Pep tiene razón: nos puede pasar a nosotros

Pero no “por dar una opinión”. Ni “por pedir votar”. Afortunadamente estamos en un país democrático, en el que hay libertad de expresión para todas las IDEAS. Sino por cometer ACTOS que están tipificados en el Código Penal como delitos.

Así que Pep tiene razón. Nos puede pasar a cualquiera… que cometa un delito. Con independencia de que seamos políticos o no. Pues la Justicia debe aplicarse a todos. ¿O es que alguien defiende lo contrario?

Y no vale ese ‘buenismo victimista’ de decir que “no han tirado un papel al suelo, ni han roto un cristal”, porque hasta los Letrados del Parlament les advirtieron de la responsabilidad penal de tramitar ciertos ‘papeles’ y de romper la legalidad.

Dicen que la Juez Lamela, aparte de independiente, discreta, trabajadora, con más de 30 años de experiencia, está muy comprometida con la modernización de la Administración de Justicia.

Imaginemos la aplicación -algún día- de Inteligencia Artificial en los Juzgados, que no mire quiénes son los acusados y se limite a comprobar si se cumplen los supuestos de hecho y a aplicar las consecuencias previstas en las leyes.

No sería posible influir en ella, ni criticar que actúa por motivaciones políticas. Pero sus decisiones obviamente seguirían sin gustar a los perjudicados por ellas. Que podrían recurrirlas, aportando argumentos jurídicos.

¿Alguien piensa que se hubiera dado un resultado distinto?, ¿hubiera sido mejor esa decisión si la hubiera tomado una máquina?, ¿se hubiera respetado más esa decisión que la decisión de una ‘inteligencia natural’ con 31 años de experiencia?

En todo Estado de Derecho se puede discrepar de un auto y de una sentencia. Para eso están los recursos. Pero lo que es inadmisible es la presión y la falta de respeto a los Jueces, que son un pilar esencial de toda democracia.

Sorprende que la alcaldesa de Barcelona critique, por un lado, la supuesta falta de separación de poderes en España y, por otro, exija al Gobierno que ponga fin a decisiones judiciales represivas. ¿En qué quedamos?

Algunos dicen que no es una contradicción, porque, como parten del ‘axioma’ de que en España no hay separación de poderes y que los Jueces actúan siempre al dictado del Gobierno, por eso se le exige a éste que ‘pare’ a la Juez.

Pero si creen que está habiendo interferencias políticas, ¿no es más lógico pedir que cesen éstas?, ¿o piensan que es legítima la presión política (la suya) para que una Juez no aplique la Ley a unos ciudadanos, por el hecho de ser políticos?