Libertad sin cargas

Día D para Teresa Ribera: un golpe de mano o rendirse ante las eléctricas

Teresa Ribera
Día D para Teresa Ribera: un golpe de mano o rendirse ante las eléctricas.
Agencia EFE

Dicen quienes la conocen bien que Teresa Ribera es la ministra de energía que mejor domina el sector en lustros. Y en verdad hace gala de ello. También exponen que cuenta con una ventaja respecto a otros políticos, de uno y otro partido, que pisaron la misma moqueta. Y es que la vicepresidenta no está pensando en una engalanada puerta giratoria y el consejo de una compañía eléctrica cuando acabe su mandato. La madrileña se ve más en la ONU o algún puesto institucional allende nuestras fronteras empujando el giro verde que abandera y del que ha hecho casi dogma. Sin embargo y pese a esos indudables atributos, Ribera -tal vez por falta de perspicacia- parece haber perdido el paso con las todopoderosas compañías eléctricas como en otro tiempo lo perdieron otros titulares de la cartera a priori menos avezados. Al menos puede decirse sin ambages que, a estas alturas del partido, se le ha escapado el control del relato sobre la imparable subida de la luz. De hecho, este martes, cuando el Gobierno presente su batería de medidas para abaratar la factura, habrá quien no solo se quede con los nuevos ‘parches’ para el recibo, sino quien busque entre líneas cómo pretende el atribulado Ministerio recuperar el liderazgo perdido.

La declaración de guerra se remonta al pasado mes de diciembre. Fue entonces cuando el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley por el que se creaba el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, un auténtico ‘casus belli’ para las compañías, al punto de provocar la ruptura de la patronal con la salida de Naturgy. Con el ‘fondo verde’ en cuestión el Ejecutivo pretendía -y pretende- sacar de la factura de la luz el coste de las primas a las energías renovables, trasladando la carga a los grupos energéticos. Esto es, rebaja del precio inmediata. ¿Problema? Que la tramitación ordinaria y no por Real-Decreto Ley -mecanismo que el Gobierno ha utilizado hasta la saciedad para temas de mucha menor enjundia- ha retrasado la medida hasta el punto de que la crisis de la luz le ha estallado al Ministerio con la disposición enfangada en el tramite parlamentario. Más allá de que los apoyos ni estaban ni están claros, lo cierto es que Ribera debería preguntarse si no se abrió la caja de los truenos con demasiada alegría sin la obtención de un beneficio inmediato.

Claro que el envite no quedó ahí. Con las gasistas y petroleras jurando en hebreo por el flamante fondo en ciernes, en junio el Gobierno añadía un rejón adicional de 1.000 millones a las eléctricas con el ‘hachazo’ a los llamados ‘windfall profits’, la sobrerretribución que percibirían las compañías por centrales nucleares e hidráulicas ya amortizadas. La crisis del precio de la luz se produce tras la adopción de estas dos medidas y, desde luego, bajo una premisa que no ha pasado por alto al Ministerio, que lo desliza ’sotto voce’ a la menor ocasión. Y es que es precisamente esa energía hidráulica, barata y amortizada, la que está fijando el precio del ‘pool’ en la mayoría de ocasiones. Es más, como se destacaba recientemente en un ilustrativo artículo en el portal especializado energias-renovables.com, nada menos que el precio de las diez horas más caras de la luz lo ha fijado la hidráulica. ¿Cómo es posible? Tienen claro en los entornos ministeriales que en un modelo de subasta marginalista, en el que la última tecnología fija el precio para todas, cuando las renovables no alcanzan para cubrir la demanda es la generación hidroeléctrica -que con agua embalsada puede ofertar energía cuando quiera- la que entra en liza ajustando su precio justo por debajo de los ciclos combinados, maximizando el beneficio. Y no es poco teniendo en cuenta que el coste del gas está disparado.

¿Por qué todos los ministros, incluidos los más listos de la clase, abandonan el cargo tras una grave crisis social por la factura eléctrica y sin haber tomado las medidas de fondo que necesita el sector?

Bajo este trasfondo debe entenderse la frustración de la ministra, expresada primero en el Congreso y después con una naturalidad casi desarmante en una entrevista publicada por ‘El País’. Por ejemplo, se quejó en sede parlamentaria Ribera de la falta de “empatía social” de las eléctricas en la gestión de los embalses. ¿Pero, en tanto no son prácticas ilegales, qué cabría esperar de unas empresas a las que el propio Gobierno se apresta a golpear en su línea de flotación -véase los balances-? Parece lógico que maximicen su ganancia dentro de la ley, amén de judicializar las disposiciones. Y a partir de ahí, en su conversación con el diario del Grupo Prisa, no quiso dejar lugar a ninguna duda sobre su percepción de los grupos energéticos. “Que ahora algunos compañeros insinúen que estás coaligado con no se sabe qué empresas del Ibex a las que estás poniendo en firme muy agradable no es”, subrayaba, dejando claro que los beneficios que obtienen las compañías son, en su opinión, excesivos. ¿Conclusión? La ministra sabe que está en medio de una guerra abierta, que el Gobierno -achicharrado por la subida de los precios- está lejos de empatarla y que no basta con tres parches fiscales para empoderarse frente a las empresas en lo que queda de legislatura. 

Por ejemplo, el Gobierno no ha esbozado hasta ahora ningún tipo de actuación sobre cuestiones capitales del sector, como la integración vertical de los negocios de los principales grupos, apenas separados jurídicamente. Por ejemplo, la Fundación Renovables subrayaba recientemente la necesidad de desvincular a las empresas que realizan actividades liberalizadas (generación y comercialización) de las redes de distribución, por cuya gestión son generosamente retribuidas. Un desembolso que, además, va a parar a las cinco compañías tradicionales, que concentran el 92% de los pagos pese a que existen 365 firmas reconocidas como distribuidoras. “Disponer de la propiedad de las infraestructuras de interconexión como llave de acceso a la demanda de electricidad es un valor real, tanto de presente como de futuras transacciones u oportunidades (…) El control de la propiedad de las redes de distribución es la llave para el desarrollo del modelo energético futuro”, subrayaba la entidad en un reciente informe titulado ‘Democratizar la energía como proyecto país’. No parece razonable que la ministra apele a los fondos activistas en el capital de las empresas para que hagan el trabajo sucio, cuando ella misma dispone del BOE y amplias herramientas. ¿El medio plazo para dulcificar el corto?

En suma, Gobierno y compañías acumulan razones suficientes para no hacerse más daño y, sobre todo, no seguir infligiéndoselo a los consumidores, quienes al final sufragan los órdagos ajenos además de las vicisitudes de los mercados. Dicho lo cual, el tono de la contienda ha dejado a la ministra demasiado tocada, al punto de asumir el aserto podemita de que crear una empresa pública para aglutinar las concesiones hidroeléctricas es “interesante”… y ver al propio presidente del Gobierno salir en tromba días después para contradecir el discurso. Tampoco es positivo que el regate corto y la refriega política aparten del debate taras de largo aliento que desde hace décadas comprometen el sector y que han sido ampliamente denunciadas y documentadas por las diferentes autoridades de competencia. La política de mensajes grandilocuentes, cómo no, siempre progresistas, que parece haber presidido la gestión del Ministerio desde su arranque ha opacado la falta de reformas estructurales, que desde luego van más allá de la subida del recibo de la luz. ¿Por qué todos los ministros, incluidos los más listos de la clase, abandonan el cargo con una crisis social por la factura eléctrica y sin haber tomado las medidas de fondo que necesita el sector? 

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