La bolsa o la vida y las licencias obligatorias

Cada día mueren en todo el mundo unas 10.000 personas como consecuencia de la Covid y se registran 500.000 infectados. Son cifras frías que calibran el drama de la pandemia con total crueldad y sin paños calientes. En Occidente, la gente muere por coronavirus esperando ser inoculada con unas vacunas que llegan con cuentagotas; en el resto del globo miles de personas perecen de sed, de hambre o por guerras cainitas antes que de la temida Covid, aunque también. La enfermedad y la muerte se cuelan en la sociedad sin dar tregua.

La economía siempre ofrece posibilidades a quienes emprenden, arriesgan o invierten. Poco importa la moral cuando lo que está en juego son cantidades ingentes de dinero. Algo así pasa antes o después de las tragedias. En la España que sobrevivió al guerracivilismo del 36 hubo personas que se enriquecieron con el ilícito estraperlo o con la chatarra, en parte proviniente de la metralla bélica. Cierto es que esos negociantes no eran empresarios al uso sino una suerte de asaltacaminos, robanecesidades y vividores natos que se sumaban al barco en cuyas velas soplaban los mejores vientos.

Una licencia obligatoria es como decir "compartes la licencia de fabricación pero te pago como si la fabricases tú"

El mundo entero está hoy en manos de los titulares de las patentes de las codiciadas vacunas contra el coronavirus. Hay laboratorios fabricando ‘matabichos’ sin parar, aunque el tiempo pasa y hay personas que mueren sin llegar a ser inoculadas con la magia de Moderna, Pfizer, AstraZeneca… En una economía de mercado como en la que vivimos, con su corte capitalista y su salpimentado liberal, la propiedad, naturalmente también la industrial, goza de todas las protecciones, con tan solo unos límites que se explicitan en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que en su artículo 95 contempla el desarrollo de licencias obligatorias por motivos de interés público mediante decreto.

¿Qué es una licencia obligatoria? Básicamente la determinación y uso de una licencia de fabricación sin contar necesariamente con el visto bueno del propietario, eso sí, siempre y cuando existan motivos suficientes y primordiales de "salud pública o defensa nacional" para pulsar el 'botón rojo'. La decisión podría obedecer, también, "a falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada [que] implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país" o bien que "las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan".

La gravedad sanitaria a nivel mundial podría llevar a los estados de Occidente a aplicar medidas como las descritas que permitan la fabricación en masa de los medicamentos que pueden bloquear a la Covid y, con ello, frenar las infecciones y las muertes. Las leyes españolas prevén todos los detalles de lo que vendría a ser una 'expropiación' peculiar, ya que "la licencia llevará aparejada una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención", reza el articulado al que se ha hecho mención. El pago de un canon, acordado o no con los titulares de los derechos, se presenta pues como obligatorio dentro del procedimiento. Algo así como "compartes la licencia de fabricación pero te pago como si la fabricases tú".

El comodín del estado de alarma clarifica cómo adoptar decisiones regionales, que a la vista de lo conocido, será un carajal

Los estados ansían la llegada de las vacunas como una palanca que permita arrancar la economía al tiempo que se detienen las consecuencias sanitarias de la pandemia. El debate sobre este asunto está sobre la mesa, también en España, donde PSOE, PP y Vox no parecen ver con buenos ojos la aplicación de una licencia obligatoria, postura que también se mantiene, al menos hasta ahora, en la Unión Europea, aunque a diario se nos trasladan mensajes sobre nuevos retrasos en AstraZeneca -por la aparición de trombos en algunos casos en personas vacunadas- y más recientemente, y por motivos similares, con la vacuna de Janssen.

Pedro Sánchez ha cometido la irresponsabilidad de poner fecha a la vacunación de los ciudadanos en toda España cuando de él no dependen factores sobrevenidos, retrasos inesperados o problemas hoy mismo impensables. El presidente del Gobierno ha vuelto estos días de nuevo a la palestra televisiva para anunciar el calendario de la Covid y que no se prorrogará el estado de alarma. Lo primero es un deseo y lo segundo un error: es imposible conocer cuál será la evolución de la enfermedad o si aparecerán nuevas cepas, más duras y resistentes. Tener el comodín del estado de alarma clarifica cómo habrá que adoptar las decisiones a nivel autonómico, que a la vista de lo conocido, será un carajal donde cada cual hará lo que mejor le parezca o convenga, según sus intereses aperturistas o restrictivos frente a la pandemia.

Respetando los derechos de propiedad y de explotación, me bulle un pronto ácrata para apalear a la temida pandemia

No es probable que el Gobierno de las dos cabezas intervenga en la producción de vacunas por interés sin asomo de duda sobre la salud general de las personas. Unidas Podemos está en la línea de recorrer el camino de las licencias obligatorias que permitirían en menos tiempo la fabricación y distribución de unas vacunas que no tienen precio, como tampoco lo tiene la vida; pero el PSOE no parece dispuesto a cruzar este río con ese puente. Observando desde fuera y respetando los derechos de propiedad y de explotación, a este que suscribe le bulle un pronto ácrata para apalear a la pandemia. Luego habrá que aflojar el bolsillo y pagar el mismo importe que nos habría costado conseguir las vacunas pero adelantando la inmunización de la población antes y fabricando en masa para los países menos favorecidos, ya que mientras haya focos de resistencia al coronavirus en cualquier lugar del globo, nadie estará seguro. Cada nuevo muerto, cada infectado más cae ya como una losa en la gestión política mundial.

En momentos clave, decisiones clave.