Por qué el golpe de Estado lo dio Maduro en enero al proseguir por la fuerza su mandato

El mandato de Maduro expiró el 10 de enero pasado, y a partir de ese momento dejó de ser presidente legítimo. ¿Por qué? Porque en 2018 se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela, pero las garantías fueron ínfimas ya que no se presentó ningún candidato de la oposición reconocida, no hubo observadores internacionales de prestigio, y hasta la empresa que realizó los recuentos afirmó que había habido un millón de votos sospechosos

De forma que Maduro salió elegido de forma ilegítima. La Unión Europea, Estados Unidos y muchos países de América Latina no reconocieron su renovación.

El mecanismo que se puso en marcha a partir del fin de mandato (que Maduro no reconoció) fue el que establece la Constitución venezolana. El presidente de la Asamblea legítima, Juan Guaidó, se proclamó presidente “encargado”, hasta que se convocaran elecciones democráticas y con garantías. Mientras tanto, Guaidó denunció que el poder estaba siendo usurpado por Maduro. Era un golpista. Según el diccionario panhispánico de dudas, un golpe de Estado es “la usurpación violenta del gobierno de un país”.

A escala internacional Guaidó fue reconocido como presidente legítimo (aunque fuera interino) por más de 50 países, entre ellos España, Estados Unidos, y la mayor parte de los países de Latinoamérica.

Sin embargo, Nicolás Maduro se atrincheró en el poder empleando la fuerza de las armas, con lo cual, técnicamente, dio un golpe de Estado que se mantiene vivo desde entonces.

Maduro ha encarcelado disidentes, ha eliminado enemigos políticos, ha perseguido a la prensa, ha torturado a sus opositores y está usando al Ejército para sostenerse en el poder. En el mundo del derecho, esto se llama golpista. Y por si cabían dudas, antes de las elecciones fraudulentas de 2018, Maduro maniobró para no reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela salida de las urnas de forma legítima en 2015. No solo no la reconoció despojándola de todo poder y otorgándoselo al Tribunal Supremo, sino que además creó su propia Asamblea paralela (la llamó Constituyente) en 2017 en unas elecciones tan tramposas que solo se presentaron partidarios del chavismo. Por supuesto, no fue reconocida por la UE ni por Estados Unidos ni por los países más influyentes de América Latina además de Canadá.

“Nicolás Maduro pasó de ser el presidente legal a golpista al no respetar las exigencias constitucionales de elecciones libres, crear instituciones legislativas al margen de la Carta Magna e intervenir groseramente en el Poder judicial”, dijo en febrero de este año en una tribuna de opinión, Araceli Mangas Martín, Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.

Es cierto, como seguía diciendo la académica, que hay muchos disparates en la situación de Venezuela y que Guaidó se ha convertido en un dolor de cabeza para los juristas. Pero lo que nadie puede discutir es que desde 2013, el responsable de la situación de Venezuela es Nicolás Maduro, y que su mandato ha derivado en la mayor crisis humanitaria de la historia de América Latina. Lo que hicieron los gobiernos de los países occidentales en enero, ante la proclamación de Guaidó, fue reconocerle de inmediato porque la situación humanitaria era y es insostenible, y había que tomar partido.

Tres millones de personas han tenido que salir del país porque literalmente se mueren de hambre, y muchos han muerto en los hospitales por falta de medicinas, insumos, y ahora, por falta de luz.

Con unos índices de popularidad muy bajos, Nicolás Maduro solo se mantiene en el poder dictatorialmente por el uso de las armas y porque ha logrado que los altos mandos del ejército estén a su lado. Ha armado hasta los dientes a los colectivos de paramilitares que siembran el terror por el país, y ha creado unas milicias para neutralizar a sus enemigos. Eso se llama usar la fuerza en beneficio propio y de forma ilegítima. Golpe de Estado.

Maduro no resistiría unas elecciones con garantías, y no se sometería a ellas a menos que tuviera la seguridad de manipularlas, como ha hecho con los comicios desde 2017. De hecho controla el Consejo Nacional Electoral, como controla el Supremo y a la Asamblea Constituyente ilegítima.

Cuando analistas y políticos hablan de que solo existe la solución del diálogo, dicen lo mismo que Maduro: está dispuesto a dialogar. Es lo que ha estado haciendo todos estos años para marear a la oposición. Pero al terminar el diálogo, sigue haciendo lo que quiere: perpetuarse ilegítimamente en el poder.

Guaidó, como presidente legítimo, ha convocado a todos los venezolanos a manifestarse este 1 de mayo en contra de Nicolás Maduro. Eso no es un golpe de Estado. Lo que nadie sabe son las consecuencias que puede traer un enfrentamiento con las fuerzas armadas, si finalmente deciden defender a Nicolás Maduro, a pesar de que ha usurpado el poder y ha dado un golpe de Estado desde el 10 de enero pasado.