De Salgado a Calviño, los brotes verdes y cómo se marchitan

Era un mes de mayo. De 2009, primer ejercicio post-Lehman. Acababa de intervenir en una sesión de control en el Senado. Preguntada por los postulados del Banco Central Europeo (BCE), que alertaba de que aún era temprano para hablar de recuperación económica, la entonces vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, alumbró la célebre sentencia: “En unas semanas veremos los brotes verdes”. Aunque por aquel entonces la política gallega podía tener sus razones para alentar a las tropas, la historia ha sido cruel con el aserto. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española se contrajo un 3,8% en el año de marras y, aunque hizo un guiño en 2010 al entrar en positivo, lo peor estaba por llegar. Y con qué crudeza. El PIB nacional evolucionó en negativo en los tres siguientes ejercicios, poniendo gélidas cifras a una recesión de caballo que se llevó por delante los empleos de muchos que -en su ocaso profesional- no volvieron a trabajar y las esperanzas de otros tantos que empezaban bajo el signo del desencanto y la tragedia su periplo laboral. Tiempos muy ásperos que no es fácil rememorar sin un repullo y que compiten con la oscuridad de estos días de pandemia.

¿Qué llevó a Salgado a tamaño optimismo? Aunque la memoria aún funciona, la hemeroteca es más certera. Acababan de darse a conocer los datos de empleo correspondientes al mes de abril y el desplome en la cifra de desempleados que acudían a las oficinas del Inem se había frenado. Además, la morosidad bancaria parecía estabilizarse y, sobre todo, la bolsa mostraba signos de reanimación. ¿Les suena? Nada muy diferente de lo que ha acontecido, más de una década después, en estos furiosos días de junio de 2020. Eso sí, como si la historia de nada sirviera, la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido muy diferente de la que en su momento escenificó el de José Luis Rodríguez Zapatero. Véase, tirar de ‘cortoplacismo’ y sacar pecho. Como bien publicó Cristina Alonso en estas páginas, el ‘Boletín Semanal de Coyuntura’ del Ministerio de Economía -una suerte de minuto y resultado de la situación económica – salía de dos meses de ‘black out’ y renacía para anunciar que “algunos indicadores cualitativos muestran signos de cierta recuperación a partir de mayo”. Al menos Calviño, a lo que ve la más sensata del gabinete, ha evitado la exposición pública para alentar una recuperación en ‘V’. Algo es algo.

Porque, al margen de los mensajes grandilocuentes y las proclamas de marketing, muchos sectores sufren. Con ellos, también lo hace la seguridad jurídica sobre la que debería asentarse la reconstrucción del país. No es difícil encontrar ejemplos. El Ejecutivo, por ejemplo, publicaba a primeros de mayo la orden para regular los préstamos con aval del ICO para el pago del alquiler de vivienda en los hogares golpeados por el coronavirus. Todo partía de la base, eso sí, de que en seis meses no podía desahuciarse a ningún inquilino en situación de vulnerabilidad. ¿Qué ha sucedido? Que los afectados, en lugar de acogerse a los préstamos planteados por el Gobierno, han preferido beneficiarse de la moratoria decretada y, directamente, dejar de pagar la mensualidad. Según aseguran fuentes financieras conocedoras de la situación, en apenas semanas la morosidad se ha disparado de un 5% a un 15%. Mención aparte merece el despropósito catalán, donde si se ‘okupaba’ una vivienda antes de junio, el dueño de la misma estaba obligado a hacer un contrato a precio de saldo al nuevo y no deseado inquilino. Justo lo que desea ver un inversor extranjero.

El Gobierno, superado lo más duro de la crisis sanitaria, debe empezar a gestionar de verdad lo ‘micro’. Por ejemplo, para que los golpeados por un ERTE cobren

Entonces, ¿debe hacer maletas y abandonar su casa aquel que, por ejemplo, no pueda abonar el alquiler por encontrarse en un ERTE debido a la pandemia? Ni mucho menos. De hecho, en las actuales circunstancias de emergencia social es imprescindible ampliar la red de seguridad propia de un país desarrollado. Dicho lo cual, parece razonable que ese colchón también tenga en cuenta al arrendador, lo que obliga a articular mecanismos realistas más allá de eslóganes y de ‘vender’ medidas idílicas en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Porque si los créditos del ICO no se han utilizado casi hasta ahora es, primero, porque los bancos han arrastrado los pies todo lo que han podido a la hora de adherirse al ‘modelo’, temerosos de una morosidad rampante y de unos desarrollos informáticos cuya implementación es casi más costosa que el eventual beneficio. Y segundo, porque gran parte de los afectados esperan un segundo aplazamiento de los pagos por otros seis meses, lo que hace ridículo apostar por préstamos que, al final del camino, hay que devolver. Visto lo visto, ¿no parecería más razonable eliminar intermediarios y, sin más, adoptar un fondo de ayudas directas para rebajar el porcentaje de sus ingresos que esos 350.000 hogares sensibles dedican a abonar sus alquileres, transfiriendo una cuota de la renta a los propietarios? Al final, nada muy diferente de lo que piden las asociaciones del sector, que están sufriendo en sus carnes la ausencia de un ‘ajuste fino’ en las medidas.

Lo que subyace es la necesidad de que el Gobierno, superado lo más duro de la crisis sanitaria, empiece a gestionar de verdad lo ‘micro’. Y no solo para que el mercado del alquiler se regularice. También para que, por ejemplo, los golpeados por expedientes de regulación temporal cobren sus prestaciones a tiempo y no tengan que mendigar para llegar a fin de mes. O para que fluyan los fondos a los trabajadores autónomos, una parte esencial del tejido empresarial y que ya han avisado de que los créditos ICO asignados para el colectivo no conseguirán cubrir toda la demanda. En definitiva, es la hora de gestionar. Sería una pena que el tándem Sánchez-Iglesias, concentrado en episodios políticos como el ‘caso Marlaska’ o en airear improcedentes y demagógicas subidas de impuestos que no cuentan con el plácet de todo el gabinete, se olvidaran de engrasar las bielas que mueven la economía. El ‘caso Nissan’, revelador de casi una década de olvidos y negligencias por parte de populares y socialistas en el diseño de un verdadero plan industrial para el país, debería de ser la llamada de atención para movilizar las tropas.

Salgado compareció en el Congreso años más tarde, allá por enero de 2018, para aportar sus impresiones sobre la crisis financiera y el rescate a las cajas de ahorros, episodios con multitud de matices que vivió en primera persona. Entonces, con más perspectiva y tras haber pasado ya por algún que otro consejo en empresas del Ibex, asumió que su Gobierno cometió aciertos y errores. No obstante, quiso recordar que se enfrentó a “la crisis económica más grave de los últimos 70 años”. Nada hacía presagiar que apenas dos años después y por culpa de un virus originado en China, España vería hundirse su Producto Interior Bruto (PIB) cerca de un 10%, duplicando la mayor caída registrada en aquellos infaustos ejercicios. La buena noticia es que el muro con el que chocó la economía mundial en el verano de 2008, y que no empezó a derribarse hasta un lustro después, estaba cimentado sobre deficiencias estructurales. No es el caso de 2020. Sería una lástima que el ruido de sables que atrona en el gabinete, con más interesados en ‘colocar’ los mensajes que en gestionar el día a día, entorpeciera un camino a priori más despejado. La reforma laboral es el mejor ejemplo de esa estéril refriega. Para reflexionar.