Remunicipalizar: una política gastada, demagoga, insostenible

Con la llegada de Podemos y sus conglomerados populistas de izquierdas  los gobiernos de distintas grandes ciudades españolas, el término “remunicipalización” ha tomado fuerza en los plenos de los ayuntamientos.

Así, ha resucitado un debate en torno a conceptos como la “municipalización” y la “remunicipalización” que podría parecer superado, o cuando menos olvidado, y que va más allá de la conveniencia o no de una gestión directa o indirecta de un servicio público. Realmente esconde la amenaza que supone un modelo económico que se basa en la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos bajo el discurso simple de que el Estado es rehén del capital, de las multinacionales, de los bancos, de los fondos de inversión.

Un debate que aprovechando la confusión política y las secuelas de una

crisis económica en términos de desesperanza o incertidumbre, en cuanto al desarrollo social e individual de muchos ciudadanos se refiere, desenfoca el que debe ser el objetivo de la prestación de las administraciones locales de sus competencias y lo que interesa a los vecinos: La calidad de los servicios públicos y su eficiencia.

Las ideas que alimentan esta tendencia no son precisas. Sin embargo se

pueden resumir en los siguientes mantras: la desconfianza debida a que la gestión por el mercado genera ahorros, la mercantilización de la

administración o la idea de una mayor dificultad en el control que garantice la transparencia en la gestión y su vigilancia por parte del ciudadano.

Pero, ¿qué opinan éstos sobre sus servicios públicos? Según el informe depercepción de los servicios públicos 2016 elaborado por el Ministerio de Hacienda, la mitad de los españoles se declaran satisfechos con su

funcionamiento, independientemente de su gestión, cambiando la tendencia negativa que se había iniciado en 2012. Luego, si se muestran satisfechos no demandan un cambio.

Profundicemos en el análisis y la investigación en torno a esta cuestión,

abandonando las abstracciones o la anécdota, para comparar, sobre

magnitudes iguales, dónde se cumplen las exigencias que conforman el

interés general en los servicios públicos sobre los pilares de la sosteniblidad, la eficiencia y la competencia.

Cuando los ayuntamientos optan por la gestión de los servicios públicos por medio de figuras empresariales han de justificar no solo que es la fórmula más eficiente y sostenible, sino también que no genera conflictos que alteran las reglas de la competencia en el ámbito del mercado local. Por tanto, el principio de subsidiariedad se ha de sujetar a los requisitos señalados y a la carga de demostrar exhaustivamente la bondad del modelo elegido mediante una decisión política reforzada.

Frente a la demagogia, cuatro aclaraciones:

-1. Los servicios públicos municipales son siempre municipales. El

optar por un modelo de gestión directa o indirecta de prestación de servicios públicos, más conocido como externalización, no supone en ningún caso la perdida de control y supervisión por parte de la Intervención; tanto en los procesos de adjudicación y gestión del servicio como en los resultados de su prestación. La condición de la prestación como servicio público está siempre presente y nunca desaparece, aunque la gestión se haya encomendado a un sujeto privado.

Durante años los sistemas de gestión indirectos han mostrado ser también eficientes, y las experiencias en miles de municipios lo demuestran. No cabe por tanto demonizar el conocimiento y las capacidades técnicas y financieras de profesionales y empresas; una demonización que bajo el término de “remunicipalización” pone en riesgo la óptima prestación de servicios que garantiza el disfrute de derechos fundamentales en muchos casos vinculados a ellos.

-2. La calidad y la excelencia deben ser el baremo sobre el que valorar y

juzgar los servicios públicos municipales. La forma en que los servicios

se gestionen debe asentarse en una voluntad de excelencia para que lleguen a todos los ciudadanos de forma equitativa, en las mejores condiciones de calidad y al menor precio posible. Y la gestión excelente puede llevarse a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas. Lo esencial es que funcionen dependiendo de las circunstancias en cada lugar y de cómo la gestión se haya ido configurando a lo largo del tiempo según los recursos humanos y materiales disponibles.

Además, cada vez hay más indicadores y herramientas de control para que el usuario, el vecino, constate la satisfacción o no de las expectativas en la percepción del servicio. Y en este sentido, los prestadores de los servicios públicos, ya sean públicos o privados, deben tener sus instrumentos de medición continúa sobre cómo los destinatarios los perciben para ir adaptándolos en función a estas ideas.

-3. La innovación permanente y la tecnología son elementos fundamentales sobre los que promover la ciudad del futuro, una ciudad que diseñe servicios públicos de calidad.

El espíritu de toda administración en un momento de digitalización y de

transformación constante debe ser adaptarse al cambio, innovar para ello. La colaboración con el sector privado que invierte permanentemente en tecnología y en la generación de innovación aplicada a los servicios públicos es el camino hacia la modernización. La colaboración publico-privada es una fórmula valida para atraer financiación y mejorar las prestaciones de servicios públicos.

-4. Garantizar la calidad y la transparencia en la prestación de los

servicios públicos municipales a través de órganos independientes de

regulación.

Desde el axioma de la búsqueda de la calidad y la igualdad para todos los

españoles, vivan en el municipio que vivan, sería positivo pensar en la

necesidad de órganos reguladores de los servicios públicos municipales.

Desde las posiciones ideológicas llevaríamos el debate a los procedimientos, al control y la evaluación de las políticas públicas. Un paso que nos permitiría avanzar hacia la rendición de cuentas de una administración seria y moderna que practica una nueva gobernanza.

Ahora bien, aquellos ayuntamientos gobernados por Podemos y sus

franquicias, que conjugan con habitualidad en sus discursos el verbo

remunicipalizar, no han acompañado con hechos sus promesas. Se cuentan con los dedos de una mano las recuperaciones de gestiones indirectas que han llevado a cabo. Sin duda algo tendrá que ver el impacto económico- financiero de la remunicipalización de los servicios públicos que predican y que difícilmente es sostenible por los impuestos con los que los ciudadanos mantenemos las administraciones públicas.