Ayuso y la censura de las redes sociales

Este miércoles nos enterábamos de que la red social Instagram (perteneciente al grupo Facebook) había censurado, tras un aviso previo este verano, una foto de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el periodista taurino David Casas -hecha en la plaza de toros de Las Ventas durante la pasada Feria de San Isidro- por, supuestamente, contener "violencia gráfica extrema".

En la auto-foto ('selfie') aparecían la presidenta y el periodista en un burladero de la plaza con sendas mascarillas: la primera con la bandera de la Comunidad de Madrid y el segundo con el logo del canal de "toros" de Movistar Plus. Lo curioso es que la misma foto, que no parece muy violenta, se eliminó del perfil de Ayuso, pero no del perfil de Casas, ni otras de éste con diversos personajes famosos.

Tras el revuelo montado por la Presidenta de la Comunidad (que retó a Instagram publicando otra foto similar con el mismo periodista y el Alcalde de Madrid y un comentario irónico: "A ver si hay suerte con esta"), la red social ha rectificado y ha restituido la foto borrada. No sabemos si con alguna disculpa y explicación de que se trató de un fallo del algoritmo, que es lo que se suele decir en estos casos.

La Libertad de Expresión y el Principio de Legalidad

Más allá de esta anécdota, que al final ha quedado en nada, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que hay que "abrir el debate sobre si hay censura o no en las redes y qué deciden las empresas". Y creo que no debemos esperar a que se produzca otro caso con un personaje famoso para hablar en profundidad de un tema que nos afecta a todos en el ejercicio del nuestro derecho a la Libertad de Expresión.

Lo que sorprende es que a muchos ciudadanos e, incluso, responsables políticos les parece bien -o mal- la censura, según de quién se trate. Y eso no puede ser. Tenemos que adoptar a un criterio neutral y objetivo de aplicación de las normas y ese criterio no debe ser otro que el principio de legalidad, que es la base de un Estado democrático de Derecho y el único límite de la Libertad de Expresión.

Por eso resulta, a mi juicio, muy preocupante que algunos representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid hayan dicho cosas como éstas: "Si las redes la retiran, no tengo nada que decir" (portavoz del Grupo Socialista) o "En este país hay un consenso claro de que las corridas de toros son maltrato animal y en Instagram no hay fotos del maltrato" (portavoz de Más Madrid).

¿Cómo que "no hay nada que decir" si las redes sociales retiran arbitrariamente un contenido? ¿Van a definir unas compañías multinacionales el contenido y los límites de nuestro derecho fundamental a la Libertad de Expresión, consagrado en la Constitución; la misma que los diputados de la Asamblea, al tomar posesión de sus escaños, juraron o prometieron guardar y hacer guardar? ¿en un cajón?

¿Cómo que "en este país hay un consenso claro de que las corridas de toros son maltrato animal"? Si así fuera, estarían prohibidos por la Ley, porque la Ley es el ‘criterio mayoritario de convivencia’ en una sociedad y en un Estado democrático. Mientras no sea una actividad y un contenido ilícito, ¿con qué derecho se borra? ¿Las normas internas de una red social están, acaso, por encima de las leyes?

Los límites de la Libertad de Expresión

Ningún derecho, ni siquiera los derechos fundamentales, son absolutos. Todos tienen límites: en primer lugar, los derechos individuales de los demás y también, el interés general de la sociedad. Y la Libertad de Expresión por supuesto que tiene límites. Pero, como dice el artículo 20.4 de la Constitución, el único límite es la Ley y, en especial, los delitos expresamente tipificados en el Código Penal.

Desde el año 2000 las redes sociales están reguladas en la Unión Europea por una Directiva (de comercio electrónico) que les exonera de toda responsabilidad sobre los contenidos que comparten los usuarios. Y les otorga una única facultad y, al mismo tiempo, les impone una obligación: la de borrar contenidos que sean claramente ilegales, cuando tengan ‘conocimiento efectivo’ de ellos (artículo 14).

Pero, desde entonces, las redes sociales han ido evolucionando y, por la vía de hecho, que no de derecho, han ido dictando normas sobre contenidos que no se pueden publicar, aunque no sean ilegales. Y lo peor no es que lo hayan hecho, animados muchas veces por los gobiernos de los países o la Comisión europea; lo peor es que los ciudadanos lo hayamos aceptado e, incluso, lo aplaudamos.

Actualmente está en tramitación en el Parlamento europeo un Reglamento de Servicios Digitales (‘Digital Services Act’, o más conocido por sus siglas: ‘DSA’) que aborda esta cuestión y que viene a legalizar la ‘moderación’ (o censura) por las redes sociales de contenidos “que sean incompatibles con sus condiciones”, aunque aquéllos no sean ilegales (artículo 2.p). Lo cual me parece muy grave.

Por eso, y más allá de la anécdota protagonizada esta semana por Díaz Ayuso, pero, en otras ocasiones, por otros personajes famosos de una y otra ideología, debemos abrir el debate sobre la Libertad de Expresión y la censura en las redes sociales y debemos defender el principio de legalidad como el único límite válido de este derecho fundamental en una sociedad y un Estado democráticos.