El coste económico de ETA: los depredadores del País Vasco

En 2009, la cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid dirigida por Mikel Buesa publicó un informe del coste económico de ETA desde 1993 a 2008 en el País Vasco. 

El coste fue de 1.377 millones de euros: 17,8 millones en daños personales, 67 millones en pensiones extraordinarias,  436 millones en daños materiales, y 856 millones en los costes que derivan de aumentar la seguridad y proteger a bienes y personas.

Pero ese coste solo se refiere a un periodo de ETA. No incluye desde el primer atentado en 1968. Tampoco el coste moral, que tiene implicaciones económicas pues las familias quedan pulverizadas y deprimidas, incapaces de trabajar o de mantener sus negocios con ese ánimo. Muchas huyeron. 

A todo eso hay que añadir el expolio de ETA a empresarios con su impuesto revolucionario, y la succión de ayudas y subvenciones que sus organizaciones camufladas en organizaciones sociales obtuvieron del Estado. De lo cual se infiere que el coste económico de ETA ha sido mucho mayor. Casi nadie ha hablado de esto.

ETA ha sido una organización depredadora que ha golpeado al pueblo que supuestamente pretendía defender. El PIB del País Vasco ha sido menor del que habría sido si no hubiera existido esa organización criminal.

En el comunicado que publicó la banda hace unos días no menciona en ningún momento su culpabilidad económica. Tampoco lo hizo en el comunicado emitido días antes, en abril, donde pedía perdón.

Ese inmenso coste económico lo han tenido que pagar sobre todo los vascos. ¿Va a quedar impune? Cuando un banquero o empresario defrauda en impuestos, gestiona mal o causa un mal económico a la sociedad, tienen que presentarse a la justicia. Es lo que muchos han exigido a aquellos que tuvieron un papel destacado en la crisis financiera de 2008, ¿no?

Ahora les toca el turno a ellos: a ETA. Aparte del castigo que merecen por criminales, habría que añadir el impacto económico que causaron al País Vasco y al resto de España con sus atentados, sus asesinatos y sus amenazas.

Ese informe que menciono al principio se colgó de la página web de la Ertzaintza y el texto que lo acompañaba decía lo siguiente: “Miles de millones de euros en destrozos, la caída de la inversión, el cierre o traslado de empresas y la pérdida de cientos de puestos de trabajo son algunas de sus fatales consecuencias. Resulta casi imposible cuantificar cuántas escuelas, hospitales, geriátricos y obras sociales no se han realizado por los costes económicos ocasionados por ETA, así como por la ingente cantidad de recursos destinados a paliar sus consecuencias”.

ETA ha sido una banda depredadora. Esquilmó a su tierra año tras año. “La economía depredadora de guerra en el País Vasco ha conducido a una pérdida de riqueza que excede en mucho al coste directo de la muerte y la destrucción”, dice el informe de Mikel Buesa.

Ese quebranto no se debe olvidar. Para ETA ha sido muy fácil manifestar la conclusión de su actividad política. Pero en los países civilizados las deudas se pagan. Los responsables políticos y los activistas de ETA tienen ahora que reconocer esa deuda económica con su propio pueblo.