El futuro de la transparencia en Europa

La transparencia no es una gracia, es una obligación. Afortunadamente, sancionada en España por la ley. Una ley de largo nombre (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno), pero aún de más que mejorable implantación, a pesar de que entró en vigor en 2013.

La letra de la ley dice, con toda claridad, que “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de la acción política. Porque sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar de respuesta de los poderes públicos a una sociedad crítica, exigente y que demanda participación. Una mejor fiscalización de la actividad pública contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficiencia y eficacia del Estado y favorece el crecimiento económico”. Casi nada.

Pero sí, la ley obliga a la transparencia en la actividad pública, cosa muy distinta del exhibicionismo frívolo o insustancial. Reconoce y garantiza el acceso a la información, que debe publicarse con diligencia, ha de ser fácilmente localizable y comprensible y estar unificada. Además, establece las obligaciones de buen gobierno que han cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. En resumen: que los tres “ejes fundamentales de la acción política” no son optativos ni eludibles. Me vienen a la cabeza de forma inmediata varios casos, pero me pregunto si, por ejemplo, la alcaldesa de Móstoles tendrá alguna noticia de esto…

La pasada semana tuve el privilegio de participar en el IV Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información, que se celebró en Málaga entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre con más de 400 participantes de todo el mundo. Este Congreso, que tuvo su origen en el año 2016 en torno al Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), ha puesto de manifiesto la vibrante vitalidad de esta cuestión, y la urgente necesidad de resituarla en la cabecera de la agenda política.

¿Hacia dónde va la exigencia de transparencia pública y respeto al derecho de acceso a la información? ¿Debemos seguir hablando a estas alturas de “acceso a documentos”? ¿No debería ser prioritario preservar la fiabilidad de las fuentes oficiales de información en tiempos en que la desinformación es utilizada como arma híbrida de destrucción masiva de certezas? El cumplimiento del mandato de transparencia por parte de estas fuentes institucionales ¿no debería ser exquisitamente pedagógico y proactivo? Pedir acceso a un documento no es lo mismo que obtener información. Garantizar el acceso a documentos es una cosa: que los ciudadanos puedan encontrar la información que necesitan de forma sencilla y comprensible es otra.

Tanto la Unión Europea como la mayoría de sus Estados miembros cuentan en sus ordenamientos jurídicos con una legislación específica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Aunque ya desde 2010 tuve la suerte de colaborar en diversas iniciativas de AccessInfo y Transparencia Internacional con resultados visibles en España, mis cinco años en el Parlamento Europeo acabaron de convencerme de cuánto era posible y necesario avanzar en este sentido. En esta pasada legislatura, el impulso y los esfuerzos de ejemplarización de la Eurocámara, así como los avances de la Comisión Europea, fueron más que notables. Más allá del registro de grupos de interés para acceder a las instituciones (aun no obligatorio, pero en camino), la rendición de cuentas de cargos públicos o la extraordinaria actividad desarrollada por la Defensora del Pueblo Europeo Emily O’Reilly monitorizada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, resulta reconfortante saber que la nueva Comisión Europea ya ha incorporado un compromiso firme en este camino. La presidenta Ursula von der Leyen ha establecido marcado la transparencia y la integridad como una de sus líneas políticas clave para esta legislatura, comenzando por impulsar la creación de una unidad ética independiente común a todas las instituciones europeas e incrementar la transparencia a lo largo de todo el proceso legislativo. Además, la puesta en marcha de un Plan de Acción para la Democracia Europea, con el objetivo de afrontar las amenazas de injerencia en los procesos electorales europeos, incluirá propuestas legislativas que aseguren más transparencia en los anuncios publicitarios de carácter político y reglas más claras para la financiación de partidos políticos europeos.

El campo de acción de la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno es enormemente amplio: participación ciudadana, rendición de cuentas, gestión pública responsable, regulación de grupos de interés, responsabilidad social corporativa, protección de datos, garantía de comprensión de documentos y contratos… Su abordaje ha de ser, por tanto, necesariamente multidisciplinar: el derecho, la ciencia política, la economía, la tecnología, la comunicación y (yo creo que indudablemente) la filosofía y la ética. Pero, por encima de todo, no me cansaré de recordar los dos grandes ejes que considero vertebran su enorme poder como arma democrática: defender la verdad y luchar contra la corrupción.