Opinión

Las claves del reglamento comunitario que regula el Fondo de Recuperación

Bruselas cree que España liderará la recuperación económica en la UE
 
Entró en vigor el Reglamento por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Hace tan solo unas semanas entró en vigor el Reglamento por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un fondo europeo dotado con un total de 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la Unión Europea. Con este mecanismo desde las instituciones europeas se espera mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas estén mejor preparadas para las transiciones ecológica y digital.

Su contenido parece haber pasado desapercibido, aunque incluye elementos claves para entender cómo se gestionará el dinero (por ejemplo, se incluye una cláusula de retroactividad y los proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020 podrán también ser subvencionables). Es por ello por lo que resulta de especial relevancia resumir cuáles son los elementos fundamentales que no podemos perder de vista de este Reglamento.

El primer elemento para tener en cuenta es la importancia del Semestre Europeo, poco conocido fuera de la burbuja europea. Centrado en los seis primeros meses del año, este ciclo de coordinación permite que los Estados miembros ajusten sus políticas presupuestarias y económicas a los objetivos y normas acordados a escala de la Unión. Por ello, las prioridades nacionales de reformas de los planes de recuperación se determinan en el marco del Semestre Europeo. Y siguiendo con el calendario, una de las fechas clave a marcar será el próximo 30 de abril, ya que los Estados miembros deben presentar de manera oficial sus planes nacionales para la recuperación a más tardar en ese momento. Deberán hacerlo en un único documento integrado junto con su programa nacional de reformas. Si el plan nacional no cumple con los criterios establecidos, no se asignará contribución financiera alguna al Estado miembro de que se trate.

Además, lo primordial para poder garantizar la llegada progresiva de los fondos será que esta hoja de ruta de reformas nacionales propuesto por cada Estado se cumpla, respetando los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación, cuya evaluación debe haber recibido la aprobación del Consejo. Asimismo, los Estados miembros deberán informar dos veces al año, en el marco del Semestre Europeo, de los avances logrados en su ejecución.

En este sentido, el Reglamento establece que la Comisión elaborará un cuadro de indicadores que mostrará los avances en la aplicación de los planes nacionales de cada país en cada uno de los seis pilares establecidos en el Reglamento como ámbitos políticos de importancia. Estos pilares son, en primer y segundo lugar, la transición ecológica (para la cual se deben destinar un 37% de los fondos) y la transformación digital (que debe contar con un 20%), objetivos primordiales para la Europa del mañana. En tercer lugar, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (pymes) sólidas. En cuarto lugar, la cohesión social y territorial. En quinto, la salud y la resiliencia económica, social e institucional, con miras a, entre otras cosas, aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis. Y en sexto y último lugar, las políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades.

Uno de los aspectos que más preocupa en este momento es cuándo llegará el dinero a los países para poder arrancar la implementación de los planes, teniendo en cuenta los plazos es posible que haya que esperar, al menos, hasta este verano para recibir el primer tramo. El Reglamento prevé varias posibilidades de prefinanciación, y es que la Comisión Europea podrá hacer un pago adelantado por un importe de hasta el 13% de la contribución financiera y un 13% del préstamo a solicitud del Estado que lo requiera hasta el 31 de diciembre de este año. El ejecutivo europeo realizará el pago en un plazo dos meses. Se prevé al mismo tiempo que los países reciban el 70 % del importe disponible para las ayudas financieras no reembolsables a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y el 30% restante entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Para que la Comisión pueda empezar a destinar préstamos a los países provenientes del Mecanismo, es necesario que los 27 Estados miembros ratifiquen la Decisión sobre los nuevos recursos propios de la Unión. Estos recursos, que forman parte del presupuesto a largo plazo para los próximos años, permitirán financiar parte de la subida del techo de gasto europeo. Hasta el momento de publicación de este artículo, son nueve los países que ya han finalizado este proceso: Bulgaria, Malta, Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal, Francia, España e Italia. Rumanía es el primer país del bloque que está encontrando dificultades para sacar adelante el apoyo necesario en su parlamento, después de que el Partido Socialdemócrata anunciara hace unos días que no apoyará la votación si su Gobierno no presenta antes al Parlamento el plan nacional de recuperación.

Una nueva complicación que se suma a todo esto es que Hungría y Polonia recurrieron el jueves, 11 de marzo, la condicionalidad de este Reglamento y el acceso a los fondos europeos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El gobierno polaco asegura que la norma no tiene una base legal en los tratados, interfiere con las competencias de los Estados miembros e infringe el derecho de la UE. Todo ello motivado por la cláusula de cumplimiento del Estado de Derecho que se aplicará de forma "objetiva, justa e imparcial" a todos los países. Este recurso supondrá un retraso en la presentación de las directrices para guiar a los Estados en la aplicación del Reglamento por parte de la Comisión que como ya aseguró en diciembre cuando se cerró el acuerdo con el Consejo, no las finalizará hasta que el Tribunal emita una sentencia. Aún queda un trecho por recorrer para la llegada de los fondos y España está a la cabeza en la lista de países con un escenario favorable en el medio plazo. Y es que, aunque la meta esté cerca, la carrera aún no ha acabado, y parece que todavía se pueden encontrar obstáculos en el camino que dificulten el lograr cumplir con los plazos.

* Carolina Serrano es consultora de European Public Affairs en la oficina de Atrevia Bruselas.

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