Los retos locales: estabilidad presupuestaria, plusvalía urbana y nueva financiación

Los ayuntamientos y el conjunto de las entidades locales cerramos 2017 desde el análisis macroeconómico de cumplimiento con España y con el conjunto de los españoles, con nuestros vecinos. Nuestro papel como gestores este año que ya hemos cerrado ha sido nuevamente clave, como en los últimos cinco ejercicios presupuestarios, sin embargo su trascendencia será superior: seremos claves para que en 2018 España salga del control especial presupuestario de Bruselas por primera vez tras nueve largos años.

La Comisión Europea nos aplicó a España esta espada de Damocles en 2009, tras el fuerte déficit en que empezaba a incurrir el Gobierno de Zapatero. Medidas que a finales de 2011 heredó el Gobierno de Rajoy, como consecuencia de un déficit del 9,2 % -el triple del permitido por la UE- que recibió como legado envenenado. El llamado procedimiento de déficit excesivo, senda de corrección del déficit público impuesto por la Comisión Europea, nos ha sometido a España a la vigilancia de la UE y conllevado el tener que presentar planes continuos de ajuste de déficit bajo riesgo de sanción en caso de incumplimiento.

A la reconducción del déficit le siguen la de la deuda pública (España roza el 100% del PIB) y el control del gasto público a través de la regla que se aplica en la UE. También en ambos hemos dado la talla, cumpliendo los objetivos que se nos han requerido dentro del conjunto de las administraciones españolas. Hasta ahora toda la atención se ha centrado en el primer eje, como consecuencia del abultado déficit que heredó Mariano Rajoy en plena recesión económica, pero no olvidemos que los tres pilares de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 son el control del déficit, de la deuda pública y del gasto público. Y en los tres los ayuntamientos y diputaciones somos claves y cumplimos; lo que nos hace merecedores del reconocimiento ante los ciudadanos del papel que desde la responsabilidad estamos desempeñando, donde lejos de ser el problema de la administración pública española estamos siendo protagonistas de la solución.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ya avanzaba el último trimestre del 2017 su confianza en que el indicador de déficit se situaría por debajo del 3% del PIB, con lo que auguraba el abandono del procedimiento de déficit excesivo en 2018. Momentos en que nuestro Gobierno ya reconocía estar acariciando la salida del control especial de Bruselas tras la mejora del saneamiento de las cuentas públicas hasta noviembre. El déficit del Estado alcanzó hasta finales de noviembre de 2017 el 1,56% del PIB, un 35,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. En millones de euros, el déficit asciende a 18.217 millones, según un comunicado oficial del Ministerio de Hacienda.

BBVA Research, en su informe del Observatorio Fiscal correspondiente al cuarto trimestre, también apuntaba este escenario de cumplimiento gracias a la recuperación económica, la menor carga de intereses y la moderación del gasto en pensiones. Un escenario en el que destaca para el cumplimiento del sector público el papel que juega un esperado superávit de las corporaciones locales del 0,6% del PIB.

Y el balance realizado por el presidente Rajoy el pasado viernes lo ha confirmado. El año 2017 se ha cerrado con un crecimiento del PIB en el entorno del 3,1%; y ya son tres años consecutivos creciendo al 3%, con lo que ha recuperado el nivel de PIB previo a la crisis y dos terceras partes del empleo perdido, con la creación más de 2 millones de empleos en los últimos 4 años. Balance en el que ha marcado el horizonte para nuestra economía que crecerá a una media del 2,5% hasta 2020 y en el que la tasa de paro se reducirá hasta el 11%. Confirmando que España saldrá del Procedimiento de Déficit Excesivo en 2018, que podremos estar cerca del equilibrio presupuestario en 2020 y el superávit por cuenta corriente se mantendrá en torno al 2%.

Con este escenario que nos deja el 2017 y que se augura para el 2018 las entidades locales nos planteamos como buenos propósitos para el nuevo año afrontar los siguientes retos: la mejora de la Ley de Estabilidad Presupuestaria -con la tan traída y llevada regla de gasto-, la reforma de la financiación de las administraciones públicas y la reforma del llamado popularmente Impuesto municipal de Plusvalía.

El primero de ellos desde el grupo de trabajo conformado el pasado mes de julio en la Comisión Nacional de Administración Local, conformado por el Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para analizar la regla de gasto y flexibilizarla una vez que ya no estemos bajo el control de un procedimiento de déficit excesivo.

El segundo de ellos, abordando la reforma de la financiación local de manera paralela a la reforma autonómica. No puede ni debe afrontarse una sin la otra. Buscando un marco que, sin incrementar la presión fiscal al ciudadano, mejore, desde la adecuada delimitación del ejercicio de las competencias propias e impropias de las entidades locales, el adecuado reparto de los recursos económicos entre las distintas administraciones públicas.

Y el tercero de ellos, la urgente y necesaria reforma del Impuesto de Plusvalía que dé seguridad jurídica al vecino como contribuyente y a los ayuntamientos como responsable del mismo ante la Sentencia del Tribunal Constitucional el pasado año. Es un asunto avanzado y en el que el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España debiera garantizar el consecuente respaldo parlamentario para su aprobación por el legislativo.

Sin duda buenos propósitos para decir ¨Hola¨ al 2018, todos ellos con un único fin: Dotar de las herramientas a los municipios para garantizar los servicios públicos que nuestros vecinos precisan y demandan, desde la responsabilidad de saber que la garantía son las administraciones eficientes, solventes y saneadas, que no gastan más de lo que ingresan, ni se endeudan por encima de sus posibilidades.