Cifuentes debe dimitir... pero por sacar solo un 7,5 en el máster

El ‘affaire de las reinas’ ha sido el único tema de conversación capaz de opacar a Cifuentes y su máster en las comidas del eje Castellana. “Pero, ¿tú crees que debe dimitir?”, se le preguntaba a un conspicuo jurista antes incluso de que la oleada de confesiones pusiera a la presidenta de la Comunidad de Madrid al borde del precipicio. “Desde luego, es intolerable que solo haya sacado un 7,5 en algunas asignaturas –subrayaba con cierta sorna el letrado, acostumbrado a facturar millones en operaciones corporativas-. Si yo hago un posgrado y saco un 5 en mercantil, o me voy o me echan del bufete”. La reflexión, aun aceptando su punto cáustico, pone en evidencia a una clase política nacional que, en la generalidad de sus currículos y salvo honrosas excepciones, pelea por una notable bajo en la Rey Juan Carlos. Parco bagaje.

Aunque en todas partes cuecen habas, la clase empresarial al frente del Ibex 35 juega en otra liga. Por ejemplo, Carlos Torres, consejero delegado de BBVA, no solo es licenciado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), sino que cuenta con un MBA en la MIT Sloan School of Management. Francisco Reynés, flamante presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa, es MBA por el IESE. Su antecesor en la presidencia, Isidro Fainé, hombre fuerte del grupo Caixa durante tantos años, une a su doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona un posgrado en Harvard. Y suma y sigue. Iñigo Meirás (CEO de Ferrovial) es MBA por el Instituto de Empresa, José Antonio Álvarez (primer ejecutivo del Santander) tiene su MBA por la Universidad de Chicago… ¿Prefieren para sus hijos un posgrado en Chicago o el MIT... o en la Rey Juan Carlos?

En ese escenario, ¿por qué no pueden los ciudadanos aspirar a ser gobernados por un ‘primus inter pares’? Es difícil pensar que un ejecutivo como Fernando Abril Martorell, presidente de Indra, no pudiera haber sido llamado por la vocación de servicio público en algún momento de su vida. Hijo de conspicuo político –su padre fue fundador de la UCD, diputado, vicepresidente, ministro de Economía, entre otros cargos ilustres-, probablemente lo lleve dentro. Pero Abril Martorell, con extensa formación en ICADE, ganó el año pasado 7,4 millones en Indra. Como ministro no llegaría a 80.000 euros. Es pedirle una heroicidad. Más ejemplos. Como publicaba esta semana La Información, un ‘simple’ jefe de estudios del Instituto Cervantes en Manchester, Dublín o Sao Paolo gana más que el presidente del Gobierno. Si el destino es Tokio, el salario supera los 120.000 euros, 40.000 euros más que Rajoy.

De este modo, mientras que en cualquier disciplina profesional formarse es clave para quien aspire a triunfar –o sobrevivir- en un mundo empresarial globalizado y competitivo al máximo, el político vive en una burbuja y sufre un proceso aparentemente inverso. Esto es, crece al abrigo de la estructura del partido y, si ésta considera que puede servirle, es a posteriori cuando se plantea la cuestión del curriculum. Puede uno equivocarse, pero si ese no es el caso, ¿qué necesidad tenía Cifuentes de cursar ese máster en 2012, cuando ya desempeñaba un cargo político de enorme responsabilidad y era consciente de que no podía ni siquiera asistir a clase? ¿Qué podía aportarle ese posgrado? Ella misma admitió en rueda de prensa que realizó el Trabajo Fin de Máster con facilidad, porque era una materia que dominaba. Poco más que decir.

En esta línea, la reacción del PP refleja la cara más oscura de las formaciones políticas, dicho desde la convicción de que el PSOE o Ciudadanos no hubieran actuado de manera distinta. Y es que culpar a la universidad de todo sin esperar al proceso judicial que con toda probabilidad se avecina no es más que embarrar el campo y tirar de ‘catenaccio’. La cuestión no es baladí. Fuentes jurídicas consultadas sobre la situación particular de Cifuentes advierten de que, por mucho que la Rey Juan Carlos afronte la parte más delicada de un eventual procedimiento, “en el Código Penal existe la figura del cooperador necesario”. En efecto, el artículo 28 de esa norma establece que son autores de un delito “quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento”. Sin embargo, también serán considerados autores “los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”. Para tentarse la ropa y, al menos, ser cauto en los apoyos.

En este punto, no faltan analistas que preferirían que Cifuentes diera un golpe de mano y pasara al ataque antes que afrontar unos meses hasta las elecciones que amenazan con ser un vía crucis, marcados por la comisión de investigación en la Asamblea, la depuración de responsabilidades en la Rey Juan Carlos, las continuas invectivas de la oposición y las nuevas exclusivas periodísticas. ¿Por qué no plantarse y adelantar los comicios para evitar ese desgaste innecesario? En el PP, difícilmente podría plantearse otro candidato con tan poco margen de reacción. Además, con los escrúpulos con los que se manejan los partidos, tampoco habría motivo. Y ya se sabe lo poco que los electores suelen castigar la corrupción –o sospecha de tal- en unas elecciones. Que se lo pregunten al PSOE de Felipe González o al propio PP de Rajoy. Pues eso, ciencia-ficción o la sublimación de la ‘política del 7,5’. ¿Conoceremos otra?