OPINION

Parlament 2018: escenarios insólitos del parlamentario español

Que la realidad supera la ficción podría ser la frase que resume el momento institucional que vive Cataluña en el último periodo y que nuevamente se instaura en la actividad parlamentaria de la semana que iniciamos.

Tras la celebración de las elecciones autonómicas el pasado 21 de Diciembre, con el objetivo de devolver la legalidad y la normalidad democrática a las instituciones catalanas, y una vez que los catalanes pudieron expresarse libremente y con plenas garantías en urnas de verdad, llega el momento de constituir el Parlament y elegir a sus legítimos representantes con normalidad política y jurídica y con sentido común. Si, sentido común. Sin embargo, la realidad supera la ficción.

La primera de las circunstancias, cuanto menos curiosa, nos la encontramos a 24 horas de la celebración mañana día 17 de la conformación del Parlament: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Cuixart -en la cárcel-, y Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Toni Comín -huidos de la justicia en Bélgica, han presentado sus credenciales expedidas por la Junta Electoral tras los comicios del 21-D para ser diputados de pleno derecho en la legislatura que empieza el miércoles en el Parlamento autonómico. Inician la legislatura los soberanistas desafiando al sistema parlamentario, si bien hablamos de situaciones absolutamente diferentes desde el punto de vista jurídico.

El Tribunal Supremo ha resuelto la situación de los tres primeros, en prisión provisional, comunicada y sin fianza, instando al Parlamento de Cataluña a habilitar los instrumentos precisos para que accedan a su condición de parlamentarios mediante la delegación de sus votos en otros diputados, situación bien distinta a la de los cinco fugados sobre los que pesa una orden de detención si regresan a España y sobre los cuales no parece vaya a encontrar informe jurídico alguno la mesa del Parlamento para autorizar una hipotética delegación.

Así las cosas, el pleno de constitución del Parlament, fijado para este miércoles y que está previsto comience a las 11 horas, decidirá el presidente de la Cámara y los otros seis miembros de la Mesa, el órgano rector del Parlament. Y encontramos el primer escenario insólito: autorizar o no la delegación del voto a estos cinco diputados puede hacer variar las mayorías parlamentarias que arrojaron las recientes elecciones catalanas 70 diputados independentistas por 65 diputados no independentistas.

Si pudieran votar sin más problemas los 70 diputados independentistas, se asegurarían sin ningún riesgo que 4 de los 7 miembros de la Mesa fueran soberanistas, logrando el control en la ordenación de todos los debates de la legislatura. Sin embargo, si los cinco huidos en Bruselas no pudieran delegar su voto, entonces las fuerzas quedarían absolutamente igualadas: 65 diputados independentistas contra 65 no independentistas, escenario en que no estaría tan clara la presidencia para los soberanistas, y los partidos que no son independentistas podrían tratar de buscar un candidato alternativo, aunque hasta ahora no han demostrado tener un candidato de consenso.

Superado este desafío y realizada la constitución del Parlament, se abrirá un nuevo foco de controversia que nuevamente parece abocado a superar la ficción: el propósito de Puigdemont de presentar su candidatura a la investidura sin estar presencialmente en el hemiciclo, promoviendo lo que se ha dado en llamar una investidura telemática. Segundo escenario insólito que parece francamente imposible se desarrolle a la luz de varias razones que ya apuntan algunos informes jurídicos:

La oralidad del sistema parlamentario. El respeto de las reglas básicas de los procedimientos parlamentarios hacen imprescindible no sólo la asistencia de los protagonistas del debate, sino el cumplimiento de lo que caracteriza el debate parlamentario, es decir, la oralidad, la inmediatez y la unidad de acto. Además tanto el Congreso de los Diputados como en Cataluña y en el resto de las cámaras autonómicas, en España las investiduras se han hecho de forma presencial, lo que permite afirmar que existe una costumbre constitucional y parlamentaria arraigada en ese sentido.

El carácter personalísimo del acto de la solicitud de confianza. El carácter personalísimo de la presencia en cualquier debate se pone de manifiesto, en el caso del Parlamento de Cataluña, en el artículo 4.1 del Reglamento, que establece la obligación de asistencia de los parlamentarios.Una norma que en su artículo 146.1 exige que el candidato a la Presidencia presente su programa de gobierno y solicite la confianza del pleno, sin contemplar la posibilidad de una presentación no presencial, que no cabe por el carácter personalísimo del acto de presentación.El debate de investidura, además, tiene una importancia esencial para la legislatura, en la medida en que la propia ausencia de investidura de un candidato determina la finalización prematura de la legislatura transcurrido el plazo estatutario.

Y por último, la propia función de control del parlamento sobre la acción de gobierno. No obviemos que si se permite una investidura telemática, nada impedirá que el resto de los debates (que son de menor importancia para la propia existencia de la legislatura) se puedan realizar sin necesidad de presencia física de sus intervinientes. Y por tanto en el hipotético caso de que Puigdemont fuera investido desde Bruselas, se plantarían varios problemas sobre el funcionamiento ordinario de la Generalitat y también se obstaculizaría la realización del control parlamentario.

El artículo 73.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece además que el Parlamento puede requerir la presencia del Gobierno y de sus miembros en el pleno y en las comisiones, en los términos que establece el Reglamento. Así las cosas, el candidato a la Presidencia de la Generalitat pretende formar un gobierno cuyos miembros tienen la obligación de acudir presencialmente al Parlamento cuando sean requeridos para ello, por lo que no cabe entender que no sea capaz de presentarse físicamente en el momento en que solicita la investidura de la Cámara.

Así las cosas, varios partidos y el propio Gobierno de España han solicitado informe jurídicos sobre estas cuestiones y los ya emitidos parecen no apoyar tesis alguna que hagan prever que se consume las propuestas de ciencia ficción o ingeniería parlamentaria que desde Bruselas abandera Puigdemont. Una prueba más de la fortaleza de la legalidad y de la solidez de nuestro estado de derecho. Sería recomendable la vuelta al sentido común y al respeto a todos y cada uno de los catalanes que merecen unas instituciones que no se conviertan en laboratorios particulares de práctica parlamentaria y devuelvan la estabilidad institucional para responder a las necesidades de la sociedad con soluciones a los problemas reales de la gente.

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