Los pensionistas del futuro también importan

Uno de los debates de máxima actualidad está siendo el de las pensiones. Debate en el que nadie puede poner, ni pone, en duda el que los actuales pensionistas merecen el mejor tratamiento. ¡Faltaría más y no seré yo quien lo cuestione sino todo lo contrario! Máxime en la antesala de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que, en un escenario de crecimiento económico y de creación de empleo, recogen el incremento de las pensiones por encima del IPC: un 1,6% con carácter general, un 3% las mínimas y no contributivas, y un 7,6% las de viudedad más bajas.

Sin embargo, sí creo necesaria una reflexión con mirada larga, para no centrar el debate de las pensiones sólo en su presente sino en el futuro. Es innegable que hay que manejar el concepto de Justicia para hablar del derecho de los actuales pensionistas; pero hemos de ampliarlo teniendo en consideración los derechos de las futuras generaciones y, por tanto, dar cabida al deber de la sostenibilidad del sistema. Que las urgencias del presente no tapen la importancia de la realidad demográfica que nos desafía y que marca el interés general.

El interés general no es la voluntad concreta de los electores, sino desde la responsabilidad afrontar una realidad inter-temporal. Es este concepto el que justifica proyectos a largo plazo, inversiones o acuerdos estructurales; también los grandes proyectos en materias como la educación, las infraestructuras, el sistema de pensiones, la política energética, la reforma de las administraciones, etcétera. Para atender a éstos y otros asuntos similares se requiere otra configuración de la voluntad política, y en otro registro temporal que complemente el ritmo electoral.

Cuando hablamos de temas, de políticas en definitiva, que afectan a la solidaridad intergeneracional tenemos que hacernos de manera sincera algunas preguntas: ¿Tenemos por protagonizar el presente más derechos que los niños de hoy? ¿que los hijos y los nietos de quienes hoy cotizamos o percibimos pensiones? Si no nos planteamos esta cuestión al afrontar el complejo debate de las pensiones y su sostenibilidad corremos el riesgo de cambiar el principio de legar un mejor mundo a las futuras generaciones por que sean estas generaciones, que incluso hoy carecen de derecho a voto por su edad, las que trabajen involuntariamente a favor de quienes hoy sí lo tienen. Pensar únicamente en la revalorización del presente nos puede llevar a perder de vista la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Es necesario, más que nunca, el debate calmado y responsable. En términos de presente y de futuro. En el que prime el interés general frente al interés electoral que subyace en algunas propuestas. De ahí la importancia del marco de Pacto de Toledo.

La ciudad de Toledo fue escenario en 1995 de una importante negociación entre los grupos parlamentarios. Se trataba de lograr un acuerdo para excluir de la lucha partidista al sistema de protección social, para encauzarlo dentro de un debate político sosegado y de amplio calado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo, a fin de garantizar la perdurabilidad de las reformas. Así, los partidos políticos se proponían no mercadear con las pensiones e intentar, todos a una, hacer viable el sistema de protección social, que tenía por entonces unos números rojos de casi 3.000 millones de euros. Escenario que se evaluó y reeditó en 2003 y 2011.

Los firmantes de la última renovación del Pacto de Toledo consensuaron 21 recomendaciones. ¿Cuáles fueron? Entre las más importantes, seguir separando las fuentes de financiación del sistema y pagando con cotizaciones las partes contributivas y el resto con impuestos. Se abogó por aumentar la contributividad del sistema y retrasar la edad de jubilación. Se aconsejó además una reformulación integral de las prestaciones de viudedad y orfandad, así como abordar el tratamiento fiscal de las pensiones y potenciar los sistemas complementarios. Y sí, también, mantener y aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas. Habrá voces que lo consideren poco ambicioso y otras mucho, pero sin duda hay algo objetivo: se afrontó desde la solidaridad que significa la sostenibilidad del sistema.

Toca seguir avanzando, profundizando, debatiendo. Sobre la liquidez actual que significa la obtención de ingresos suficientes para afrontar las obligaciones presentes; pero también sobre la necesidad o no de aumentar la edad de jubilación, sobre los requisitos de la jubilación anticipada, la jubilación parcial, los incentivos para prolongar la vida laboral, las bases reguladoras de las prestaciones o las distintas fuentes de financiación, entre otros temas.

Como decía al inicio, no relativizo el deber de justicia que tenemos en relación con los actuales pensionistas pero es necesario ampliar la perspectiva. En la sociedad que nos ha tocado compartir convivimos más generaciones que nunca y sobre esta base debemos entender el concepto de justicia como contrato entre todas las generaciones, entre pensionistas y niños, incluso pensando en aquellos que nacerán próximamente pero que tienen derecho a llegar a un mundo sostenible en términos sociales y de estado de bienestar; un estado de bienestar que -como uno de sus principales pilares- tiene en España el sistema de pensiones.