La soberbia de la ignorancia

El advenimiento en tiempos recientes, en las esferas de poder, de políticos que cuentan con un currículum únicamente poblado de servicios a sus respectivos partidos y experiencia laboral nula, o insignificante, ha derivado en la creación de autoproclamados líderes de la modernidad en la dirección de la Administración Pública, que desconocen el esfuerzo, dedicación y trabajo necesarios para acceder a un empleo público como funcionario de carrera, no como electo cargo público.

El acceso al cargo público mediante las elecciones, si bien permite que, de forma democrática, pueda ser nombrado diputado (y por ende ministro) una persona notoriamente reconocida por sus méritos en el ámbito laboral también ampara que personas con disparatadas ideas lleguen a tan alta representación, constituyendo todo un peligro para la sociedad, pues son una bomba de relojería en cuanto al campo de las ideas se refiere.

De este modo, el poder del pueblo es tan capaz de elegir al mejor gestor, como al gestor popular o populista (en este caso con independencia de su valía o de si ha dado muestras en su carrera de altos conocimientos y experiencia para dirigir el área del Ministerio al que ha sido asignado). La “demos” griega que hemos heredado obviamente establece un sistema en el que todos podemos elegir a nuestros gobernantes, planteamiento que, en abstracto, permitirá la mejor representación de la sociedad, pues la mayoría decidirá cuál es el mejor representante de ella.

No obstante, en la práctica, la democracia queda muy afectada, en su funcionamiento y desarrollo, cuando el nombramiento del gestor que dirija determinados asuntos públicos no recae en una sensata decisión de los electores para nombrar al más capaz, sino al candidato más popular e inexperto, obviando los méritos de uno y otro.

Se advierte, por tanto, que si bien en la democracia rige el principio de la representatividad (premiar al candidato más elegido por encima de cualquier otro criterio), en otros ámbitos de la vida pública y privada el principio rector es bien distinto, primando el concepto de la idoneidad. Así, al igual que las empresas no establecen un procedimiento democrático de elecciones, entre la población activa del país, para contratar a sus trabajadores, directores, o gerentes, en la Administración Pública sucede otro tanto.

A la rebaja de nivel en las oposiciones, los gestores populistas están planteando el ascenso, sin esfuerzo ni demostración de la capacidad

Los médicos, profesores, policías, jueces, inspectores, no se eligen mediante consulta popular a todos los españoles para ver quién será el médico del pueblo, el magistrado de una provincia, o el inspector de las grandes empresas. Prima el criterio de la idoneidad, se debe acreditar, tanto en la empresa como en la función pública, la capacidad, los conocimientos y los méritos de cada persona para el ejercicio del empleo público correspondiente. Y, claro, ahí entran en juego los denostados conceptos del estudio y el esfuerzo, características claves para el desarrollo intelectual de una persona.

Será que estas ideas no interesan a los políticos gestores de una Administración Pública nutrida de funcionarios que tuvieron que estudiar y esforzarse por llegar al puesto que ocupan, pues el desprestigio que últimamente se está haciendo del mérito y la capacidad no tiene límites. Así, a la rebaja de nivel en las oposiciones, los gestores populistas están planteando el ascenso, sin esfuerzo ni demostración de la capacidad, de determinados funcionarios, empleados que serán agradecidos por el regalo de ser considerados superiores por obra y gracia de determinados políticos que desprecian el estudio y la inteligencia.

Mal caminamos en una sociedad en la que parte de los representantes elegidos democráticamente pervierten la ley para poner negro sobre blanco, que más beneficiosa y útil es la servil conducta de adular al poder para que nos ascienda, que demostrar los propios méritos de forma objetiva. Prosperarán, por tanto, quienes necesiten de ayuda mediante una ley que les bautiza como cuerpo “superior”, en lugar de demostrar los conocimientos y capacidades mediante un examen al que por temor o falta de ganas no se presentan, y asistiremos a la soberbia de la ignorancia.

Quedará, como resultado, que aquellos que aún valoran la “inutilidad” del estudio y el esfuerzo continúen defendiendo la importancia de un sistema justo, objetivo y ajeno a los intereses políticos, para el acceso al empleo público y su promoción dentro del mismo, pues, de lo contrario, imperarán el amiguismo y el compadreo, que flaco favor hacen al Estado de Derecho, en una sociedad dominada por soberbios ignorantes.