Recordaba Pedro Sánchez durante su intervención este martes en el Congreso que ya habían pasado once meses desde que Rusia invadiera Ucrania. Lo apuntaba tras la convalidación del decreto de medidas anticrisis aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2022, que se había diseñado para tratar de ‘paliar’ los efectos de la guerra. Un documento ‘omnibus’ en el que además de los cambios en el IVA o las ayudas para los carburantes se introducía también una simplificación de las autorizaciones medioambientales de los proyectos de renovables.
Aunque en apariencia la necesidad de avanzar en el despliegue de estas infraestructuras crea consenso la realidad es que fue un punto que generó tensiones dialécticas y políticas. Durante el pleno, partidos como el BNG o Teruel Existe se quejaron de la inclusión de esta medida en el decreto y el segundo incluso votó en contra.
“Los fondos de inversión extranjeros están viendo la España vaciada como un territorio a expoliar sin límite, con mayor permisividad ambiental y administrativa para megaproyectos eólicos y fotovoltaicos, y en el que pueden obtener mayores beneficios que en otros países europeos en los que un 25% o un 30% de los beneficios son para el territorio”, señalaban en una nota de prensa.
“El Gobierno está vendiendo a precio de saldo todo su medio rural sin respetar nada, con el beneficio de grandes empresas ajenas al territorio y fondos de inversión”, añadían los de Teruel Existe.
El despliegue de renovables por la geografía española está salpicado por una cierta apariencia de caos, no sin enemigos, y esto sin que la eólica marina sea más que un germen todavía. Las administraciones han dado un acelerón en los dos últimos meses para evitar que caducaran proyectos a los que les faltaba el aval medioambiental, como le hemos ido contando desde La Información. Y la reforma de la regulación, ahora simplificada, aceleraría el proyecto verde de Frans Timmermans y Ursula von der Leyen; o eso es lo que defiende el Gobierno. Porque los detractores de la medida denuncian que iría contra del reglamento recientemente aprobado por la UE.
Uno de los hándicaps que resolvería es que un proyecto de renovables viniera acompañado de un escrache del ecologismo. Esta amenaza habría podido ser la culpable de que en algunos casos los plazos de aprobación se dilataran, con el riesgo de que se quedaran incluso en la cuneta. Pocas cosas son neutras y el objetivo de reducir el volumen de emisiones -ahora hemos pasado a algo menos filantrópico como rebajar el precio de la electricidad y la independencia de Rusia- cuenta con otros costes porque impacta (y bastante) en el entorno y las áreas en las que se instala. No solo en el paisajismo, sino también la biodiversidad y la preservación en muchos casos de la riqueza rural.
Da la impresión de que en el futuro inmediato se fomentará lo primero (la industria verde es la única con la que reivindicamos desde España nuestro liderazgo) y sin que sea por culpa de nuestros políticos, ya que es una ‘orden’ cursada desde Bruselas, que se ha convertido en emisora de bulas papales y en la coartada de algunas administraciones públicas para lavarse las manos con decisiones que pueden ser polémicas de por sí. Pero las bulas se modifican y las encuestas también. Por ahora, según el CIS, el cambio climático es la preocupación número 12 para los españoles, pero con tan solo un 7% de la población eligiéndolo, no parece que su posición esté asegurada de cara al futuro y los ánimos políticos a veces son volátiles.
Con las renovables y la transición climática se está produciendo una mezcla de oportunidad de negocio (las cifras de inversión son millonarias), moralismo y postureo, donde la combinación de un factor y otro pueden condicionar hacia dónde nos inclinamos. La Unión Europea está defendiendo como nunca su Green Deal, pero esta obsesión es revisable (la guerra en Ucrania ya la ha alejado del fundamentalismo climático con su guiño al gas como energía verde) y un giro político probablemente provoque un paso atrás desde otros sectores.
De acuerdo con el informe anual que publica ShareAction, una entidad activista ESG con sede en el Reino Unido, a pesar de los excesos de ‘climatofilia’ de la COP 26, los inversores institucionales fueron menos activos apoyando con sus votos propuestas climáticas que en la temporada previa a la cumbre. 'Greenwashers', denunciarían algunos. En las juntas de 2022, Rusia ya había entrado en Ucrania y presionar a las empresas para que se comprometieran con el cambio climático había dejado de ser un mero tema de compromiso ESG para convertirse en un movimiento con tintes políticos y escrutado ahora con esa visión.
Según los datos de la ONG, las firmas norteamericanas, que son además las más grandes por activos del mundo, pero que se desenvuelven en un ambiente en el que la lucha contra el cambio climático genera menos consenso que en Europa (demócratas y republicanos cuentan con visiones muy distintas al respecto), redujeron su apoyo a propuestas climáticas y sociales en las juntas de accionistas.
De media, BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments y State Street apoyaron un 20% de las resoluciones, frente al 32% de la temporada de 2021 y fueron más conservadores que los dos mayores asesores de voto del mundo, ISS y Glass Lewis, que habían recomendado respaldar un 75 y un 42%, respectivamente, de los puntos presentados a votación en junta. Un paso atrás sobre el que el primero previno, considerando que las circunstancias geopolíticas le obligaban a ser más exigente con las propuestas de terceros que respaldaban.
El sector energético fue el que se vio más favorecido por este paso atrás. ShareAction pone como ejemplo a BlackRock, cuyo apoyo a propuestas medioambientales en esta industria cayó del 72 al 16% entre 2022 y 2021.
Por el contrario, los inversores europeos parece que interpretaron la guerra en Ucrania de una manera muy diferente -alineada con el ‘establishment’ político donde el rechazo al cambio climático es menor al que se ve al otro lado del Atlántico- y fueron más activas en su apoyo a las resoluciones climáticas y sociales que la temporada anterior, al pasar del 69 al 81% de apoyo de media. ¿Habría sido esta su actitud con una Europa tan dividida respecto al recorte de emisiones como Estados Unidos?
La respuesta durante años se le ha atribuido a Groucho Marx. “Damas y caballeros. Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros”. Más o menos como lo que hemos visto toda la legislatura.
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