De Tobin a la luz: cómo Sánchez e Iglesias nos engañan con la justicia social

Premio Nobel en 1981, James Tobin es un gigante del siglo XX. Manuales clásicos de economía glosan sus trabajos sobre la elección de cartera, esencial para entender la necesidad de diversificar los riesgos y repartir las inversiones entre activos ‘peligrosos’. También se recrean en su estimación del bienestar económico neto como referente de los cambios de nivel de vida en las economías domésticas, más allá del más conocido Producto Nacional Bruto; o incluso, diseccionan sus aportaciones a la Administración Kennedy en política monetaria y desempleo. Sin embargo, el economista de Yale parece haber hecho fortuna con uno de sus hallazgos más tergiversados y del que casi terminó por renegar a la vista del interesado uso que del mismo hacían determinados sectores de la sociedad. “Fue un genio. Pero probablemente la tasa Tobin fue su idea más ridícula”, aseguraba Willem Buiter, uno de sus discípulos y a la sazón profesor en la London School of Economics, citado por ‘La Vanguardia’ en una brillante pieza publicada en 2018 para conmemorar los cien años del nacimiento del autor. Excesivo o no, el comentario revela hasta qué punto la idea había escapado del análisis económico de su progenitor para hacerse hueco en el debate político partidista. Un caldo de cultivo perfecto para la demagogia.

Primero, lo que Tobin realmente planteó; véase, la posibilidad de gravar con una tasa las operaciones de alto riesgo en divisas para frenar los movimientos especulativos y dar estabilidad a las economías nacionales. En palabras de Paul Krugman, el economista norteamericano “sostenía que la especulación monetaria -dinero que se mueve a escala internacional para apostar por fluctuaciones de los tipos de cambio- tenía un efecto perturbador en la economía mundial. Para reducir esas perturbaciones, proponía cobrar un pequeño impuesto cada vez que se cambiase moneda”. Un argumento que, andando el tiempo, abrazaron los florecientes movimientos antiglobalización de los noventa como mecanismo para redistribuir la riqueza y ampliando el alcance del gravamen a todas las transacciones financieras internacionales. Una suerte de ‘tasa Robin Hood’ que jamás estuvo en la cabeza de su creador, que aún tuvo tiempo en vida de dejar clara su posición en tanto defensor del libre comercio. La tercera versión, que como diría el castizo tiene el mismo parecido a la idea original que un huevo a una castaña, es la que ha auspiciado el tándem Sánchez-Iglesias, que entró en vigor este fin de semana y que ha puesto en guardia a todo el sector financiero sin disidencia.

En España, la tasa Tobin o Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) afectará a la compra de acciones de empresas españolas que tengan una capitalización superior a los 1.000 millones de euros -una cincuentena de grandes empresas-, movimientos que tendrán que abonar un tipo del 0,2%. Bankinter ha elaborado una simulación de lo que supondrá la medida en, por ejemplo, la adquisición de títulos de Telefónica. “Una operación de 60.000 euros, al coste estándar actual de 18,6 euros habría que sumarle otros 120 euros del ITF y pasaría a tener unos gastos de 138,6 euros. Es decir, 7,5 veces más”, expone en su informe. Un revés adicional para un mercado ya de por sí golpeado por la Covid y a la zaga de sus pares europeos. “Es posible que haya inversores que abran su radar a compañías/productos de otros países o naturaleza en busca de rentabilidad y también, con el objetivo de diversificar geográficamente su riesgo. Otros optarán por alternativas en productos como los derivados de acciones españoles, que estarán ajenos a la tasa”, remacha el banco. Paradójicamente, es ahí donde hacen hincapié las asociaciones de consumidores, también críticas con la medida y, sin que sirva de precedente, alineadas con las entidades financieras.

En el juego de los disfraces, siempre es mejor simplificar el mensaje y vender justicia social cuando se trata de justificar un buen rejón fiscal. El recibo de la luz es otro buen ejemplo de demagogia

“A diferencia de como fue concebida por su inspirador (…) focaliza la presión fiscal en las compras de activos bursátiles, sin entrar en las inversiones de alto riesgo. No contribuirá de manera enérgica a luchar contra la especulación que fomentan productos como los derivados, los estructurados o los swap”, expone la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que recuerda que la tasa afectará también a los pequeños ahorradores que invierten su dinero en bolsa, a quienes los intermediarios repercutirán el sobrecoste. Claro que nunca hay que dejar que la realidad te estropee un buen tuit. Iglesias se apresuraba a celebrar la entrada en vigor de la disposición, enarbolando la bandera de aquellos antisistema que en su día promovían su puesta en marcha. “El Impuesto sobre Transacciones Financieras aumentará los ingresos y nos acercará a la justicia fiscal que nuestro país necesita. Con su aprobación se cumple una reivindicación histórica que protagonizó muchas luchas en la última década por la justicia fiscal global”, lanzaba el vicepresidente segundo. Aunque nunca la tasa Tobin se ideó con una finalidad redistributiva, admitía al menos el líder morado la verdad que se esconde tras la puesta en marcha del este y otros tributos. Y esa no es otra que el afán recaudatorio de un Gobierno que pronto empezará a ver la guadaña de Bruselas con una deuda pública camino del 120% y un PIB en retirada, como avanzó Nadia Calviño esta semana como quien no quiere la cosa.

En el juego de los disfraces, siempre es mejor simplificar el mensaje y vender justicia social cuando se trata de justificar un buen rejón fiscal. Para Montero, con su déficit público por encima del 10%, puede que los 850 millones que espera recaudar con la ‘tasa Tobin’ sean, sin más, una ayudita para no hacer más grande el agujero en las cuentas públicas. El ‘modus operandi’ con el recibo de la luz no es muy diferente. Si de justicia social solo se tratase, bajar el coste de la electricidad sería tan fácil como reducir el IVA que soporta la factura. Como bien explicaba el sábado en estas páginas Diego Crescente, la Comisión Europea no pondría problema alguno en tanto no existiera “un riesgo de distorsión de la competencia”. Luego del Gobierno depende. Eso sí, se entiende que Iglesias será quien le explique a la ministra del ramo que debe prescindir de 10.000 millones de euros de recaudación. Un empeño al que, por lo que hasta ahora ha manifestado, tampoco parece dispuesto, probablemente consciente de lo baldío del empeño. En esa tesitura, al menos hay que ganar la batalla del mensaje. Y para eso basta con salir en tromba culpando a las eléctricas de manipular precios, lanzar una investigación contra ellas -como en tantas ocasiones anteriores- y dejar que pase el mal tiempo para que, como decía Lampedusa, todo siga igual en una semanas, cuando las temperaturas sean más benignas.

“Lo que les importa a ellos sobre todo, creo yo, son los ingresos procedentes de los impuestos, con los que quieren financiar sus proyectos para mejorar el mundo. Pero para mí, recaudar dinero no es lo más importante. Yo quería frenar el tráfico de divisas”, explicaba Tobin al ser preguntado sobre los movimientos antiglobalización y la tasa que lleva su nombre en una entrevista con ‘Der Spiegel’. En la misma, de hecho, remarcaba que su planteamiento original pasaba porque los fondos obtenidos fueran puestos a disposición del Banco Mundial y cuestionaba, no sin fina ironía, que la finalidad del dinero fuera realmente la esgrimida sobre el papel por los más férreos defensores del gravamen. “Yo me alegraría de que esos ingresos les llegaran a los pobres del mundo. Pero sobre eso tendrían que decidir los gobiernos”, subrayaba. Con unos Presupuestos expansivos sobre la mesa -este año y el que viene- y lejos de plantearse con seriedad una política de racionalización del gasto, solo queda esperar mayor presión fiscal en los próximos meses. Se explicará como castigo al Ibex y a los ricos, pero golpeará a las clases medias que viven de una nómina. Si es que por entonces queda algo de ellas.