Lunes, 19.08.2019 - 09:41 h
Libertad sin cargas

BBVA y Santander: ¿Quién ordenó un 'codigo rojo'?

Daniel Kaffe, teniente de navío de la Marina interpretado por Tom Cruise, interroga al coronel y comandante en jefe de los Marines en Cuba, Nathan R. Jessep, encarnado por Jack Nicholson, en la conocida película de Ron Reiner 'A Few Good Men' (Algunos hombres buenos, 1992). Kaffe defiende a dos marines acusados de matar a un compañero, William T. Santiago. El principal argumento de defensa de ambos es que cumplían órdenes de Jessep, que les había ordenado aplicar a Santiago una forma de castigo conocido como ‘codigo rojo’ por infringir las más elementales normas de honor del cuerpo. Kaffe, que no logra pruebas para demostrarlo, se juega el todo por el todo en un interrogatorio a vida o muerte en el que pretende sacar de sus casillas a Jessep para que confiese. “¿Ordenó usted el código rojo?”, le espeta con los ojos inyectados en sangre. Precisamente, en los dos principales bancos de este país -y salvando las distancias de la licencia literaria- se sustancia en estos días hasta dónde llegan las responsabilidades por el caso de las escuchas contratadas a la empresa del excomisario José Manuel Villarejo -en el BBVA- o si fue efectiva la contratación de Andrea Orcel como consejero delegado -en el Santander-. Se trata, como en el ejemplo cinematográfico, de procesos judiciales apasionantes.

Por ejemplo y pese a todo lo escrito sobre la crisis de BBVA, hay algunas cuestiones muy sencillas sobre aplicación de gobierno corporativo que siguen sin ser aclaradas y cuyas respuestas arrojarían mucha luz al culebrón. Como explicaba esta semana un abogado que ha trabajado en las últimas décadas para empresas del Ibex, las imputaciones de ocho altos directivos del banco -incluidos el exconsejero delegado Ángel Cano y el que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano- por parte del juez de Audiencia Nacional Manuel García Castellón buscan en buena medida elevar la presión sobre los investigados y provocar que alguno de ellos se quiebre, elevando el disparo hacia la cúpula. Avalaría esa estrategia de desgaste la citación sin la apertura del secreto de sumario, en tanto que nadie en su sano juicio declararía sin saber de qué se le acusa. Por el camino, la petición de imputar al banco como persona jurídica que prevé efectuar en próximas fechas la Fiscalía también sirve para estrechar el cerco a quienes por aquel entonces -en torno al año 2005- podrían estar al corriente de esas prácticas cuando menos poco recomendables.

“Sin embargo -explica este prestigioso abogado-, una imputación del banco como persona jurídica no es fácil. Primero, nunca se produciría por hechos anteriores a 2010. Por tanto, este procedimiento solo tendría sentido si las escuchas se hubieran prolongado en el tiempo. Del mismo modo, si la empresa demuestra que aplicó un sistema de ‘compliance’, lo más lógico es que fuera eximida por el Supremo. Lo importante y más allá de las responsabilidades que se diluciden, es que este caso plantea la duda sobre quién controla al que hace el ‘compliance’. Y esta es una cuestión básica de gobierno corporativo. En una estructura de ‘chairman’ y consejero delegado, como promueven los modelos anglosajones, es más fácil ejercer ese control. No obstante, la fórmula de presidencia ejecutiva que ha proliferado durante años en las empresas del Ibex ha terminado por convertir a determinados perfiles en figuras intocables”. Por otra parte y dentro de las buenas prácticas corporativas citadas, fuentes financieras muy inquietas por el caso también se preguntaban esta semana si los 10 millones que presuntamente se abonaron a Cenyt, la empresa del excomisario, no fueron aprobados en alguna comisión del Consejo o por el propio órgano de representación de la casa. “Lo contrario sería pensar que se había construido una estructura de poder paralela, lo cual no debería entrar en ninguna ecuación”, subrayan.

En el 'affaire' de Santander y Orcel -a priori más anecdótico para la reputación de la entidad aunque muy jugoso mediáticamente-, el gobierno corporativo podría ser una vía de escape para la entidad a costa -eso sí- de no dejar muy bien parada a la presidenta. La clave estaría aquí en la letra pequeña de la carta oferta o precontrato que el exbanquero de UBS rubricó con la entidad española. Porque más allá de las promesas o los pactos que Botín alcanzara con Orcel, si el documento refleja que la designación queda a expensas de la aprobación de la comisión de nombramientos o cualquier otro mecanismo similar, el banco tendría una coartada perfecta para explicar por qué se abortó el nombramiento. “Es fácil -exponen fuentes próximas al banco-. Si Ana Botín quería nombrar a un consejero delegado que no aprobaron los órganos de control de la casa, parece razonable que no se hiciera. Sobre todo teniendo en cuenta que venía con ideas disruptivas para un banco ‘retail’. Como argumento jurídico es perfecto… claro que no deja en buen lugar a Botín y su mando en la estructura. Es el coste que habría que asumir”.

En todo caso, visto lo visto, el Santander debe prepararse para un litigio que le llevará al límite y provocará un nivel de exposición pública durísimo para la firma. En su demanda, hábilmente y sin entrar en cuestiones económicas, Orcel plantea para empezar que se le ‘readmita’ como primer ejecutivo de la casa como estaba pactado, un escenario irreal. A partir de ahí, reclama los pagos de 52 millones en bonos y acciones que Santander le reconocía en compensación por los derechos que dejaba de percibir en UBS. Se trataría de la parte de la indemnización que él utilizaría para comprar su ‘carta de libertad’ con el banco de inversión -con el que ya ha pactado su cobro- y poder seguir en activo. Los restantes 48 millones se corresponderían con los 10 millones de euros por año -uno no completo- a partir de un contrato por cinco ejercicios. Al margen de los matices y de los entresijos de una relación laboral que no se ha hecho pública, parece un pacto draconiano por el que también procede dar explicaciones. ¿Debería Santander haberse comprometido a un proyecto de esa envergadura económica con un ejecutivo que tenía pretensiones más cercanas a las de un futbolista estrella que a las de un banquero ‘retail’?

“¿Ordenó usted el ‘código rojo’?”, insiste Cruise, dejando claro que quiere la verdad. “¿Quieres respuestas? Tú no puedes encajar la verdad”, responde airado Nicholson antes de explicar que el fin justifica los medios… y de emprender el camino del calabozo. Aunque el asalto al BBVA que encabezó Sacyr con el aval más o menos explícito de Moncloa no puede ser más reprobable en lo que supone de utilización de la política para intervenir en empresas privadas, responder con todo un modelo de escuchas organizado para defenderse a través de la empresa de un policía que hoy está en la cárcel merece sin duda la depuración de cada responsabilidad. Si se demuestra, todavía más censurable es que ese sistema se prolongara en el tiempo con ‘pinchazos’ incluso a periodistas. Aunque se trata de un caso de mucha menor gravedad, los accionistas del Santander también merecen transparencia en el proceso que llevó a la (no) contratación de Orcel. Especialmente si ese ‘fichaje interruptus’ amenaza con un quebranto de 100 millones de euros. La verdad, como ya contaba San Juan en el Nuevo Testamento, siempre termina por hacer libre al que la abraza. Mejor antes que después.

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