OPINION

¿Fake News?, ¿Posverdad?, ¿Dónde están las demandas y querellas?

Fachada Del Congreso De Los Diputados
Fachada Del Congreso De Los Diputados
EUROPA PRESS - Archivo

Tras las recientes noticias sobre la tesis del Presidente del Gobierno, el Máster de la exMinistra de Sanidad, las grabaciones filtradas de la Ministra de Justicia y la sociedad patrimonial del Ministro de Ciencia, el Gobierno ha contraatacado en bloque con un peligroso ‘argumentario’ contra la libertad de expresión y prensa.

Primero fue el Presidente, que estaba de gira por EEUU, y después la Ministra Portavoz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes 28 de septiembre, los que aludieron a la ‘moda extranjera’ de las #FakeNews y a la ‘posverdad’ para intentar defenderse de un ataque ‘incomparable’. al Gobierno

Finalmente, la Vicepresidenta del Gobierno, ante nada menos que la Asociación de Periodistas europeos, habló sobre la necesidad de regulación de la libertad de expresión de los medios (vamos, lo que se ha llamado toda la vida la ‘libertad de prensa’), en un caso de: “si ya saben cómo me pongo, pa’ qué me invitan”.

¿Dónde están las demandas y querellas?

El Presidente del Gobierno, tras enviar burofaxes a las redacciones de distintos periódicos -para que se retractaran de las noticias publicadas sobre el supuesto plagio de su tesis doctoral- y negarse éstos a hacerlo, no presentó, que se sepa, ninguna demanda civil ni querella criminal por injurias y calumnias.

Lo mismo se puede decir de la exMinistra de Sanidad y los (todavía) Ministros de Justicia y de Ciencia. Curiosamente, el único que ha presentado una denuncia (por la publicación de las grabaciones del exComisario Villarejo en las que se oía a la actual Ministra de Justicia) ha sido el exjuez Baltasar Garzón.

Pero lo más curioso es que la denuncia ha sido por un delito contra la intimidad (revelación de secretos) y no por un delito contra el honor (injurias o calumnias). Luego, de alguna manera, con ello confirma la veracidad de dichas grabaciones, y, por lo tanto, no se les puede acusar a los medios de publicar ‘noticias falsas’.

La regulación (de los límites) de la libertad de expresión en España

Cuando la Vicepresidenta reflexionaba sobre la necesidad de regular la libertad de expresión, parece que se olvida de que ya está regulada. Desde su regulación constitucional, a la regulación penal, civil e, incluso, administrativa de sus límites. Es más, en mi opinión, hay un exceso de regulación de la libertad de expresión.

Por un lado, tenemos la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (1982), luego la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación (1984), después Ley Orgánica del Código Penal (1995) y últimamente, además, varias ‘leyes mordaza’ administrativas.

En Madrid hay una Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia, que permite multas de hasta 45.000 €; en Andalucía se acaba de aprobar la Ley de Igualdad, con multas de hasta 120.000 €; y la CNMC empieza a perseguir y multar los contenidos de odio en las radios y televisiones, con multas de has 1.000.000 €.

¿Quién protege la Libertad de Expresión en España?

Hay ya demasiadas leyes que regulan los ‘límites’ de la Libertad de Expresión, para proteger otros bienes jurídicos y derechos fundamentales (como el honor, la intimidad y la propia imagen), pero no hay ninguna ley que proteja la Libertad de Expresión (que es un derecho fundamental) frente a los intentos de censura.

Como ya he dicho alguna vez, y dado que la censura está prohibida en España (art. 20.2 de la Constitución), en especial desde instancias oficiales, y dado que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, no estaría mal que, si se pretende regular -aún más- la Libertad de Expresión, se haga para protegerla.

Ya que hay penas y multas por delitos e infracciones administrativas en relación con el ‘abuso’ o los excesos en el ejercicio de la Libertad de Expresión, ¿por qué no regular penas y multas para los que pretenden impedirla? No puede ser que no esté protegida al mismo nivel que los otros derechos fundamentales.

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