “buena administración” cuya consagración está en el ordenamiento europeo. No cabe en nuestra sociedad una Administración a la que no se puede acceder. Para ello es necesario introducir reformas estructurales, planificar, fijar un modelo de organización y de funcionamiento y, sobre todo, considerar que la Administración no es el coto de los funcionarios, sino la garantía del ejercicio de los derechos. Esta obligación constitucional es indeclinable y no admite más postergación en la agenda política.

A partir de ahí, el reto de la eficacia no está reñido con el de la eficiencia. No se trata de gastar por gastar y de volver a épocas pasadas. Se trata de planificar, de buscar un esquema de funcionamiento y de compromiso con los ciudadanos. La necesidad de la Administración y de la gestión pública es una muy sencilla: que alguien piense en ella y en la situación en la que estamos.