Comunismo de tanqueta e 'indepes' con Netflix frente a la crisis

“Los obreros de Cádiz no son delincuentes, están defendiendo sus derechos. Pido respeto absoluto para los manifestantes de una provincia que sufre paro y desesperación”. Así se manifestaba esta semana Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, para reclamar que se retirara un blindado -la famosa ‘tanqueta’- del dispositivo de seguridad organizado para contener los disturbios provocados por los manifestantes en la huelga del metal. Poco importó que el Ministerio del Interior -que por lo que se sabe también forma parte del Ejecutivo y es quien ostenta las competencias en la materia- explicara que se trata de un vehículo que carece de utilidad ofensiva y que esencialmente permite, con su pala delantera, deshacer barricadas, al tiempo que ayuda a trasladar personal. De hecho, la enésima batalla en el seno del gabinete tenía más de marketing que de fondo. Siempre es buen momento para esgrimir la lucha de clases, incluso desde el poder. El presidente del grupo parlamentario podemita en el Congreso lo certificó: “Lo que necesitan los obreros es trabajo, no tanques. No los vimos en Nuñez de Balboa ni en las manifestaciones neonazis de Chueca”.

La polémica no difiere demasiado de las suscitadas en torno a las derogaciones en marcha, por ejemplo en relación con la reforma laboral o incluso con la Ley de Seguridad Ciudadana. “¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas”, admitía la ministra de Trabajo a principios de noviembre. Una aseveración que no ha sido óbice para que tanto como ella como sus afines hayan insistido, antes y después de ese pronunciamiento, en que el Gobierno derogará sin ambages la reforma laboral. ¿Un juego semántico? Desde luego, pero también un escalón más en la política de gestos que tan bien define el tablero de juego en que se mueven nuestros representantes. No es tan importante lo que sucede realmente como la percepción de lo que pasa y la forma en que el mensaje de unos y otros permea al votante. Es más, lo normal es que la mercadotecnia gane todavía más enteros según vaya agotándose el ciclo electoral.

El proceso, que también implica una progresiva infantilización de una sociedad en apariencia incapaz de descifrar mensajes complejos, lo describe perfectamente María Blanco en su reciente libro ‘Votasteis gestos, tenéis gestos’ (Deusto, 2021). En el caso de Yolanda Díaz, que no hace demasiado tiempo prologaba con entusiasmo una nueva edición del ‘Manifiesto Comunista’ de Marx y Engels, aplicarían los efectos de una dialéctica marxista que constata, en palabras de la autora, que “la política en la democracia debe aceptar el conflicto y la división como fenómenos inevitables”. Eso evita cualquier opción de consenso y de los “rozamientos normales que pueden darse en cualquier sociedad heterogénea” y sin apriorismos. De hecho, el tradicional conflicto entre proletarios y capitalistas, del que Cádiz es ejemplo clásico, se ha transformados en otras diadas, como “industrialistas frente a ecologistas, hombres frente a mujeres, indigenistas frente a cosmopolitas, etc.”. Por eso la ‘tanqueta’ debe desaparecer de la escena. No hay argumentos ni matices en ese discurso, en el que las necesidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son una nota de pie de página. De hecho, solo hay buenos y malos en un teatro en el que los papeles ya están repartidos de antemano.

El Gobierno se maneja todavía con una previsión del 6,5% para 2021 y del 7% para el año próximo. Esos son los fantasmagóricos pilares sobre los que el Ejecutivo asienta una recuperación que los expertos ven cada vez más lejana

Por si fuera poco, a ese país con dos gobiernos y dos intereses en uno, se suma el permanente órdago independentista, ahora tutelado con cariño por Sánchez ante la fuerza de los votos. ¿Qué mensaje transmite al exterior -y de paso a los inversores foráneos- un país que no es capaz de hacer cumplir sentencias judiciales firmes? La negativa expresa de la Generalitat a hacer efectivo el fallo del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano y dinamita el modelo de inmersión lingüística reclamaría una acción decidida para garantizar su ejecución por parte del Gobierno central, que sin embargo se ha limitado a pasar la patata caliente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Conclusión? Quedará en manos de heroicas familias y asociaciones recurrir por la vía contencioso-administrativo para que una instancia pública tome medidas… pasado el tiempo. O si no están de acuerdo con lo que hay, y como recomienda con su habitual falta de ‘finesse' la alcaldesa Ada Colau, que matriculen a sus hijos en colegios privados. A la vista está, por tanto, que la nueva dialéctica con el independentismo tras la ruptura constitucional del 1-0 no ha cambiado ni un ápice la búsqueda del interés particular por parte de aquél y que solo falta por determinar cuándo y con qué excusa volverá a estallar.

Las propias peticiones del mundo ‘indepe’ para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no pueden generar mayor perplejidad por su trazo grueso y falta de detalle para su posterior desarrollo normativo. Por ejemplo, ERC ha concentrado todos sus esfuerzos en que las plataformas de ‘streaming’ oferten como mínimo un 6% de los contenidos que deben producir en lenguas oficiales del Estado en catalán, euskera o gallego. Todo sin reparar, como se empieza a barruntar en las plataformas nacionales con estupor, en que ellos serán los verdaderos afectados por la prescripción. No en vano, los Netflix, Amazon o HBO tienen sus sedes fuera de España y podrían no estar obligadas a cumplir con esa norma. Al menos en esa dispensa trabajan ya sus abogados. El PNV, por su parte, rompió el molde al plantear en el Congreso una ley para dividir la denominación de origen Rioja y crear una ‘minidenominación’ de la Rioja Alavesa, con competencias propias. No tardó ni 24 horas en dar marcha atrás, después de que los técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Oficina de Patentes y Marcas dejaran claro a este diario que desde el punto de vista legal, ahora mismo, “es inviable, ya que no se puede crear una denominación de origen dentro de otra”. Como anticipa Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas, mejor negociarlo entre bambalinas con el ministro Planas.

En este escenario donde demasiadas fuerzas centrífugas no solo aprietan para ganar la batalla del marketing y la legitimidad sino -gracias al PSOE y al cortejo de sus votos- la de los hechos, el Ministerio de Economía salía al paso para hacer un notable acto de contrición. En su nota semanal de coyuntura del 19 de noviembre, el departamento de Nadia Calviño situaba en el frontispicio las previsiones económicas de Funcas, que anticipan un crecimiento del 4,8% en este ejercicio y del 5,7% en 2022. El Gobierno, no es accesorio recordarlo, se maneja todavía con una previsión del 6,5% para 2021 y del 7% para el año próximo. Esos son los fantasmagóricos pilares sobre los que el Ejecutivo asienta una recuperación que los expertos ven cada vez más lejana. Desde luego, la inflación -alentada por los precios de la energía- no se habrá reconducido para el 28 de febrero, cuando vence el escudo social diseñado por el Gobierno en plena pandemia para frenar desahucios o cortes de suministros, entre otras problemáticas. Bajo este prisma y con una nueva ola del virus llamando a la puerta, algunas de las medidas reclamadas para la aprobación de los Presupuestos no pueden resultar más obscenas. Lejos queda aquello que la Covid nos iba a hacer mejores. Se necesitan otras miradas.