Por una Ley Integral para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En estos primeros días de agosto, hemos asistido a un desproporcionado navajeo en redes y medios en relación a una campaña lanzada por la Junta de Andalucía, cuyo objetivo declarado era comunicar un mensaje de esperanza: del maltrato se sale. No voy a abundar en ello. Me parece acertada una campaña de comunicación testimonial que muestre referentes de superación: mujeres sonrientes, sí. Fuertes, poderosas, ejemplares. ¿Las hay, dispuestas a mostrarse públicamente e inspirar a otras? Desde luego. En Andalucía también. Entonces ¿por qué dinamitar la credibilidad de este mensaje reutilizando fotos de modelos ya usadas en otras campañas publicitarias? Desoladora la incompetencia de unos, bochornoso el macarrismo de otros. Dañina la falta de profesionalidad de todos.

Parece que lo anterior inspiró tanto a Compromís (coalición nacionalista-verde valenciana con 1 diputado nacional) que no dudaron en registrar una iniciativa en el Senado, en la que afirmaban que, como el machismo (sic) ha matado a mil mujeres en España, el Gobierno tendría que "declarar el estado de excepción por terrorismo machista" y, en consecuencia, "tipificar como delito la banalización o el negacionismo del terrorismo machista". Además de la futilidad política e institucional que ponen de manifiesto este partido y sus portavoces, el lenguaje utilizado me resulta moral e intelectualmente deplorable. Mulet acierta en una cosa: el lenguaje no es inocente.

Creo que no hace falta que explique aquí que los delitos de terrorismo están perfectamente tipificados a nivel nacional e internacional. Y que "violencia machista" es sólo un sintagma resultón originalmente acuñado por algunos medios en España. Aunque su uso se haya extendido (incluso hasta a algunos de nuestros legisladores), el concepto "violencia machista" no existe en ninguna ley nacional, ni tratado o convenio internacional. La denominación universalmente aceptada es violencia de género o violencia contra la mujer, según las circunstancias de las víctimas y de las características de los hechos cometidos. Para Naciones Unidas, "violencia contra la mujer" (VAW en sus siglas en inglés) es "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento". Desde mi punto de vista, éste es el marco y la consideración integral clave.

Yo me pregunto por qué no asumimos de una vez que a las víctimas hay que protegerlas, pero que el objetivo es erradicar los delitos que convierten a las víctimas en víctimas. Y la lista de delitos y delincuentes que conforman el negro catálogo de la violencia contra la mujer, incluida la de género, es larga y precisa: matan los asesinos, mutilan los mutiladores, maltratan los maltratadores, violan los violadores, acosan los acosadores, trafican con personas los traficantes…

A mí me me gustaría proponer ya, desde aquí, un plan muy concreto: convertir nuestra Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en una Ley Integral para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ley pionera que fue la LIVG de 2004 se ha quedado corta y desactualizada. Las características autoimpuestas como ley contra la "violencia de género" la hacen disfuncional y limitante. Y además es débil desde el punto de vista operativo (no ha producido los resultados deseados) y jurídico (reconoce asimetrías legales).

Necesitamos una ley elaborada con un consenso riguroso y responsable, con una definición única de conceptos. Una ley que establezca un marco de objetivos claros y que posibilite un plan estratégico dotado de los recursos necesarios. Una Ley Integral para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que debería adoptar el enfoque integral del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, de prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Esto implica incluir todas las manifestaciones de violencia contra niñas y mujeres (acoso sexual, violencia sexual, trata, matrimonio forzoso, mutilación genital femenina, aborto y esterilización forzosa, etc.). Cinco años después de su entrada en vigor, y gracias al impulso que me enorgullece haber liderado desde el Parlamento Europeo, hemos logrado avances significativos, pero no suficientes: la UE como institución ha ratificado el Convenio de Estambul, pero aún falta la última decisión formal del Consejo porque algunos Estados miembros (sí, también en esto) la han bloqueado.

Tenemos una posición de reconocido liderazgo europeo en este ámbito. Nos falta, eso sí, desarrollar estudios científicos rigurosos sobre causas, modelos y actores implicados, desligados de toda alineación ideológica. La eliminación de la violencia contra la mujer es una tarea común y universal, para la que podemos y debemos dotarnos de los instrumentos legales e institucionales precisos.