Del IRPH a la plusvalía: la brecha entre el ciudadano y la justicia

“La mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo”. La argumentación, que invita a una reflexión profunda e incluso a dobles y triples lecturas, la esgrime el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que esta semana echaba por tierra las pretensiones de un millón de familias de verse resarcidas por la evolución del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). En su fallo, el órgano jurisdiccional respaldaba la aplicación del modelo siempre y cuando se demostrara que el cliente había recibido información suficiente y clara al contratar una hipoteca con ese medidor, que funcionó desde 1994 como alternativa al euríbor. ¿Conclusión? Será cada juez quien certifique si ha existido esa transparencia a la hora de formalizar cada operación individual y, sobre todo, el que determine si el cliente estaba “en condiciones de comprender el funcionamiento del sistema”. El Tribunal Supremo ya dictaminó con anterioridad que bastaba con que las entidades hubieran entregado un folleto con la evolución del índice en los dos años previos a la contratación para dar por advertido al cliente de los riesgos del indicador.

Apenas unos días antes, el Tribunal Constitucional daba la puntilla a la plusvalía municipal, al declarar inconstitucional el método de cálculo de la base imponible del tributo. El movimiento ponía en jaque las arcas de los ayuntamientos, que recaudan por esa vía la friolera de 2.500 millones de euros al año. Al punto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponía en marcha toda la maquinaría de su departamento para alumbrar en tiempo récord un nuevo diseño del impuesto, que a partir de ahora se podrá pagar sobre el valor catastral del terreno o utilizando la diferencia entre el valor de compra y de venta del inmueble. En paralelo a la prisas del Ministerio para que nadie se quedara sin pasar por caja, el Alto Tribunal aclaraba en su sentencia que no se podrá reclamar lo pagado en los cuatro años anteriores a la publicación del fallo, y solo se atenderán los casos con un proceso en curso. Esto es, que a usted le pueden abrir una paralela en los cuatro años posteriores a la presentación de una liquidación fiscal, pero usted no puede solicitar lo que le han cobrado de más en el último cuatrienio pese a reconocer el ‘tocomocho’ el propio TC. ¿Recuerdan a Orwell y aquello que unos son más iguales que otros?

Las últimas semanas, y especialmente el ‘affaire’ de la plusvalía, recuerdan a aquel no tan lejano octubre de 2018, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo rectificaba la jurisprudencia sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que hasta entonces pagaban los clientes que decidían adquirir una vivienda. No tardó ni 24 horas el propio organismo en congelar la aplicación de la sentencia, apelando -para estupor de propios y extraños- a su “enorme repercusión económica y social”. Semanas después, la Sala de los Contencioso-Administrativo terminaba de ponerse colorada y escenificaba una rectificación en toda regla, dejando claro que los compradores tenían que hacerse cargo del tributo. La cuestión, empero, no acabó ahí. Ante la polvareda levantada, Pedro Sánchez no perdió ocasión de sacar rédito electoral de la trifulca y anunció una nueva regulación para traspasar la carga definitivamente a los bancos:. “Queremos que nunca más los españoles paguen ese impuesto y que lo pague el sector financiero”, zanjó tras interpretar que, en aquel momento puntual, le beneficiaba un guiño social. Una forma de certificar la peligrosa vertiente política de las decisiones judiciales.

La pena es que las contradicciones y enjuagues en que cae la justicia no pasan inadvertidos para los ciudadanos. Tampoco los apaños casi clandestinos que cierran los partidos políticos

En una entrevista con ‘El País', la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena reflexionaba este domingo sobre los lazos de los políticos y los jueces, dejando un mensaje inquietante. “Yo defiendo el control judicial de la política, pero no se puede hacer desde la formalidad burocrática de la norma -aseguraba al ser preguntada por si se hace política desde los tribunales-. Los jueces tienen que descender a un diálogo equilibrado con los responsables políticos. A veces no se puede aplicar sin más la norma, hay que incorporar la realidad sociológica”. Desde luego, poco se puede oponer al reclamo de la exregidora a las instancias judiciales para que no actúen con anteojeras respecto al contexto social. Sin embargo, sí requeriría mayor elaboración ese “diálogo equilibrado” que demanda con la esfera política, teniendo en cuenta que se trata de una interacción a menudo marcada por los intereses partidistas y hasta por la presencia entre bambalinas de poderosos ‘lobbies’ que buscan influir en las decisiones de la administración. Bien debería saberlo quien tanto se queja de la judicialización de la política. “Cada paso que dimos casi generó una querella. Y eso te produce una paralización extraordinaria. Los jueces se han convertido en un actor de la política, sin ninguna duda”, remacha.

La pena es que las contradicciones y enjuagues en que cae la justicia no pasan inadvertidos para los ciudadanos. Tampoco los apaños casi clandestinos que cierran los partidos políticos para colocar a sus representantes en órganos clave de la administración de justicia. Apenas horas después de que, a finales de octubre, Teodoro García Egea y Félix Bolaños pactaran los cuatro nuevos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional, altavoces del PSOE ya advertían de que iban a dar la batalla política para enfangar cuanto fuera posible el nombramiento de Enrique Arnaldo. Para cualquier observador, la cuestión es clara. Si el aspirante no cumplía con los criterios para acceder al cargo, vétese el acuerdo de origen. O en el peor de los casos, si el ministro de Presidencia se hubiera pasado de listo y hubiera priorizado el acuerdo antes que la dignidad de la institución, evítese la aprobación del candidato ‘popular’ en el Congreso. Tiempo había. Ni cuela votar “con la nariz tapada” ni poner sordina a un teatrillo infame orquestado desde el principio para ganar un cuerpo en la refriega política, eso sí a costa del buen nombre de una institución esencial para cualquier Estado de Derecho.

No es de extrañar que, visto el respeto con que los propios políticos tratan la separación de poderes, los ciudadanos muestren un elevado grado de desconfianza en la justicia -según retrata el CIS- y repartan culpas a la hora de buscar responsables. Sin ir más lejos, una encuesta elaborada por la firma DYM para La Información/Henneo dejaba claro que el 44% de los españoles culpa por igual a PSOE y PP del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula un retraso superior a los mil días. La conexión de lo público y lo privado en un mundo económico donde los grandes del Ibex están tan sometidos al BOE es tan perniciosa como la imbricación hasta el tuétano de la política en la justicia. Si como advertía Montesquieu, un poder debe detener a otro, mal negocio que los políticos anden escogiendo perfiles afines para los puestos clave de la judicatura. También que los ciudadanos lo perciban y puedan identificar motivaciones políticas en la aplicación de la ley. Por tanto, para el ‘diálogo equilibrado’ de Carmena y por ahora, mejor luz y taquígrafos.