La razón de Rob Bolton para defender el Brexit con vehemencia no es el desempleo ni su aversión al 'establishment' de Bruselas ni el cierre de las minas en su Wakefield natal, la región minera británica por excelencia. Cierto es que nació en plena crisis del carbón, a finales de los 70, y creció durante la depresión subsecuente y las violentas huelgas del 84, cuando Margaret Thatcher era el enemigo a batir en aquel apocalipsis posindustrial que arrasó comunidades enteras en el norte de Inglaterra. Pero ha encadenado todo tipo de trabajos desde los 16 años para salir adelante en un barrio hostil de casas idénticas en calles interminables, un paradigma de la 'working class' británica donde el cambio demográfico ha sido vertiginoso. "Same chimney pots, same little cars, same window panes", que diría Ray Davies, con el añadido del factor migratorio a un bastión blanco y cristiano. Los argumentos de Rob para ser un 'brexiter' empiezan y terminan en su visión xenófoba de la inmigración: "La tienda de la esquina era del padre de mi amigo Paul. Ahora es de un 'paki'. En todos sitios, en todo los negocios, es igual. Vas al médico y te atiende un indio, las enfermeras también son extranjeras. La sala de espera está llena de inmigrantes, saturan los servicios sociales...".
En la caótica operación para romper con la Unión Europea, la inmigración, el "control de fronteras" que prometían el populista eurófobo -pero eurodiputado- Nigel Farage, Boris Johnson -a quien el Brexit colocó en Downing Street- y el resto de la escuadra del 'Leave', siempre ha sido el elemento clave como factor de movilización social. Fue la cuestión protagonista durante el referéndum y continúa siendo un campo de acción primordial del Gobierno conservador, que tras arrebatar parte del voto obrero a los laboristas en las elecciones impondrá un sistema migratorio por puntos -en la práctica, un veto a los inmigrantes no cualificados desde 2021- en cuanto acabe el periodo de transición de once meses para negociar con Bruselas la futura relación comercial, desoyendo las repetidas advertencias de la Confederación de la Industria Británica.
La llegada "descontrolada" de inmigrantes procedentes del Este de Europa y de países musulmanes que obsesiona a parte de la sociedad británica -y el supuesto abuso de las ayudas sociales- ocupó el foco de la campaña a favor del divorcio desde sus primeros compases. Ya en 2013, mucho antes de que Reino Unido entrara en la tormenta del Brexit para acabar navegando hacia el temporal de la negociación comercial con Bruselas, el 'premier' David Cameron anunciaba medidas que obligaban a los inmigrantes comunitarios a "probar de forma genuina que buscaban trabajo" si querían cobrar el 'Jobseeker’s Allowance' (la ayuda por desempleo) durante más de 6 meses. El tipo de inmigrantes que en el imaginario de Rob Bolton y su círculo cercano -"esos polacos y rumanos"- devoran las ayudas sociales. Por aquel entonces, el UKIP liderado por Farage subía como la espuma con dos únicos puntos en su programa político: frenar la inmigración y romper con la UE. Cameron no respaldó su anuncio con datos y la BBC respondió con un estudio del Centre for Research and Analysis of Migration que aseguraba que "las ayudas del Gobierno recibidas por los inmigrantes (de República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia y Polonia) son substancialmente menores que su participación en el grupo de población, por lo que en el balance final los inmigrantes han hecho una contribución significativa al sistema fiscal británico".
Nada ha cambiado desde entonces: la inmigración sigue ocupando el centro del debate pese a que la migración neta al Reino Unido cayó hace un año a su nivel más bajo desde 2009. Mientras, más de un millón de comunitarios -el 3% de la fuerza laboral del país- se ha planteado abandonar el país por las consecuencias directas e indirectas del Brexit, entre ellos más del 50% de los médicos europeos, claves para un Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) dependiente de los sanitarios extranjeros (más del 6,5% proviene de la UE) y sumido en una grave crisis de personal. Y, sin embargo, pese a que muchos de los argumentos a favor del Brexit se han demostrado falsos -el lema de campaña de Johnson, "cada semana enviamos a la UE 350 millones de libras que se pueden destinar al NHS" era una hipérbole y Farage adornaba sus mítines con fotografías de masas de refugiados sirios-, alrededor del 48% de los británicos votaría hoy otra vez a favor del divorcio.
En la profunda brecha que ha dejado en la sociedad británica el debate del Brexit, marcado en demasiadas ocasiones por la xenofobia y el populismo nacionalista, sus creyentes no forman un rebaño unitario. Está el votante de extrema izquierda, que rechaza las "políticas neoliberales" de Bruselas, el veterano de guerra, que no soporta el poder de Alemania en el seno de la UE, o el iluso seguidor de Farage que veía en el Brexit el arma para su guerra contra las comunidades musulmanas. Sin embargo, es en los bastiones de la clase obrera, en el norte, donde se esconden sus seguidores más radicales. La ciudad de Boston es el ejemplo perfecto: un 75,6% de los votantes apoyaron el Brexit con el objetivo de limitar la inmigración. A partir de 2004, miles de personas procedentes de Polonia y los países bálticos llegaron atraídas por la demanda de mano de obra para trabajar en las explotaciones agrícolas de Fens. La crisis de 2008, que coincidió con ese pico migratorio, puso fin a las ayudas gubernamentales y el malestar de la ciudad se tradujo en un apoyo masivo al Brexit.
Votantes como Rob son los que han convertido Boston, Wakefield y otras ciudades del noroeste en bastiones del Brexit, como si tras la decepción con el Partido Laborista la ruptura con Europa fuera a hacer desaparecer los cambios de la sociedad británica de las últimas dos décadas. Los datos no convencen a quien utiliza como argumento el hecho de vivir en la que considera la "primera trinchera" del cambio demográfico. Nadie logrará persuadir a un 'white british' de Luton, una olla a presión en el extrarradio londinense donde el cierre de la Vauxhall Motors creó un problema de desempleo crónico y dependencia del Estado y donde el 25% de la población es musulmana.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios