¿Quién controlará la ‘desinformación’ y el ‘discurso del odio’ en Internet?

Esta semana se conoció la “primera condena en España por difundir 'fake news'”, por la que un guardia civil ha aceptado una pena de 15 meses de cárcel y multa de 1.620 euros por publicar y difundir un vídeo falso con el objetivo de difamar y "fomentar, promover o incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia" contra el colectivo de los menores migrantes (artículo 510 del Código Penal).

Ayer supimos que “la justicia brasileña silencia en redes a líderes bolsonaristas por desinformar”; aunque concretamente ha sido el Tribunal Superior Electoral (una organismo similar a nuestra Junta Electoral Central) el que “ha emprendido una ofensiva contra los líderes bolsonaristas que ventilan falsas teorías sobre un supuesto fraude” y ha silenciado sus cuentas en redes sociales.

Este caso recuerda, inevitablemente, el de la suspensión de cuentas de Donald Trump, cuando todavía era el presidente de los Estados Unidos; con la diferencia de que entonces no fue una decisión de un Tribunal ni de un órgano electoral, sino de los directivos de las propias redes sociales. Decisión que, en estos días, Elon Musk ha anunciado que se podría reconsiderar, al menos, en Twitter.

También en España tuvimos un caso similar en la precampaña electoral catalana de febrero de 2021, en la que se censuró un tuit de la cuenta de Vox por el que se vinculaba la violencia en Cataluña con la inmigración. Pero no lo hizo la Junta Electoral Central, sino la propia red social. Y por eso nos preguntábamos aquí: ¿Quién manda más: Twitter o la Junta Electoral Central?

En las elecciones ‘intermedias’ de esta semana de EEUU se han vuelto a repetir los “bulos que ponen en duda la validez del voto por correo”, alentados por Trump y en España afrontamos un año 2023 con elecciones, municipales, autonómicas y generales, sabiendo que las redes sociales pueden poner y quitar gobiernos. La pregunta es: ¿quién va a controlar la desinformación y el discurso del odio?

El Coordinador nacional de Servicios Digitales

Como dijimos en la columna de la semana pasada, el 27 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Servicios Digitales, más conocido como ‘DSA’ por sus siglas en inglés (‘Digital Services Act'), que, entre otras cosas prevé que cada Estado miembro de la Unión Europea nombre un Coordinador nacional para supervisar la ejecución del Reglamento.

Estos Coordinadores nacionales de servicios digitales deben ser independientes y, por tanto, no puede realizar dicha función ninguna unidad de un Ministerio, sino que debe ser un organismo público “imparcial, transparente y autónomo”, sobre todo, a la hora de gestionar su presupuesto, debiendo poseer los recursos necesarios -técnicos, financieros y humanos- para desempeñar sus funciones.

Aunque, según la DSA, “los Estados miembros designarán a los coordinadores de servicios digitales a más tardar el 17 de febrero de 2024” (fecha de aplicación del Reglamento), sin embargo, parece que la Comisión Europea está insistiendo a los Gobiernos para que se designen cuanto antes, porque algunos artículos de la DSA, como ya vimos, comienzan a aplicarse el 16 de noviembre de 2022.

CNMC vs. AESIA

En España hay muchas ‘papeletas’ de que el Coordinador nacional de Servicios Digitales sea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, entre otras razones, porque va a ser el regulador que supervise la aplicación del otro Reglamento europeo ‘hermano’ de la DSA: el Reglamento de Mercados Digitales (o DMA por sus siglas en inglés: Digital Markets Act).

Pero antes de tomar esta importante decisión, el Gobierno haría bien en pensar si realmente la CNMC es el mejor sitio para supervisar unos servicios digitales, como son las redes sociales, que tienen más que ver con los Derechos Digitales y, especialmente, con la Libertad de Expresión y la Libertad de Información y el Humanismo Digital, que con el Derecho de la Competencia.

Y también habría que tener en cuenta que la supervisión de las redes sociales y, especialmente, de sus contenidos (como la desinformación y el discurso del odio) no se puede hacer ‘a mano’, sino que requiere el uso de la Inteligencia Artificial para poder supervisar el funcionamiento de algoritmos, tanto de moderación como de recomendación, así como la viralización mediante redes de robots.

Así, parece que tendría sentido que el rol de Coordinador nacional de Servicios Digitales lo pudiera ostentar y ejercer la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), creada en virtud de la Ley de Presupuestos para 2022 y que actualmente se encuentra en pleno proceso para la elección de su sede física, al que se han presentado 14 candidaturas.

La Inteligencia Artificial se va a aplicar, prácticamente, a todos los ámbitos de la actividad humana y la supervisión de los algoritmos que moderan, recomiendan o viralizan contenidos es uno más, pero, sin duda, nos jugamos mucho en ello y sólo con ayuda de la Inteligencia Artificial podremos controlar otras Inteligencias Artificiales que se dedican a viralizar la desinformación y los discursos de odio.