El Derecho está para resolver problemas, no para crearlos

Imaginen que antes de ponerse a jugar a un videojuego -y para poder hacerlo- no sólo le obligan a identificarse, para demostrar que es mayor de edad, teniendo que entregar su DNI y sus datos biométricos (por ejemplo, un ‘selfie’ o un vídeo), sino que le obligan a decir cuánto tiempo va a jugar y cuánto dinero va a gastar, en el caso de que se puedan comprar objetos virtuales en el interior del mismo.

Lo más probable es que desistiría de pasar un rato jugando a ese videojuego y buscaría otros (que no fueran de empresas españolas ni de la Unión Europea) en los que no hubiera tantas exigencias ni dificultades para poder acceder a él, o preferiría otras opciones de entretenimiento, como las redes sociales o, incluso, las compras por internet, en las que a nadie se piden tantos datos, previamente.

Pues ésas son algunas de las obligaciones que impone el Anteproyecto de Ley por el que se regulan los ‘mecanismos aleatorios de recompensa’ (cajas botín) asociados a ‘productos de software interactivo de ocio’ (es decir, videojuegos), que ha preparado el Ministerio de Consumo y que, desde el pasado día 1 de julio y hasta el 23 de julio, está en trámite de audiencia e información pública.

¿Por qué?

Ya explicamos en esta misma columna, hace más de un año, en qué consistían las llamadas ‘cajas botín’, con ocasión de la primera consulta pública (sin texto) que abrió la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Consumo) para regularlas. Y también dijimos que no nos parecía la mejor opción una Ley, sino un ‘Código de Buenas Prácticas’, pactado con el sector por ‘corregulación’.

Pues bien, tras 15 meses de reflexión, el Ministerio de Consumo se ha decidido a iniciar la vía legislativa, aunque, por los trámites que quedan por hacer antes de que el Anteproyecto se transforme en Proyecto de Ley (informes preceptivos) y por la misma duración de la tramitación parlamentaria, hay serias dudas de que se pueda aprobar esta legislatura, dejando aparte un adelanto de las elecciones.

Por eso, la primera pregunta que cabe plantearse, legítimamente, es ¿por qué? ¿Por qué el Ministerio de Consumo presenta una iniciativa legislativa que no es pacífica ni siquiera en el seno del propio Gobierno y mucho menos en el sector? ¿Cuál es la verdadera finalidad? ¿hacer ruido? ¿que parezca que hacen cosas? ¿Es sólo un ‘frente’ más del pulso que hay en el gobierno entre los dos socios?

Enmienda a la totalidad

Se dice en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley (IV): “Esta iniciativa legislativa cumple los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia”. ¿De verdad es necesaria la Ley? ¿No se pueden conseguir los mismos objetivos por otras vías que sean, incluso, más eficaces, proporcionales, seguras, transparentes y eficientes? ¿De verdad?

También se dice: “La industria del videojuego constituye un sector de actividad que, además de su relevancia económica y gran potencial de crecimiento, constituye una manifestación de la extraordinaria riqueza y variedad de las industrias culturales y creativas de nuestro país”. ¿Se ha pensado y sopesado el daño que, con esta Ley, se hace a la industria del videojuego de nuestro país?

No tiene mucho sentido que, mientras se intenta apoyar desde otros Ministerios (en especial, desde Economía y Cultura) a la industria española del videojuego, incluso con fondos del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, desde Consumo, por sí y ante sí, se pongan palos en las ruedas y, sobre todo, se transmita una imagen ‘problemática’ con unas medidas desproporcionadas.

La gran contradicción

La gran contradicción de esta iniciativa legislativa es que, mientras, por un lado, se reconoce que la industria del videojuego es una ‘industria cultural y creativa’ y que las ‘cajas botín’ no son un juego de azar y, por eso mismo, se excluyen de la Ley del juego (D.F. 1ª) y se propone una legislación específica, por otro lado, se coquetea durante todo el texto con su similitud con las máquinas tragaperras.

Si el Ministerio de Consumo afirma, correctamente, que no son un juego de azar, ¿por qué establece que la Autoridad de vigilancia, inspección y supervisión de todos los aspectos y estándares regulatorios, administrativos y técnicos, será la Dirección General de Ordenación del Juego, del propio Ministerio (artículo 5) y será informado de todo ello el Consejo de Políticas del Juego (artículo 4)?

Las ‘cajas botín’ no son ‘máquinas tragaperras’ y, además, existen muchos tipos que ni siquiera cumplen con la definición del Anteproyecto de Ley (artículo 3), porque no requieren "el previo pago de una cantidad de dinero o de un objeto virtual que haya podido ser adquirido con dinero, directa o indirectamente”, sino que se paga con una moneda virtual del propio juego, que se consigue jugando.

Un problema sobredimensionado y unas obligaciones desproporcionadas

Dice también la Exposición de Motivos (I): “Para estos menores es probable que el contacto con los ‘mecanismos aleatorios de recompensa’ constituya su primer encuentro con un producto en cuya mecánica de funcionamiento el azar tenga un papel preponderante”. ¿Y los sobres de cromos? ¿y las máquinas de bolas con juguetes dentro? ¿y los huevos Kinder? No es un modelo de negocio nuevo.

Bien es cierto que el entorno digital presenta unas características especiales, que hay que atender y vigilar, pero sin transmitir la idea de que es algo negativo. El problema no es que se compren cajas con premios sorpresa, ni que se hagan ‘compras directas’ de objetos digitales, sino que se hagan de forma compulsiva y, sobre todo, sin conocimiento y consentimiento de los padres, con sus tarjetas.

Pero hay formas de controlar y solucionar esos riesgos (en los poquísimos casos que se dan al año, menos de un 1%, las empresas suelen devolver el dinero), sin necesidad de imponer a todos los jugadores, incluso a los mayores de edad, unas obligaciones desproporcionadas para un problema sobredimensionado. El Derecho está para resolver problemas, no para crearlos.