Autonomía financiera de los Ayuntamientos frente a 'la nueva política'

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un instrumento trascendental, políticamente hablando, para el municipalismo, para las entidades locales -ayuntamientos y diputaciones- y nuestra capacidad de llevar a cabo inversiones, de reactivar económicamente nuestros pueblos y ciudades en este ejercicio 2018 y en 2019. Trascendencia política que llega de la mano de una medida relativa a la reinversión del superávit en inversiones financieramente sostenibles, acordada en el último mes por el Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias.

¿De que hablamos? En estos días de marzo estamos cerrando las liquidaciones de todos los presupuestos municipales correspondientes al ejercicio 2017 y una vez más -y lo será por sexto año consecutivo- hemos hecho nuestros deberes. El Ministerio de Hacienda ha publicado los datos de cumplimiento por parte del conjunto de las administraciones públicas del objetivo del déficit, reduciéndolo al 3,07% del PIB. Para ello, las administraciones locales aportamos un 0,59% del PIB; en torno a 6.812 millones de euros de superávit al cumplimiento del déficit público de nuestro país. Sin embargo, las diputaciones y los ayuntamientos españoles teníamos hasta el pasado viernes un problema para poder reinvertirlos: la falta de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados y en vigor.

Y quiero detenerme en este punto. El juego de las mayorías que tenemos en la actual Legislatura hace que sea responsabilidad de los partidos que conforman el arco parlamentario, por muy en la oposición en la que estén, garantizar el normal funcionamiento de las administraciones locales. Administraciones a las que ninguna opción política niega, por otro lado, nuestra autonomía respecto al resto de las administraciones, de hecho blindada desde la propia Constitución. Sin embargo, aquellos que tenemos la responsabilidad de dirigir un ayuntamiento -pequeño, mediano o grande- de cualquier partido, tenemos una extraña sensación: esa tan citada autonomía municipal se ve absolutamente olvidada cuando se paralizan unos Presupuestos Generales del Estado como arma electoralista y de bloqueo político hacia el que gobierna en minoría. Y nos perjudica porque nos impide la reinversión de esos superávit y, por tanto, mejorar calidad de vida de los vecinos de todos los municipios españoles, vivan donde vivan.

El superávit que hemos alcanzado en nuestras haciendas no ha sido fruto de la casualidad, sino de una gestión eficiente y de la aprobación de un conjunto de normas y medidas legales que se han puesto al servicio de alcaldes y concejales para poder superar una de las peores crisis económicas que los españoles hemos sufrido hace casi ya una década. Líneas de gestión política como no gastar más de lo que ingresamos o evitar duplicidades tienen mucho que ver en el resultado, que responde a un cambio de planteamientos a la hora de gestionar el dinero público en la senda de una estabilidad presupuestaria.

El bloqueo de las herramientas políticas fundamentales para las administraciones locales tiene nombre y apellidos: todos aquellos que no facilitan mediante una negociación seria y responsable unos Presupuestos Generales del Estado. Y la búsqueda de acuerdos para desbloquear la situación, también: Gobierno de España -a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- y la Federación Española de Municipios y Provincias con el acuerdo por unanimidad de todos los partidos políticos que la conformamos, que hemos trabajado y negociado juntos con altura de miras y pensando únicamente en el interés general.

Y la respuesta, con rapidez y eficacia, ya se encuentra en el BOE desde el pasado sábado: el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que nos habilita la reinversión del superávit con la ampliación de inversiones financieramente sostenibles que les propusimos desde la FEMP, siempre que no entraran en contradicción con la Ley Orgánica de Estabilidad. De este modo se podrán hacer inversiones en infraestructuras educativas, culturales, sociales, deportivas... en gestión de residuos, seguridad y protección civil; y en equipamiento de dependencias municipales, vehículos para distintos servicios públicos, etc. Éste era el núcleo principal de nuestra propuesta, de una solicitud que nos permitirá llevar adelante proyectos de bienestar para nuestros municipios y que además van a contribuir a generar empleo.

Sin duda ha sido una iniciativa y una negociación de la que deberían tomar nota los de “la nueva política” y el resto de los partidos que hacen oposición poco útil a los españoles. Hay otros caminos para las políticas e inversiones locales, como lo hemos demostrado con lealtad y responsabilidad. Ha sido una negociación llevada a cabo desde la unidad del municipalismo en protección del bienestar de nuestros vecinos, con consenso y acuerdo interno en la FEMP y diálogo en defensa del interés general con el Ministerio competente en la materia.