Opinión

Brujas maléficas y otros seres del paraíso (fiscal)

Símbolo de la Agencia Tributaria en una de las oficinas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el día que el Gobierno ha propuesto subir el salario de los empleados públicos un 2% para 2022, a 5 de octubre de 2021, en Madrid (España). Esta propuesta ha tenido lugar durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Además de la subida del salario un 2% para los empleados públicos, el Ejecutivo también ha informado de que incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 110% y 120% en sectores como la sanidad y educación. AGENCIA;ESTATAL;ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;MADRID;FUNCIONARIO;EMPLEADO PÚBLICO;GOBIERNO;TRABAJO;ECONOMÍA;ADMINISTRACIONES;CONTRIBUYENTE Gustavo Valiente / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 05/10/2021
Brujas maléficas otros seres del paraíso (fiscal).
Europa Press

Siguen corriendo ríos de tinta a raíz de la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el modelo 720. En algunos casos se dejan ver también pequeños arroyos de tinta envenenada. A estos es a los que quiero aclarar algunas cuestiones con letra limpia y cristalina.

La primera es que las brujas maléficas existen. O algo así. Pero no conspiran contra nada ni nadie, ni siquiera conspiran. Van por libre e individualmente, lo que en Cataluña llamamos "amar a la seva" y que en este contexto – el de la colectividad impositiva, no el de la brujería - significa que lo único que les importa es su interés individual. Mi dinero, que trabajo me ha costado ganarlo (o no) me lo llevo al extranjero, cuanto más extranjero mejor, para no pagar un duro, porque si no, vienen estos de Hacienda, (¡esos malditos inspectores!) y me lo quitan a través de sus perversos impuestos. Vaya institución atrasada esta de los impuestos, despatrimonializadora de grandes fortunas honradamente generadas (o no).

Evidentemente es una exageración pensar así. Excesivo y antiguo, casi medieval. Supongo que alguien calificará de simplista esta visión del defraudador puro y duro. No me estoy refiriendo aquí al pequeño empresario que oculta unos ingresillos o añade unos gastillos para poder mantener los cuatro puestos de trabajo, entre ellos el suyo. Me estoy refiriendo a los defraudadores de gran enjundia y largo recorrido. Los que tienen dinero suficiente para asesorarse por grandes despachos e idear estructuras fiscales de más que dudosa legalidad, por decirlo suavemente; o simplemente asesorarse sobre cómo deben hacer para elegir uno u otro paraíso fiscal donde su dinero esté a buen recaudo.

Yo no veo en esto conspiración alguna, pero sí antiespañolismo, anticatalanismo, antimadridismo, antigalleguismo, antivalencianismo. Antiinterés general, y antiartículo 31 de la Constitución. Los Inspectores de Hacienda del Estado, terriblemente anclados en el pasado (o quizá no tanto) somos servidores públicos, dotados de herramientas más o menos eficaces para perseguir a los defraudadores (que les aseguro que “haberlos, haylos”).

Evidentemente y a nadie se nos escapa que es más sencillo perseguir al que menos corre: a ese pequeño empresario al que antes me refería es mucho más fácil descubrirlo que al que, con muchos más medios que el pequeño empresario, y mejores herramientas que la que poseemos los inspectores, ha escapado muy hacia adelante, cruzando el Océano, en ocasiones. Aunque en realidad, no hace falta escapar tanto: basta con ir, esconder el dinero, y regresar.

Cuando pensamos en quien lleva o en quien tiene sus bienes en el extranjero, evidentemente no lo equiparamos a delincuentes fiscales, ni siquiera a defraudadores. Solo se les puede calificar así en los casos en que lo ocultan a Hacienda, y tras ocultarlo, no pagan lo que por ley les tocaría. Hay cientos de países con los que existe intercambio de información y en los que ocultar bienes es más difícil, si no imposible. Pero también sabemos que existen otros lugares privilegiados donde no llegan las herramientas de las que disponemos los inspectores de Hacienda.

Los inspectores nos creíamos muy ufanos, cavando nuestro huerto con una azada supersónica, de largo alcance (tan largo como que era infinito). Esa era la herramienta que nos había otorgado una ley, la del 720, que sabíamos desde el principio que sería menos eterna que las infracciones que tipificaba. Nada puede ser eterno, no hay mal que 100 años dure, ni modelo que lo pueda sostener. Pero como personas que somos, y sobre todo trabajadores al servicio público o interés general, no podemos evitar sentirnos defraudados cuando el fruto de nuestro trabajo se va por el desagüe porque nos fastidia que esa herramienta que el legislador nos había dado, finalmente fuera un fiasco, demasiado poderosa, pero desproporcionada; por tanto injusta y, sobre todo, contraria a la seguridad jurídica.

Mucho se habló en su momento entre los propios inspectores de las dudas que suscitaban algunas de sus medidas, pero ¿dejamos de aplicarlo porque nos parece mal, o injusto, o excesivo, o deficiente? Como servidores públicos, los inspectores de Hacienda tenemos que aplicar las leyes, aunque no siempre nos parezcan las mejores. Y yo me pregunto: ¿Otros profesionales dejan de aplicar en sus trabajos las normas de su sector o actividad, o las instrucciones de sus jefes o del dueño de la empresa porque no les parecen bien o simplemente ellos las hubiesen concebido de otro modo?

El modelo 720 era una aberración normativa, contraria a una de las premisas de la seguridad jurídica más elementales que es el derecho a la prescripción ganada. La valoración que en la Asociación de Inspectores de Hacienda hicimos recientemente fue clara: que el palo y la zanahoria nunca debieron haberse usado. Que necesitamos más medios, materiales y personales, sí, pero no queremos llegar a los sitios por caminos torticeros, ni haciendo trampas, como la que la imprescriptibilidad puede suponer.

Concédannos el derecho a la pataleta de saber perdidas horas de trabajo en expedientes que han acabado en la basura, el fastidio de saber que, por muy justa, integradora y legalista que es la sentencia del TJUE, por muy en su sitio que coloca las cosas, los defraudadores “de verdad”, los muy ricos y poderosos, siguen escapando más fácilmente a "otros sitios", a otros lugares donde buscarlos y, sobre todo, encontrarlos (a ellos o a sus bienes). Quizá este escenario que describo sea demasiado difícil para una Inspección de Hacienda voluntariosa y tenaz, pero con las alas cada vez más recortadas (no solo por el modelo 720; hay más ejemplos), cuyos éxitos deben basarse, hoy por hoy, en las propias declaraciones de los sujetos a investigar. 

Los Inspectores de Hacienda no somos ilusos, ni anticuados, ni creemos en brujas maléficas, y mucho menos despreciamos las instituciones europeas, con las que, por otra parte, hemos crecido. Sí somos unos trabajadores incansables y algunos incluso unos optimistas incorregibles que creemos en el resultado de nuestro trabajo.

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