Dolor y gloria para Sánchez: de las miserias del Ibex al Goya del SMI

En la semana de los Premios Goya, la gloria para Sánchez vino de la mano de Yolanda Díaz, la flamante ministra de Trabajo. Salida de las entrañas del mejor sindicalismo gallego, la elegida por Podemos para cubrir su cuota dentro del Gobierno de coalición sacaba pecho tras cerrar un acuerdo con sindicatos y patronal para elevar de 900 a 950 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Este Ministerio va a hacer grande el diálogo social”, zanjaba. Hija de Suso Díaz, durante tantos años secretario ‘xeral’ de CCOO en Galicia, no le van a resultar ajenos los intríngulis de la negociación y el pacto a quien nació en una cooperativa obrera creada en las inmediaciones de Astano -como ella misma recordaba en una semblanza titulada ‘La niña del PCE' publicada por ‘El País’ hace una década- y a quien, por tanto, de tan primera mano conoce los puntos débiles de los propios -los mismos sindicatos- y los extraños -en este caso la patronal de Antonio Garamendi-. Eso sí, el primer asalto, culminado a todo correr, marca algunas de las posiciones a futuro.

Para empezar, y como relatan fuentes conocedoras de las conversaciones, fue paradójicamente la UGT de Pepe Alvárez la organización más reticente al ‘trágala’ que suponía no llegar a la cifra mágica de los 1.000 euros. “Ir poco a poco está bien, pero ¿y si la legislatura no pasa de los dos años? Pensaban que mejor subir la cuantía lo antes posible, por lo que pudiera pasar”, aseguran. Por otra parte, tampoco falta quien deja caer que el compromiso estaba prácticamente cerrado hace semanas, lo que explicaría la velocidad a la que se ha cerrado una vez formado el nuevo Gobierno. De hecho, como ya publicó Cristina Alonso en este periódico el 11 de diciembre, el SMI fue uno de los primeros encargos programáticos que recibieron Echenique y Montero a la hora de cerrar el acuerdo entre ambas formaciones… y ya entonces el guarismo ‘estrella’ de los 1.000 euros no fue una condición irrenunciable. “Quedará algo por debajo. No tiene por qué ser una cantidad redonda”, se publicó con acierto entonces. De hecho y visto con perspectiva, el Ejecutivo no se ha movido un ápice del planteamiento que tenía antes de la investidura y, además, ha logrado sumar adhesiones. Tanto a su favor.

En este punto, merece una reflexión atenta la posición empresarial. No en vano, Garamendi se la ha jugado al dar cobertura a un planteamiento que los suyos critican sin ambages, arriesgándose a reforzar las críticas que ya recibe dentro de la organización por su exceso de ‘amabilidad’ con el nuevo Ejecutivo. Con el comunicado de recepción al tándem Iglesias-Sánchez, en el que la patronal mostraba su “total colaboración” al nuevo Ejecutivo, y la llamada al presidente del Gobierno para “tenderle la mano”, el dirigente vasco no se convirtió precisamente en el miembro más popular de la organización. Sin embargo, el movimiento respecto al SMI puede ser estratégicamente brillante a medio plazo. En primer lugar, porque poco podía hacer para frenar una medida que el nuevo gabinete quería convertir en su primer reclamo mediático, dentro de la fábrica de marketing en que se ha convertido el ala oeste de La Moncloa. Y en segundo, porque mejora su posición de cara a la verdadera negociación a cara de perro que se avecina y que lleva por nombre 'reforma laboral'.

“Es ahí donde está la batalla -explican las citadas fuentes-. Una derogación total de la norma hace mucho daño a los empresarios, que saben que para el Ejecutivo no es fácil desmontar un entramado legal que ya ha tenido múltiples desarrollos. Por si fuera poco, también guardan ases en la manga para ceder… y hasta sacar partido a una modificación”. Y es que, en efecto, hay honda inquietud entre los empresarios asociados a CEOE por algunos aspectos de la reforma laboral que, con los años, han terminado volviéndose en su contra. Desde la propia cúpula de la casa se reconoce, por ejemplo, que el descuelgue de los convenios colectivos ha sido utilizado torticeramente por algunas empresas -no precisamente españolas- para hacer competencia desleal a sus miembros. Vería con muy buenos ojos la patronal retroceder o perfilar mejor esos aspectos -también denunciados por los sindicatos-, pero mejor aún venderlos como concesión para mantener otros de más enjundia.

Del mismo modo, las cifras avalarían la decisión de no enfangarse en el debate sobre el SMI. Como bien ha argumentado en numerosas ocasiones Juan Ramón Rallo, su impacto es limitado o, al menos, no es tan elevado como podría parecer si la cuestión se estudia a la luz de las cifras de la Agencia Tributaria o la propia Encuesta de Población Activa (EPA). Por el contrario, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), la última correspondiente al año 2017, apenas un 13,06% de los trabajadores asalariados estaría por debajo del umbral que marca el Salario Mínimo. Más llamativo es que, de ese porcentaje, solo el 1,27% desempeña un trabajo a jornada completa. Si tenemos en cuenta que el número de empleados en 2018 se situaba en 16,2 millones, no es difícil calcular que de los más de dos millones de trabajadores que perciben remuneraciones por debajo del SMI, la gran mayoría lo hace con jornadas a tiempo parcial. Una reflexión que, como advierte el economista, no debe servir para ignorar los problemas de precariedad y temporalidad que golpean al mercado laboral pero que, al menos, ayuda a dimensionar un debate que marcará toda la legislatura.

Dicho lo cual y alcanzada la gloria del pacto, el dolor viene por el lado del Ibex. Y es que entre quienes definirán los designios económicos del nuevo Gobierno -y desde luego no están en la oficina de Moncloa- empieza a haber preocupación por las cotizaciones en las que se mueven algunas de las principales corporaciones del país, a la sazón estratégicas. A tiro de una indeseada opa en la era del dinero barato, no parece una mala idea ir trabajando en planes B, a sabiendas de que toda operación corporativa debe pasar por el plácet de Sánchez. A la espera de que esos riesgos se materialicen, el Ejecutivo -que sabe que la economía aguantará con crecimientos de entre el 1% y el 1,5% salvo factores exógenos- busca conseguir más margen de gasto por parte de la UE. Como el director bloqueado de la película de Almodóvar, Sánchez necesitará buscar en lo más profundo de sí para dar con los argumentos que convenzan a los burócratas de Bruselas. En este caso, sería una pena que ganara el Goya.