¿A quién quiere más 'papá' Sánchez? La riña de Red Eléctrica

Teresa Ribera y Jordi Sevilla chocaron desde el primer día. La desconfianza llegó a tal punto que el Ministerio de Transición Energética contrastaba la información que le remitía el presidente de Red Eléctrica (REE), que esta semana anunciaba su renuncia -antes de ser destituido- supuestamente por las injerencias de la ministra. “No había una relación fluida -relatan fuentes conocedoras de los desencuentros-. Sevilla quería que su interlocutora fuera la ministra y ésta le puso como enlace al secretario de Estado. Él siempre presumía de su capacidad de llegada al presidente del Gobierno, y ella recelaba de ese ‘puenteo’. Es un tema que tiene mucho de desavenencias personales. Y es una pena, porque no ha habido un enfrentamiento abierto por la estrategia de la compañía”. En suma, diferencias irreconciliables, como en un matrimonio, que llevaron a Moncloa a bajar el pulgar. Se le hizo saber convenientemente al exministro de la era Zapatero -¡ay, esos entornos!-, que opuso solo la resistencia propia de su orgullo. ¿Caso cerrado? Seguramente sí, aunque el episodio aflora anomalías por doquier que cuestionan la existencia de REE como empresa privada y no como un apéndice público.

Por ejemplo, se ha demostrado que la firma es una sociedad donde el Consejo de Administración, máximo órgano de representación de una sociedad, no pinta nada. Basta recordar como en febrero de 2019 la compañía presentaba un nuevo Plan Estratégico para los siguientes cinco años, que incluía inversiones por valor de 6.000 millones de euros, el 25% en el sector de las renovables. En ese montante, también se incluían los casi 1.000 millones correspondientes a la polémica adquisición del grupo de satélites Hispasat, en lo que suponía todo un cambio de paradigma para la compañía. Parecería razonable que, con la salida del presidente apenas un año después de fraguarse la hoja de ruta para la compañía en el próximo lustro, el Consejo de Administración tuviera algo que decir si, en efecto, se han producido ‘mangoneos’ políticos. No se trata de pedir una dimisión en bloque cuando en el órgano está representado el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero tal vez parecería lógico algún gesto público, por pura coherencia, al menos por parte de alguno de los siete independientes. Por ahora, sin embargo, silencio.

En la misma línea, no es difícil recordar la trastienda del episodio de Hispasat. Corría el 1 de octubre de 2018 y Sevilla anunciaba sus prioridades para la compañía. “La compra de Hispasat a Abertis no es una operación prioritaria para el grupo”, dejaba claro el flamante presidente de la operadora. Apenas cinco meses después, REE anunciaba un acuerdo para adquirir el grupo de satélites. “Somos ya un gran operador de fibra óptica y esto nos permite ampliar nuestra oferta comercial en telecomunicaciones (…) En paralelo nos abre muchas puertas en Latinoamérica, donde la presencia de Hispasat es muy importante”, sacaba pecho el exministro. Un cambio de opinión radical, fraguado sin lugar a dudas en alguna bambalina política, al que el Consejo también dio el visto bueno sin inmutarse, demostrando su capacidad para aprobar la misma cosa y la contraria en un corto espacio de tiempo, siempre en función de las necesidades políticas. Cargos ora promovidos por el PSOE ora por el PP cuyo único anhelo es “perdurar y transcurrir”, que diría el poema. Claro que, eso, como también señala el bardo, no es mi mucho menos “honrar la vida”. “Los mismos que aprobaron el nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado, alabando la necesidad de profesionalizar la gestión, se lo cargaron meses después pese a haber alcanzado casi el 90% de los objetivos del plan estratégico”, explican fuentes del sector, incidiendo en el carácter político de las decisiones.

Al final, la cuestión de fondo es la imbricación de lo privado y lo público en una compañía que, a fin de cuentas, cotiza en bolsa y no solo debe cumplir la legalidad societaria, sino atenerse al código de buen gobierno aplicable a las sociedades cotizadas. Bajo ese prisma y según adelantó 'El Mundo’, la llamada a Sevilla de la nueva superministra verde para modificar el orden del día de un consejo de administración, revelaría las propias contradicciones que recorren a la compañía. Y es que si nos atenemos a la estricta legalidad y según reza el artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital, es el presidente del consejo quien tiene la potestad de “convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones”. Solo en el caso de que el presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, deberá nombrarse “necesariamente a un consejero coordinador entre los consejeros independientes, que estará especialmente facultado para solicitar la convocatoria del consejo de administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día”. Tampoco hay que olvidar que en la cotizada han invertido accionistas privados y que fondos como BlackRock superan el 3% del capital.

Sin embargo, las cosas no funcionan así en REE. Y nunca lo han hecho. En una empresa en la que el 90% de los ingresos son regulados, la ‘injerencia’ del primer accionista -con un 20% del capital- es lo normal, ya sea con el PP o con el PSOE. “Siempre se ha informado al Ministerio del orden del día -revela una fuente interna de la casa-. Puede que en ocasiones no haya sido directamente el ministro de turno quien se haya interesado, sino que el presidente de la SEPI, que es al final la sociedad que está representada en el Consejo, ha servido de intermediario. Desde luego, si hay que tomar una decisión importante o poner en marcha un plan estratégico el Ejecutivo tiene que dar el plácet”. En este punto, Sevilla no debería molestarse, en tanto él mismo es 'la madre de todas las injerencias' si se lleva el argumento al absurdo. No en vano, su nombramiento es tan político como el que más, al punto de sustituir al ‘popular’ José Folgado al frente del proyecto al llegar el PSOE de Sánchez a La Moncloa. Es más, el otrora hombre fuerte del área económica de Rato y Montoro aún tenía mandato en vigor cuando irrumpió Sevilla. ¿Hay mayor ejemplo de politización en una sociedad cuyos títulos se intercambian en el parqué?

Si se quiere, en todo caso, el quilombo tiene fácil solución. Ya hay quien lo ha deslizado. Bastaría con separar las dos áreas clave de la compañía, véase las infraestructuras, por una parte, y la operación del sistema, por otro. Es precisamente esta segunda gestión la que debería depender directamente del Ministerio por razones estratégicas, mientras que la primera podría incluso ser privatizada y funcionar lejos del régimen de monopolio. Sería suficiente con que el operador fijara los umbrales de fiabilidad y las penalizaciones a partir de las cuales se puede perder la concesión y, a partir de ahí, lanzar una subasta a 40 años, como se ha hecho con otros tantos activos en colaboración público-privada. Claro que nadie está pensando en ese debate o en cuestiones técnicas que sirvan para mejorar la eficiencia y la gobernanza, sino esencialmente en cómo acaparar y ejercer el poder. En el fondo, lo que ha pasado en REE es lo más parecido a una riña en la familia cuando papá deja de darte la razón. Ese día, en todas las casas, el hermano triunfante elige juguete y el otro se va a su cuarto desolado… y a veces desconcertado. Hay padres que cambian demasiado de opinión.