Desde la aprobación en el Senado, el 21 de noviembre de 2018, de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (que modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, permitiendo a los partidos políticos “la recopilación de datos personales vinculados a sus opiniones políticas de los ciudadanos” para usarlas en sus actividades electorales), dijimos que esta campaña sería distinta a otras.
Y en efecto lo ha sido, porque se han utilizado intensamente los medios digitales para difundir los mensajes (especialmente, cuentas de Facebook y Whatsapp); unas veces, cumpliendo todas las normas nacionales y europeas, electorales y de protección de datos, y los ‘términos y condiciones de uso’ de redes sociales, y otras, no tanto, por lo que hemos visto cómo se han cerrado algunas cuentas.
Así, en la recta final de la campaña Facebook ha cerrado decenas de páginas de la derecha radical con millones de seguidores, WhatsApp ha bloqueado el grupo de difusión de Podemos, y Twitter ha desactivado la red de cuentas falsas de apoyo a Casado. Todas han sido medidas adoptadas por las redes sociales. No conocemos ninguna orden de organismos oficiales (AEPD, Junta Electoral).
‘Fake News’ y Discurso del Odio
El escándalo de Cambrige Analytica en las elecciones de EEUU no consistió en que los partidos enviaran propaganda política, identificada como tal, por medios electrónicos, sino en utilizar los perfiles psicológicos e ideológicos de millones de usuarios de Facebook, para dirigirles ‘fakenews’ (noticias falsas) personalizadas, que aparecían en los ‘muros’ de sus cuentas y fomentaban el ‘discurso del odio’.
Algo parecido ocurrió en el referéndum británico sobre su salida de la UE (brexit) y en las elecciones brasileñas, donde, sobre todo, se viralizaron esos mensajes a través de Whatsapp. Y algo parecido ha ocurrido en esta campaña electoral en España, en la que, junto a los mensajes oficiales de los partidos, con sus logos, ha habido una guerra de guerrillas, protagonizada por simpatizantes o por robots.
De hecho, la explicación de las redes sociales por el cierre de algunas cuentas no ha sido tanto por el contenido de los mensajes (‘discurso del odio’: xenófobo, homófobo o islamófobo), sino por el haberse difundido “desde cuentas falsas y duplicadas, para crear redes enteras de falso apoyo”, como ya ocurrió en EEUU. Aunque no sabemos, por ahora, si se ha utilizado o no el famoso ‘microtargeting’.
Las mentiras de los políticos
Pero, al lado de las modernas y anónimas ‘fakenews’ -difundidas a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería- están las mentiras de siempre que difunden los políticos (‘hechos alternativos’, en el lenguaje del equipo de Trump), tanto en los mítines, como en los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), que luego se redifunden y ‘viralizan’ por los medios digitales.
En esta campaña, como en las anteriores, hemos tenido de todos los colores, aunque quizá las que más indignan son las que propaga el partido del Gobierno. Quizá porque se le supone -y exige- una mayor ‘responsabilidad institucional’, quizá porque tiene a su servicio la maquinaria de la Administración -pagada por todos- y los datos oficiales; por lo que no cabe el error, sino sólo la manipulación.
Mucho más graves que las noticias falsas que se elaboran y difunden desde una ‘granja de fakenews’ en Rusia o desde los partidos de la oposición son, sin duda, las que se elaboran y difunden desde la Moncloa, por los miembros del Gobierno. Y en esta campaña electoral hemos visto difundirlas al Presidente del Gobierno, a la Vicepresidenta, a varios Ministros y desde cuentas de organismos públicos.
Todos somos verificadores
Como reacción a los bulos anónimos y a las mentiras de los políticos, han surgido los ‘factcheckers’ (verificadores de hechos) para desmentir aquéllos o precisar éstas, contrastando las noticias y aportando datos objetivos de fuentes fiables. Figura que, en realidad, no sería necesaria, si los periodistas hicieran su trabajo; porque ésa es, precisamente, y no otra, la función y la esencia del periodismo.
Hay verificadores neutrales (como Maldito Bulo), pero también -y cada vez más- departamentos de verificación en casi todos los medios, que, en vez de verificar sus noticias antes de publicarlas, se dedican a ‘verificar’ lo que dicen los políticos. Pero la selección que hacen de lo que verifican y, sobre todo, a quién verifican, hace sospechar que están muy influidos por el sesgo o línea editorial del medio.
Por eso, la pregunta que muchos se hacen es ¿quién verifica a los verificadores? Y la contestación tiene que ser: nosotros. Todos nosotros somos verificadores. La gran virtud de las redes sociales, en que se difunden esos bulos y mentiras, es que también permiten contrastarlas (si se quiere), porque somos miles de ojos y hay expertos en todos los temas. Nunca antes tuvimos ese poder. Usémoslo.
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